"Obra pública transparente, ¿qué tanto? Concretar la promesa de Quirino Ordaz"

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Una vez que el Gobernador ofreció transparentar la obra pública en Sinaloa se desatan dos preguntas que penden en vilo de la suspicacia ciudadana, que acostumbra a dar la confianza con cuentagotas. ¿Lo hará con el actual Secretario del ramo, Osbaldo López Angulo, que reincide en la opacidad? ¿Procederá el Congreso del Estado en el mismo sentido que Quirino Ordaz Coppel, realizando las modificaciones en la ley respectiva presentadas por organizaciones de la sociedad civil desde hace cinco meses?

Las interrogaciones son válidas porque la declaración de intención del Gobernador tiene que apuntalarse desde dentro del mismo Poder Ejecutivo, mientras el Legislativo acelera la normatividad que inhiba la corrupción que en décadas ha ido implícita en la obra pública con los famosos “moches”, el “ten percent”, las cuotas para los cuates y los costos inflados con calidad encogida.

Cuando nadie lo esperaba, hace una semana Quirino Ordaz dijo en Mazatlán que iniciaría un proceso de apertura en el cual publicaría los pormenores de todos los contratos de la obra pública, desde la licitación hasta el estado de avance, “porque la gente tiene que saberlo todo y nosotros no tenemos nada que ocultar”. Ello causó buena impresión y también la exigencia de que la promesa no naufrague en ser solo un buen propósito, como ocurrió en sexenios anteriores.

Hasta qué punto será transparentada esa parte del gobierno es una definición que corresponde al Gobernador y al Congreso. Hay quienes opinan que para llevar a buen término el planteamiento primero tendría que limpiarse la plataforma de lanzamiento, con un nuevo Secretario de Obras Públicas; otros consideran que el Gobernador debe elevar a categoría de ley la voluntad que manifiesta en este tema.

La verdad es que siguen ocurriendo las malas prácticas que desde diferentes trincheras ciudadanas se han denunciado al menos desde el periodo en el que Juan Millán gobernó en Sinaloa. Desde la turbia Comisión Constructora de Sinaloa (Cocosin) a la paraestatal Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin), también oscura, la obra pública ha estado impregnada con tufos de podredumbre.

Esa es la razón por la cual se le tomó la palabra al Gobernador. Precedida por la lucha cívica que lleva terreno andado en la lucha contra la corrupción en la obra pública, la transparentación de esta área del gobierno es impostergable. Sin ir tan lejos, a finales de marzo de 2019 un grupo de OSC’s le entregó al Congreso un documento consensuado de modificaciones a la ley correspondiente, el cual define los puntos a atender en la ruta que hoy retoma Quirino Ordaz para la rendición de cuentas.

Entre los planteamientos fundamentales está el incremento del número de elementos a transparentarse vía Compra- net Sinaloa, tales como obras en proceso, las inconclusas y las complementarias; proyectos ejecutivos, incluyendo proyecto arquitectónico y proyecto de ingeniería. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental; las propuestas técnicas y económicas, las estimaciones; bitácora de la obra, catálogo de conceptos, acta de entrega-recepción, acta de exención de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos.

Se integra a la Ley de Responsabilidades Administrativas como norma supletoria de la Ley de Obras Públicas y se aumenta a tres el número de ciudadanos que formarán parte de los Comités de Obra del Ejecutivo, municipios, y los organismos paraestatales y paramunicipales, que serán electos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Se suprimen la contratación por administración directa y el procedimiento de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas.

En cuanto a la figura del testigo social se le otorga mayor relevancia desde la etapa de programación, presupuestación, hasta la terminación de la obra y los testimonios emitidos por estos contarán con validez vinculatoria. Además, disminuyen los requisitos para ser testigo social, aumenta la vigencia de su registro a dos años, sus participaciones se darán de manera escalonada y no se podrá exceptuar su participación de ningún tipo de licitación pública, así sea considerada clasificada como reservada, confidencial o de seguridad pública.
En síntesis, la propuesta de transparentación de la obra pública que hace Quirino Ordaz debe cerrar la pinza al vincularse totalmente al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, a las iniciativas de organismos ciudadanos, así como a los modelos de avanzada en acceso a la información gubernamental. Mas allá de preguntar qué tanta transparencia aguanta Sinaloa esta debe de darse lo más posible, con los funcionarios de más vocación en la materia y con un Gobernador que, así como lo dice, nada deba ocultar.

Reverso
Gobernador, apunte la luz,
Hacia las cloacas sombrías,
Donde esconde el avestruz,
la cabeza todos los días.

Las pacas en Palacio
Cuenta la leyenda que al despacho de Juan Millán llegaban los constructores con maletas repletas de billetes de 500 pesos que ponían sobre el escritorio al entonces Gobernador como retorno del 10 por ciento del valor total de las obras que les asignaban. El diezmo servía a la vez para cooptar a los enemigos y críticos del millanismo que, según decía JSM, no aguantaban un cañonazo de 100 mil pesos. ¿Se acabaron esos tiempos? Tal vez el 10 por ciento pasó a una comisión mayor, las maletas fueron sustituidas por transferencias bancarias y la transparencia perdió todas las batallas contra la opacidad, sin embargo, es igual la reclamación social para que sean castigados los desfalcadores.