"Los datos del delito, ¿para qué nos sirven a los ciudadanos?"

En el 2017, Sinaloa fue el segundo estado con mayor número de robo de vehículos con uso de violencia, y en lo que va de este 2018, Culiacán se perfila como el séptimo municipio en el país con los mayores valores en los indicadores en este delito (datos analizados por Carlos Vilalta con información de la Oficina de Riesgos Asegurados 2018). 

 

Esta semana, el periódico Noroeste publicó un análisis de datos en los cuales se muestra la clara concentración de los robos de vehículos en la capital sinaloense, especialmente los que ocurren con violencia. Mientras que, en Culiacán, entre enero y junio del 2018 se presentaron 1,090 robos con violencia de vehículos; en Mazatlán ocurrieron 100 y en Ahome. Aunque los datos se presentan en números absolutos, la elevada diferencia es irrebatible; el 70 por ciento de los incidentes en el estado se cometieron ahí.

 

En el reporte se mostraron, además, las principales colonias donde se presentaron los delitos. Al exponer también el análisis en números absolutos, destacaron colonias muy grandes, lo que implica una mayor probabilidad; algunas de estas, incluso, son sectores integrados por varias colonias (como Barrancos, que requiere un diagnóstico particular, desde mi punto de vista). 

 

No obstante, aparecen encabezando la lista lugares que han sido identificados, en otros estudios, como los sitios más victimizados en la ciudad también por otros delitos como asaltos, robo a comercio y a casa habitación. Estas colonias se ubican en zonas centrales que tienen ciertas características: son los principales sectores comerciales, donde además se presentan usos habitacionales de estratos medio altos y altos que no están en desarrollos cerrados; estoy hablando de colonias como Tres Ríos, Las Quintas y Guadalupe.

 

En Culiacán, y en otros municipios del país, desde hace algunos años se generan análisis de georreferenciación para la identificación de sitios que son victimizados de manera recurrente (los lugares donde se presentan en mayor medida los delitos). Esta es una estrategia utilizada desde el Siglo 19 en el diseño de medidas de seguridad urbana, pero que tomó auge en los 80’s del siglo pasado en algunas ciudades en los Estados Unidos y se incorporaron nuevas tecnologías de la información. La medida parte de la premisa de que el delito se concentra en puntos específicos de las ciudades, y tiene como objetivo identificar la distribución espacio - temporal del crimen e implementar en esos sitios tácticas para la disuasión del delito, como la constante vigilancia.

 

Ni los resultados de los análisis, ni los datos que se generan en Sinaloa, son presentados al público. En diversas ocasiones solicité información a la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, en sus diferentes administraciones, y siempre me fue negada. Recientemente, el Semáforo Delictivo y otras organizaciones han tenido acceso a esta información que debe ser pública, sin traspasar los límites de reserva de información privada. 

 

Las estrategias de identificación y concentración de la vigilancia de los “hotspots” del crimen, o lugares que constantemente son victimizados, no ha tenido los resultados esperados en los sitios donde se ha implementado porque solo propicia que las bandas delictivas se desplacen hacia otros sectores a delinquir. Además, en ciudades como Culiacán, que sufre un importante déficit de elementos de seguridad, además de redes de corrupción que impiden la efectiva actuación, estas herramientas para identificar los patrones del delito han sido meramente ilustrativas.

 

La información podría ser útil, como advierte Noroeste, al menos para que la población que es susceptible a ser víctima pueda tomar medidas privadas o colectivas de prevención. No obstante, los habitantes de estos sitios conocen bien la situación aún sin tener los datos, porque la sufren. En colonias como la Guadalupe se han estado organizando para detener la creciente violencia.

 

Necesitamos datos confiables para tomar decisiones privadas, pero también para analizar y comprender la situación de violencia y plantear nuevas estrategias públicas. Requerimos, por ejemplo, identificar esos sitios donde se han estado generando conductas de riesgo entre los jóvenes para que sociedad civil y autoridades podamos trabajar en conjunto en la prevención del delito desde la contención. 

 

Hay mucho por hacer. 

 

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