"México-Guatemala: El narcocandidato presidencial"

En Guatemala todo estaba muy bien planeado entre Mario Amilcar Estrada Orellana, el candidato presidencial por el partido Unión del Cambio Nacional, y operadores del cártel de Sinaloa. La conexión con México iba a cristalizar uno de los proyectos políticos y criminales más ambiciosos: contar con un narcopresidente dispuesto a todo para alcanzar el poder en ese país. Pero una investigación de la Drug Enforcement Administration (DEA) lo frustró todo.

La organización que encabeza Ismael Zambada García, “El Mayo”, había acordado con Estrada Orellana el financiamiento de la campaña presidencial y a cambio el cártel más poderoso del planeta podría utilizar las instalaciones estratégicas –puestos, aeropuertos y aduanas –para exportar cocaína a Estados Unidos.

La DEA comenzó sus investigaciones en Guatemala –una de las bodegas del narcotráfico más importantes de Centroamérica –y pudo saber que el candidato presidencial y su cómplice, Juan Pablo González Mayorga, estaban implicados en el plan criminal y político muy ambicioso. Por ello, ambos fueron arrestados en Miami, Florida, y ahora enfrentarán a la justicia estadunidense por sus vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el Fiscal del caso, Geoffrey S Berman, Estrada y González se confabularon para solicitar dinero al cártel de Sinaloa y así financiar un plan que resultara en la elección de Estrada a la presidencia de Guatemala. A cambio, el candidato presidencial y su socio prometieron al cártel que le permitirían utilizar puertos y aeropuertos para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. Eso no es todo: las investigaciones también expusieron que Estrada y González habían urdido otro plan criminal: asesinar a sus rivales políticos.

Guatemala es una de las plazas más boyantes del narcotráfico. Es, además, una ruta clave que explotan varios cárteles, aunque el grupo criminal que por varias décadas ha operado en ese país es Sinaloa. En 1993, por ejemplo, en ese país centroamericano fue capturado por primera vez Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. El Gobierno de entonces lo repatrió a México y así las autoridades nacionales pusieron fin, por algunos años, a la carrera delictiva de quien fue uno de los capos más poderosos del mundo.

Durante ocho años estuvo preso Guzmán Loera en el penal del Altiplano hasta que, en 2001, fue cambiado de prisión. Lo resguardaron en el penal de Puente Grande, en Guadalajara, de donde se fugó en el año 2000, apenas un mes después de que Vicente Fox había asumido la presidencia de la República.

De 1997 a la fecha, el cártel del Golfo también explotó a Guatemala como plaza del crimen organizado. Fue Osiel Cárdenas, poderoso jefe de ese grupo criminal, quien creó al grupo de exterminio “Los Zetas” –el brazo armado más temible de entonces, creado con ex militares desertores del Ejército Mexicano –y en Guatemala comenzaron a reclutar a los llamados “kaibiles”, miembros del ejército de ese país que se pasaron a las filas del crimen organizado.

Cuando llegaron los kaibiles a México se puso de moda la decapitación como práctica de muerte. Desde Guatemala Cárdenas Guillén también realizaba operaciones de narcotráfico, vía aérea y terrestre, asociado con Alberto Quintero Meraz, entonces operador del cártel de Juárez en el puerto de Veracruz.

Tanto “Los Zetas” como el cártel del Golfo –ahora están separados –trafican la droga desde Guatemala y cruzan por el estado de Chiapas, un estado estratégico que, curiosamente, no enfrenta violencia de alto impacto, tal pareciera que ahí opera un verdadero pacto entre mafiosos y políticos.

Posteriormente, los cargamentos de droga atraviesan el estado de Tabasco y Veracruz para después subir hacia Tamaulipas y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Con base en informes de la DEA y también de las autoridades de Colombia, Guatemala es la tercera bodega más importante para el crimen organizado. La primera, dicen, es Panamá, también considerado un paraíso fiscal donde tanto políticos, empresarios y mafiosos lavan el dinero sucio. La segunda bodega es Costa Rica, la Suiza de América Latina, y la tercera es Guatemala.

Según expedientes consultados, mucha droga proveniente de Colombia y Venezuela llega a Guatemala. Es común ver como algunos barcos cargueros abastecen de combustible a decenas de lanchas rápidas en altamar y después esas mismas lanchas –verdaderas máquinas voladoras –arriban a Guatemala. Otros datos revelan que en muchos casos esas mismas lanchas llegan hasta Michoacán a dejar sus mercancías ilegales.

De ahí lo relevante que descubrió la DEA con el candidato presidencial guatemalteco detenido en Miami. Y es que Juan Pablo González Mayorga ya tenía todo un plan: en plena campaña política había propuesto desmantelar la estructura legal de su país al proponer no continuar con la Comisión Internacional contra la impunidad, un órgano de Naciones Unidas que coadyuva en la investigación de aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, así como en casos de corrupción y crimen organizado.

Los antecedentes de González Mayorga dan cuenta de que es un abogado y empresario que cobró fama en Guatemala porque desde hace varios años ha financiado a partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular.

Ahora que ya era candidato presidencial, Mario Amilcar Estrada Orellana, de acuerdo con las pesquisas de la DEA, había planeado el asesinato de sus rivales políticos. Para llevar a cabo su plan, el cártel de Sinaloa había proveído armas –rifles de alto poder como AK-47 –. Se trataba de un personaje que se iba a entronizar en el poder para convertir a Guatemala en un verdadero narcoestado.

En México no es nada nuevo el financiamiento del narco en las campañas políticas. El único político de altos vuelos encarcelado por ese delito es Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien fue acusado de lavado de dinero y de estar relacionado con el cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los cielos. Otros políticos también han sido acusados de recibir dinero del crimen para sus proyectos políticos, pero no en todos los casos la justicia ha podido probar tales vínculos.

En el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, fueron encarcelados varios alcaldes del estado de Michoacán, acusados de estar relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, en poco tiempo tuvieron que ser liberados por falta de pruebas.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se desataron varios escándalos por el financiamiento de su campaña presidencial, supuestamente pagada por el cártel de Sinaloa. En el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en Nueva York salieron a relucir datos y evidencias sobre los personajes que habrían recibido dinero del narcotráfico tanto para financiar campañas políticas como para comprar protección.

Se dijo que el cártel de Sinaloa le pagó la campaña a Peña Nieto; también fue acusado Genaro García Luna de haber recibido dinero del narco, entre otros casos, pero hasta ahora ninguna autoridad estadunidense ni mexicana ha integrado las carpetas de investigación por esos casos. Nadie ha sido molestado para comparecer a declarar ante la Fiscalía General de la República.

De ser integrados esos expedientes en México, seguramente buena parte de la clase política mexicana tendría que ir a la cárcel porque todos los partidos políticos –y los candidatos –han recibido dinero del crimen para sus proyectos políticos. Eso lo saben las autoridades, pero por desgracia en este país siempre han existido los llamados pactos de impunidad. La mafia es protegida desde el poder.