"¿Quién mató al hijo de René Castro? La línea de investigación que domina"

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Sea cual sea el motivo, y esto va para evitar que se pretenda criminalizar a la víctima y justificar a los homicidas, el asesinato del joven Manuel Alejandro Castro López apunta a ser un nuevo ataque contra luchadores sociales de Mazatlán y es de prioridad estatal que los autores materiales e intelectuales paguen ante la ley, ya, sin ningún escudo de impunidad. Es de vida o muerte, así literalmente, que en el sur de Sinaloa se instale la luz de la justicia por encima de los oscuros instintos de la delincuencia.

Existen pruebas de que los asesinos de Manuel Alejandro iban en realidad por René Castro Lizárraga, padre del muchacho victimado y abogado que desde hace dos años defiende desde las filas de la izquierda social los derechos civiles de los sectores más vulnerables, entre estos las familias que habitan lotes urbanos sin regularizar o que han optado por invadir predios de Mazatlán con la esperanza de fundar un hogar.

Se tienen antecedentes de amenazas anteriores contra René Castro, miembro de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Amplio Social Sinaloense y su asistente, Francisco Rea, y testimonios que señalan que los que cometieron el ataque letal contra Manuel Alejandro le preguntaron primero si en la casa se encontraba su padre, procediendo a ultimarlo al recibir la respuesta negativa. Vale destacar que era un muchacho tranquilo, de estudios, soñando un futuro prometedor.

¿Esa es razón para matar a un muchacho de 15 años? En Mazatlán sí, porque de la connotación que tenga la barbarie, sea delincuencia vertebrada o corrupción organizada, depende la dimensión del ataque. El activismo social huele cada vez más a muerte desde que el 11 de octubre de 2014 asesinaron también a Atilano Román Tirado, líder del movimiento de desplazados de la Presa Picachos.

La muerte de Atilano sembró la duda hace casi cinco años del crimen político, igual que la inmolación del hijo de René Castro plantea la interrogante de la agresión planeada en la cúpula de intereses de terratenientes urbanos y consorcios inmobiliarios que se oponen a la regularización de la tenencia de la tierra con fines sociales. Igual hipótesis ronda ahora en la indignación de centenas de colonos.
En tal conjetura debe medirse el reto que tiene a cargo la Fiscalía General del Estado para detener a los culpables, sean quienes sean y sin importar los intereses que representen. Dependerá de desactivar la presunción del homicidio como resultado de la pelea por el suelo urbano, o bien confirmarla con las debidas pruebas y acusados, el que se reinstalen en Sinaloa condiciones adecuadas para la defensa de los vulnerables, o predomine la táctica de eliminar con las balas cualquier forma de resistencia civil.

Y, por supuesto, debe ser el Gobernador Quirino Ordaz Coppel el que se ponga al frente de la exigencia de justicia. Manuel Alejandro Castro y su padre son las víctimas directas del hecho que ocurrió la madrugada del sábado 13 de julio en la colonia invasión San Francisco II, pero al Mandatario lo afectará colateralmente cualquier debilidad jurídica que aporte a la impunidad. De la voluntad política que emane o desvanezca desde el tercer piso de Palacio de Gobierno dependerá que se repare este agravio causado a la familia Castro López y a la sociedad mazatleca y sinaloense.

Hoy diferentes organizaciones de la lucha cívica, entre estas el MASS, la Contraloría Ciudadana y la independiente Comisión Defensa de los Derechos Humanos, se manifestarán a las 10 horas en las oficinas en Mazatlán de la Fiscalía General del Estado, para exigir la investigación a fondo y se castigue a los asesinos de Manuel Alejandro Castro, poniendo énfasis en móviles económicos y políticos, dada la naturaleza de la lucha de René Castro en favor de los desposeídos.

Es el grito de coraje que en la impotencia pregunta quién asesinó a Manuel Alejandro. El alarido mismo de la muerte que no se cansa de agregarle tragedias a Mazatlán y aportarle la cuota diaria de sangre con la cual se escriben historias de miedo, con pistoleros que se pasean a sus anchas por las calles de la ciudad y Policía Militar, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad locales rebasados por el poderío de la delincuencia.

Faltará, en tanto llega, la exclamación de las instituciones de procuración e impartición de justicia que están obligadas a hacer valer la voz del estado de derecho por encima del aullido de las fieras que consideran a Mazatlán como la jungla en que reinan las armas, el plomo, la crueldad y la cancelación de libertades. Y será hasta entonces, cuando la ley impere, que se le habrá dado paz a Manuel Alejandro Castro y tenacidad a los luchadores sociales.

Reverso

Castíguese la felonía,
De este asesinato cruel,
Con la fe de que algún día,
No haya más muertos como él.

Con ellas, codo a codo

“Nosotras ni siquiera justicia pedimos, sino encontrar a nuestros hijos y familiares para enterrarlos en un lugar donde podamos llevarles una flor, como todos lo hacen”, dijo María Isabel Cruz Bernal, presidente de la Asociación Civil Sabuesos Guerreras, al hablar en el panel “Periodismo de Paz y Derechos Humanos” organizado el 13 de julio por Javier Llausás y Rosy Jacobo, de la Fundación Construyendo Espacios de Paz. Estas mujeres también reciben amenazas por realizar la búsqueda de hijos, esposos o hermanos que han sido víctimas en Sinaloa de desapariciones forzadas, haciendo necesario que los sinaloenses las arropemos con solidaridad e involucramiento en las jornadas que ellas realizan.