"Repensar las adicciones (Parte I de II)"

La discusión en México sobre la prohibición del consumo y venta de drogas, no ha logrado un consenso que oriente nuevos enfoques y aproximaciones a tan complejo dilema social, continúa siendo motivo de encuentro y debate, como el reciente foro titulado “Hacia la regularización de la Cannabis en Sinaloa”, auspiciado en días pasados por el Congreso del Estado de Sinaloa, resulta oportuno revisar el fenómeno de las drogas y sus consecuencias más allá de un sólo enfoque en el que se plantea una regularización que beneficie parcialmente la salud pública.

Si bien el tema ha generando diversas opiniones en las que se aborda como principal preocupación el fenómeno de la drogadicción, de frente a un escenario de temor casi generalizado de plantearse la posibilidad real de que pueda legalizarse, es necesario considerar la suma de todas sus consecuencias en tanto se reconoce como un verdadero problema social de orden multifactorial que genera en la actualidad daños colaterales que rebasa las fronteras de la venta ilegal y el consumo.

Partiendo que la discusión aparece con mayor énfasis ante los estragos de una guerra iniciada hace 13 años por el Gobierno federal contra y entre el narcotráfico, el problema adquirió nuevas dimensiones incontrolables de ingobernabilidad y con ello evidentes actos de impunidad criminal que a la fecha seguimos padeciendo.

La violencia e incertidumbre desatada como asunto de mayor importancia para el grueso de la población coloca al tema de seguridad como principal factor problema, por lo que tales circunstancias obligan a reflexionar sobre la relación recíproca entre prohibición y violencia, situación que sitúa a importantes sectores de nuestra sociedad en la posición de tener que elegir entre “legalización o muerte”. Para comprender mejor esta realidad habría que recapitular la razón y el origen de la prohibición del consumo de las drogas:

De principio, se entiende que se prohíbe el consumo de las drogas no legales por sus efectos nocivos a la salud, por sus derivaciones negativas al abusar en el consumo  y a la desinformación, vulnerabilidad, inocencia e inmadurez de niños y jóvenes frente a la sombría posibilidad de sus consecuencias.

La percepción de lo prohibido ha consignado en el imaginario social la idea de que legalizar tales drogas implicaría ver jóvenes ojerosos fumando mariguana, inhalando cocaína e inyectándose heroína en lugares públicos y lúgubres, familias destrozadas, delincuencia callejera y crimen organizado. Sin embargo, su carácter ilegal y la prohibición de su consumo, no sólo no han evitado consecuencias como estas, sino que además trajeron consigo un agregado de secuelas también terribles a partir del tráfico de drogas y su nefasta maquinaria de muerte y corrupción. Como consecuencia, nuestra sociedad sobrevive tiempos inimaginables de sanguinaria violencia, secuestros, asesinatos, descomposición social y un desprecio por la vida humana que ya no distingue entre niños, mujeres, jóvenes, ancianos y adultos.

Una realidad que nos muestra que la razón por la cual había de prohibirse la venta y consumo de las drogas fue rebasada por los alcances criminales del narcotráfico. Como sociedad pudimos atestiguar el probado fracaso del Estado mexicano envuelto en una infructuosa guerra sin cuartel para combatir al narcotráfico, que lejos de verse disminuido, contribuyó en su consolidación como “Estado alterno”, que ahora detenta altos niveles de poder económico y las más infames expresiones de violencia en todo el país.

La prohibición no contempló semejantes consecuencias. Quizá deba ser esta una de las razones más importantes para repensar y sobre todo evaluar los peligros o beneficios sociales de mantener una legislación prohibitiva. El enfoque de la ilegalidad y prohibición tuvo como prioridad combatir la criminalidad del narco y sus efectos, dejando en un segundo plano su interés inicial por la prevención del consumo.

La experiencia nos dice que prohibir no es la solución, todo lo contrario, agrega derivaciones delincuenciales superiores con un alto costo social. Combatir la drogadicción tiene caminos diferentes y más civilizados que combatir el narcotráfico.

El tema obliga a considerar los efectos de la prohibición como un asunto de seguridad pública que acapara todo el interés y recursos en detrimento de la atención del problema desde un enfoque de la salud pública; legalizar las drogas permitiría atender con mucha mayor atención y recursos un problema de salud, al considerar que con la legalización de las drogas aumentaría el consumo, pero también el control de la salud de sus consumidores a través de programas de prevención y atención de los posibles consumidores atendiendo además las causas y circunstancias que lo propician.

Sobre esta reflexión y otros elementos sobre el control de las adicciones en nuestro país trataremos el próximo viernes 19 abril en la segunda parte de este artículo. Nos leemos hasta entonces.