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Los argumentos de Graciela Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray
09/06/2019 | 04:00 AM

Se lee e irrita de inmediato, al unísono sin distingo social o político porque pega a los bolsillo del contribuyente.

La declaración de Graciela Domínguez, líder de la JUCOPO y de la fracción morenista en el Congreso del Estado, que la compromete a realizar una contrarreforma en materia electoral sobre la reducción del número de diputados y regidores peca de insustancialidad y se excede en el cálculo político.
Sus argumentos son de una pobreza teórica sin precedente, y una enorme falta de sensibilidad, cuando pone el énfasis en lo cuantitativo sobre la cualitativo. Y eso viniendo en clave de “cambio de régimen” no se le ve por dónde estemos mejor con 40 que con 30 diputados y los cabildos peor o mejor con el 25% menos de regidores en cada uno de los 18 municipios.
La representación política si bien está pensada en clave de número de representados no es el único elemento para determinar de qué tamaño debe ser la Cámara. Esta en esa lógica debería justificarse en clave de calidad democrática y no sólo por los arreglos cupulares que ha sido la costumbre en nuestras rutinas parlamentarias.
Vea si no: en 1963 se crearon los llamados diputados de partido que dieron lugar a un juego mediocre en el sistema de representación, igual cuándo se redujo la edad para acceder a un cargo de representación política o cuándo se discutió y aprobaron los diputados de representación proporcional o dentro de esta discusión el incremento de 100 a 200 diputados, y  este tuvo el efecto proporcional en los estados, si bien había aspectos sustantivos que se tomaron en cuenta como es la ampliación de los espacios para la oposición y avanzar en la pluralidad política para acceder a la representación democrática o al libre juego de las fuerzas programáticas.
Ciertamente el que hace la ley, hace la trampa, en aquellos años del sistema de partido hegemónico o cuasi hegemónico, se buscaba legitimar la representación sin desprenderse del poder burocrático. Se trataba nuevamente de aprender de Lampedusa a “cambiar para seguir igual” afortunadamente ese intento conservador elevó la competitividad y se tradujo en reformas que democratizaron el sistema de representación especialmente en los estados donde el atraso democrático era más acusado por el dominio de los poderes legítimos y fácticos.
Sin embargo, los tiempos han cambiado, pero el sentido sustantivo de las reformas debiera permanecer, incluir para ampliar las libertades y no para que haya más espacios que repartir entre los jugadores, como parece que está detrás de esta pretendida contrarreforma electoral que está pensada en clave al servicio al poder o mejor del grupo en el poder.
Es decir, en el planteamiento de Graciela Domínguez no es alta la perspectiva, más bien chaparrita, revolvente, se trata simple y llanamente de reproducir un sistema con un alto sentido partidocrático, tener para poder distribuir entre una elite que ha accedido al poder y busca con todo y dientes conservarlo. 
Cuando Quirino Ordaz Coppel planteó la iniciativa de reforma estaba un hueco financiero que había dejado la administración malovista y el Gobernador buscaba en el mediano plazo hacer ahorros para sufragar el gasto público, aunque, claro, esto no significaba que le fuera a tocar pues está tendría vigencia a partir de 2021 cuando estaría despidiéndose de su gobierno. O sea, en aquel año, se vivía una situación similar a la que hoy enfrenta el Gobierno Federal por los daños que ocasionó la “corrupción de los gobiernos del PRIAN”.
Luego, entonces, se explican los recortes y reasignaciones presupuestales sin embargo es cuando los argumentos que hoy se esgrimen para sustentar la “contrarreforma” electoral pecan de perspectiva y lo que hay es mero cálculo político.
Muchos de los diputados en funciones legalmente -aunque habrá que ver su desempeño legislativo que le daría una legitimidad real no burocrática- aspiran a otro cargo de representación política o reelegirse en el Congreso del Estado.
Y teniendo sólo seis diputados de RP que es prácticamente nada considerando que este número se reparte por los criterios del umbral electoral -por eso el PAS busca elevarlo al 5%- y la distribución mediante el ajuste de resto mayor entre los partidos que sobrevivan en la justa electoral.
O sea, en este sistema cuasi mayoritario, las posibilidades de la reelección se reducen significativamente. Y, entonces, se buscaría asegurar por la vía de reestablecer en la ley los 40 diputados y la parte proporcional en los cabildos municipales.
Graciela Domínguez afirma sin más que su propia voz que la representación de Sinaloa “es compatible con la existencia de 40 diputados” y hasta habla de una “representación ideal”, compatible ¿en función de qué? ¿Acaso lo explica sólo la variable población que ha provocado que los principales centros urbanos tengan la mayor parte de los diputados de mayoría? ¿la gestión que prácticamente no se ve? En fin, ¿O no será por la presión que ejercen quienes buscan mantenerse viviendo del erario?
Pero, Graciela va más allá en su justificación, al señalar que las medidas de austeridad “no puede llevar a negar la representación más amplia en democracia”, o sea en su lógica la democracia se mide por el número de diputados y no por su calidad cómo bien lo señala Leonardo Morlino, y bien lo conoce su jefe de asesores  a través de la consolidación del Estado de Derecho, la Transparencia y la Rendición de Cuentas o la  Reciprocidad entre lo ofertado en la lucha electoral y lo hecho en el ejercicio de gobierno.
En definitiva, la iniciativa de contrarreforma que lidera Graciela Domínguez nada tiene que ver con una acción sólida del cambio de régimen es en el mejor de los casos una concesión a quienes ya les tomaron gustillo a los 107 mil pesos mensuales y que desean seguir consumiendo de la llave del erario.
Sinaloa necesita avanzar en materia de representación y eso antes que una rediscusión sobre el “número ideal”, el tamaño del Congreso del Estado, deben dirigir los tiros hacia donde reformar para que haya una mejor postulación de candidatos y avancemos hacia la profesionalización de la labor legislativa ahora posible con el sistema de reelección.
Entonces, si estuviésemos hablando de un verdadero “cambio de régimen” no de ocurrencias para reciclar a los mismos perfiles lo que rápidamente provocó, con justificada razón, molestia en la audiencia incluida la propia.

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