Roberto Blancarte
La ambigüedad es cercana a la falta de claridad y a la indecisión. Eso fue la marca de este sexenio en materia de laicidad y religiones.
Aunque ya casi nadie se acuerde que existe, o que sigue siendo por unas semanas el Presidente de la República, vale la pena hacer un balance de lo que fue la política (o la ausencia de la misma) de Enrique Peña Nieto.
Católico declarado, el todavía Presidente mostró una enorme ambigüedad frente al tema religioso y más bien nunca definió una política clara al respecto. No fue el primero ni el único en tener esta actitud, pero ante los nuevos tiempos que mostraron un cierto “regreso” de la religión a la esfera pública, el comportamiento fue más notorio.
Lo que hizo Peña Nieto fue seguir la misma política que llevó a cabo siendo Gobernador del Estado de México. Esta consistió en un acercamiento personal con la cúpula católica, sin preocuparse mucho por el resto de las dirigencias religiosas.
Las atenciones especiales recibidas en el oscuro caso de la nulidad del matrimonio anterior de su esposa, que le permitieron casarse con ella en la Iglesia, no contribuyeron a ofrecer una imagen de soberanía política.
En la Presidencia instaló unas oficinas de atención personalizada a los obispos, dejando las instancias formales de la Secretaría de Gobernación para cuestiones meramente administrativas. Estas se preocuparon muy poco de las violaciones a la ley, sobre todo de aquellas provenientes de los propios funcionarios. Pulularon los actos político-religiosos, encabezados por gobernadores y presidentes municipales, sin que nadie les pusiera algún tipo de sanción.
En suma, una ausencia de política laica en materia religiosa, lo que abrió las puertas a todo tipo de excesos y excentricidades.
El propio comportamiento de Peña Nieto rebasó los límites legales en la materia y su entusiasmo por la visita del Papa lo pintó en más de una ocasión como un fervoroso feligrés de una Iglesia, antes que como un Presidente de todos los mexicanos. En esa ocasión, su asistencia a la ceremonia religiosa ofrecida por el Papa en la Basílica de Guadalupe, constituyó una prueba fehaciente de su desinterés por hacer respetar el Estado laico. Y si el Presidente no cumple la ley, nadie más se siente obligado a hacerlo.
Apenas hace unas semanas, el gobierno de Peña Nieto, a través de dos de sus instancias, celebró convenios muy cuestionables con la Conferencia del Episcopado mexicano y con el Arzobispado (católico) de México.
En el primer caso, la PGR lo hizo “para trabajar de manera conjunta en defensa de la verdad, la promoción de la justicia, del perdón, la reconciliación, y de esta forma construir y alcanzar la paz”. ¿De cuál verdad hablarán?
En el segundo caso, la Secretaría de Turismo, con el pretexto de promover el turismo religioso. El Arzobispo Primado de México, aprovechó para señalar que “la estrategia da inicio a un proceso de relación institucional de la Iglesia católica con el Estado mexicano, y que la promoción del turismo en este rubro ayudará al resto de los países a entender que el pueblo mexicano posee una religiosidad acendrada y de matriz católica”.
Y así cerramos este sexenio con este gobierno colaborando para dejar eso claro.
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