Editorial
La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió apenas la semana pasada que es responsabilidad del Estado encontrar a los mexicanos que se encuentran en calidad de desaparecidos. Y precisó que esa responsabilidad no únicamente se limita a encontrar a los normalistas de Ayotzinapa.
El Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal Isidro Burgos, ocurrido en septiembre de 2014.
Y el Senado de la República decidió entregar la medalla Belisario Domínguez a la activista y política de izquierda Rosario Ibarra de Piedra, que emprendió un movimiento para encontrar a los desaparecidos durante la llamada “guerra sucia” en México.
Y así, en cada entidad, en cada región del País, han surgido además colectivos que se han dedicado a la búsqueda de los desaparecidos por la violencia, la que en algún momento generó el Estado y la que después sustituyó el crimen organizado.
En un País donde se estima que hay al menos 40 mil personas desaparecidas, de las cuales 4 mil se encuentran en Sinaloa, de algo habrá de valer que el tema de las desapariciones en el País se ponga entre las prioridades de las políticas públicas.
No se va a resolver el problema de las desapariciones si no se reconoce que existe, si no se asume una responsabilidad y si no se actúa para aclarar los casos pendientes y también para prevenir que esto siga ocurriendo.
El Estado ha sido omiso en la atención a las desapariciones que se registran en México y en Sinaloa. Son los colectivos de personas, familiares muchos de ellos de las víctimas, los que han tenido que aprender técnicas de búsqueda para dar con las personas que andan buscando.
El Estado, hoy tiene la responsabilidad de dar respuesta, a las víctimas y a los deudos, por las omisiones en las que ha recurrido.
Está bien que hoy se nombre y se hable de las desapariciones en México. Estará mejor, cuando haya soluciones, las que muchos están esperando.
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