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Los políticos y los júniors Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray
20/10/2019 | 03:00 AM

En la política mexicana ha sido una práctica corriente -sí, corriente, en su doble sentido, como sustantivo y superlativo- que los encumbrados utilicen los cargos públicos y sus relaciones para favorecer sus negocios y los de sus familiares.

El origen de esta práctica patrimonialista, sin ser exclusivamente mexicana es muy propia de sociedades tercermundistas, con políticos abusivos, que aprovechan mecanismos laxos en el manejo del dinero público.

“Yo te ayudo aquí, para que tú me ayudes allá”, es el mecanismo más usual y es la forma más normal para obtener contratos y ganar licitaciones a modo y esto, como hemos visto, no sabe de colores y anagramas partidarios.

Así lo demuestra la reciente investigación que realizaron las organizaciones no gubernamentales Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción, que encontraron que vía el mecanismo de creación de empresas familiares, más 800 millones de pesos fueron a dar a manos de políticos y sus familias, dejando en el camino a quienes concursan de buena fe, pero no tienen padrinos en las altas esferas de la acción gubernamental.

Más específicamente, a algunos de sus hijos, a sus queridos cachorros, que ahora podrían tener una vida resuelta a costa de los contribuyentes sinaloenses.

Ahí están, en la investigación titulada Negocios al Amparo del Poder, conflicto de interés un negocio jugoso, los exgobernadores priistas Francisco Labastida Ochoa con su hijo Francisco; Jesús Aguilar Padilla con su vástago Jesús Alberto; y el exasesor de gobernadores Rubén Rocha Moya, con su hijo Rubén, quien aspira ser en 2021 el candidato de Morena al gobierno del estado, también Malova pero este le compraba a sus ferreteras.

No vamos a repetir lo que está en la investigación o en la publicación del diario Noroeste en todo caso invitamos para que lean y conozcan con mayor detalle los resultados que presentaron Marlene León, Zoraida Gallegos y Silber Meza.

Lo que sí conviene explorar son los posibles efectos que podría tener esta información sobre corrupción política.

La semana pasada se publicó en la prensa nacional y regional que políticos y empresarios sinaloenses, encabezados por el Gobernador, habían recibido condonaciones multimillonarias por parte del SAT, ahora habría que ver qué sucede con estos personajes en el pago de los impuestos estatales y municipales, y no sería raro que sucediera lo mismo especialmente con las empresas que absorben las licitaciones.

Y eso crea malestar, enojo, y la certeza de que políticos y empresarios, siempre buscan ahorros al hacer sus contribuciones al fisco. Esto dio la pauta para que el Ejecutivo federal enviara una iniciativa de reforma destinadas a evitar estas condonaciones.

Ahora, esta semana, vemos la cola de la corrupción a través del tráfico de influencias que provoca azoro entre los contribuyentes que ven seguramente una suerte de globo que se le sale el aire por todos lados y eso significa, menos servicios públicos, mientras para otros son propiedades, ahorros, inversiones, viajes, placeres.

¿Qué van a hacer las instituciones de Sinaloa para evitar que siga sucediendo el tráfico de influencias en la asignación de contratos de obras públicas?

Se dirá, seguramente, con cierta contundencia mediática, aplicar la ley.

Bueno, entonces, esperemos que como hay una violación a la ley vaya contra quienes se beneficiaron.

¿Será capaz la Fiscalía General del Estado de tomar el toro por los cuernos revisando la información de las organizaciones gubernamentales e iniciando procedimientos?

¿Apretará las tuercas el Congreso del Estado con adiciones a la ley vigente?

Sospecho que no.

Una, no porque son peces gordos y en Sinaloa nunca se han tocado, y dos, no lo hará porque estaría en juego la apuesta del grupo parlamentario mayoritario claramente alineado en la precandidatura de Rubén Rocha Moya.

Y es que les obligaría entrar al fondo en el tema de tráfico de influencias, sobre todo cuando la mayor cantidad habría beneficiado con más 64 millones a Rubén Rocha hijo, quien se detenta como director de la empresa constructora Chocosa.

Recuerdo que un adelanto de esta información apareció en el debate político por la senaduría. Manuel Clouthier, entonces candidato independiente, señaló que el hijo de Rubén Rocha había recibido contratos millonarios mientras el entonces candidato se desempeñaba como Jefe de Asesores del gobernador Jesús Aguilar o Quirino Ordaz, pero era una cantidad mucho menor y el hoy senador respondió que nada había tenido que ver con los contratos que había recibido su hijo, que se cocía aparte.

Ahí quedó por el momento.

Hoy reaparece el tema incrementado al menos diez veces y al ver la cantidad millonaria, no pude dejar de preguntar a Silber Meza si había un error en este caso y su respuesta fue clara y contundente: Todo está sustentado.

Entonces, si es así, Rubén Rocha tiene un problema que resolver si quiere ser un aspirante creíble, tanto porque si no hacen nada las instancias competentes, como si hacen algo para mandar señales de que la lucha contra la corrupción no admite exclusiones.

Tiene que hablar e ir más allá de lo expresado en el debate del año pasado, no puede ir con esa sombra y esgrimir la bandera anticorrupción obradorista.

En fin, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene una gran oportunidad de tener visibilidad analizando los resultados de esta investigación y al menos dar una opinión sobre todos los casos que han quedado exhibidos o mejor exigir que se abra una investigación en la Fiscalía General del Estado.

Los medios de comunicación y los ciudadanos, incluso los adversarios políticos, estarán observando el desenlace de esta investigación que puede ser la piedra de toque en los comicios de 2021.

AMLO, lo dice una y otra vez, incluso lo acaba de volver a decir en Sinaloa, que la lucha contra la corrupción va en serio y vaya lo dijo delante y fuerte de figuras de la política sinaloense.
Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción, han hecho un trabajo complejo, largo y riesgoso, que debieron haber realizado las instancias de gobierno pero dista de suceder por las limitaciones de ley, los enroques del poder o simplemente que no está en el ánimo de los funcionarios, entonces, la sociedad debe empujar para que se aclare lo que se tenga que aclarar y esta práctica mañosa de dar contratos a empresas familiares, a los júniors, se destierre de la vida pública.

Y, cierto, los de la lista, no son los únicos.

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