Roberto Blancarte
“Explicación no pedida, acusación manifiesta”, sostiene el dicho popular. El pasado 21 de febrero, el Presidente de la República twiteó: “Recibí a pastores de la comunidad evangélica al igual que lo hago con católicos, judíos, personas de otras religiones, ateos, no creyentes y librepensadores. En un país plural, la mayoría coincidimos en que se necesita buscar el bienestar material y del alma”.
Si su reunión no esconde nada malo, no veo porque López Obrador tiene que justificarse. Sin embargo, el Presidente de todos los mexicanos sabe que dicha reunión, aunque no tiene en sí nada de malo, es percibida con desconfianza y suspicacia por un buen número de mexicanos.
Y no sólo entre los católicos, los agnósticos y los miembros de otras agrupaciones religiosas, sino entre protestantes y evangélicos, quienes ven de manera negativa que el Presidente reciba a un grupo de líderes evangélicos que no es necesariamente representativo del conjunto de Iglesias cristianas y por lo tanto tampoco debe asumirse como el único interlocutor válido de una enorme pluralidad de posiciones que se traduce en más de 4 mil asociaciones religiosas de ese signo registradas ante la Secretaría de Gobernación.
La Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas es una organización importante que agrupa a unas cuantas decenas de Iglesias evangélicas y su dirigente, Arturo Farela, ha sabido navegar entre el priísmo y el morenismo, pero ciertamente no representa a muchas otras y más numerosas Iglesias evangélicas, que no lo consideran confiable.
El peligro principal es entonces que se establezca un trato desigual, el cual termine por privilegiar las opiniones y posiciones de unos cuantos en detrimento de la equidad que el Estado laico debe garantizar.
Lo que pide Confraternice no es necesariamente lo que quieren las otras agrupaciones e Iglesias evangélicas. Muchas otras defienden la necesidad de reforzar el Estado laico como garantía de un trato equitativo para todas las confesiones religiosas. Buscan, por lo mismo, no la obtención de los mismos privilegios que históricamente el Estado mexicano le ha dado a la Iglesia católica, sino la eliminación de los mismos, para realmente alcanzar una equidad. Desconfían de aquellos que se acercan al poder político pues saben que, en nuestro contexto, ello nunca ha sido bueno para las libertades religiosas y civiles.
Pero López Obrador ignora todo esto. Él cree que hay que es su deber moralizar a la población y hablar del alma y del diablo, como si todos los ciudadanos compartieran sus creencias personales. Y quiere abrir la caja de Pandora. Confraternice ya pidió modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las asociaciones religiosas puedan poseer o administrar medios de comunicación electrónicos. Y deslizan la posibilidad que el gobierno les otorgue espacios para la difusión de la Biblia.
El Presidente parece estar de acuerdo, pero, si fuera el caso, por equidad, también se tendría que aceptar la difusión del Corán, de las enseñanzas de los Testigos de Jehová y las de Scientology.
¿Tendrá claro el Presidente en lo que estaría metiendo al País?
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