"Policías, en el abandono"

Pareciera como si quisieran desaparecerlas. Que solas se “autodestruyan”. Que no haya más alternativas. Que al final, prevalezca lo que están promoviendo.

 

El Gobierno federal, junto con algunos legisladores, impulsan la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, en la que se le otorgan a las Fuerzas Armadas facultades para intervenir no solo en temas de seguridad nacional, sino de impacto social y político.

 

El argumento, la necesidad de combatir a la delincuencia organizada y de disminuir la incidencia delictiva, precisamente en un año en el que los índices delictivos han estado en incremento.

 

Pero las atribuciones dadas no solo se constriñen al ámbito delictivo. Pues se deja el criterio de las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir, por decir una cosa, en protestas sociales.

 

¿Y quién sale perdiendo de todo esto? La sociedad, que podría ver vulnerados sus derechos ante el poder que adquirirán los elementos del Ejército y de la Marina.

 

Pero también las policías, municipales o estatales, que son las primeras responsables en la prevención del delito y las últimas a las que se le atienden para convertirlas en unidades profesionales, capacitadas y equipadas para cumplir con la encomienda.

 

Y a eso, se le suma que en casos como Sinaloa, las corporaciones policíacas tenga en su mayoría a agentes que no han podido aprobar el examen de control y confianza.

 

De más de 7 mil 400 agentes que componen las diferentes corporaciones, estatales o municipales, sólo un 46 por ciento ha sido capaz de avanzar en esas evaluaciones. El resto, está reprobado y aún siguen trabajando.

 

El País y Sinaloa seguirá requiriendo de corporaciones locales que atiendan las necesidades de las comunidades en las que operan. Pero las corporaciones también requieren de que se fortalezca, se profesionalicen, se equipen y se capaciten para desempeñar correctamente su trabajo.

 

Pero hasta ahora, las señales que mandan las autoridades es la de dejarlas en el abandono y que se vuelvan inoperantes, para justificar el respaldo a nuevas leyes. Y eso, está claro, no conviene a nadie.