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Responsabilidad del Estado Opinión

María Amparo Casar
13/03/2019 | 03:59 AM
En términos clásicos la izquierda se ha caracterizado por ser más pro-estado y la derecha más pro-mercado. En el continuum mayor estado-mayor mercado hay desde luego puntos intermedios. En el extremo del neoliberalismo el Estado está sólo para proveer bienes públicos puros. Ningún privado estaría dispuesto o sería capaz de suministrar un Ejército o un sistema de justicia. En el otro estaría el estatismo absoluto en donde el sector privado es, en el mejor de los casos, subsidiario y corresponde al Estado proveer el conjunto de bienes y servicios que requiere la sociedad: desde la construcción de carreteras o la producción de automóviles hasta el abastecimiento de alimentos pasando por la salud y la educación. En medio están la social democracia, el capitalismo con rostro humano, el estado redistributivo, el estado de bienestar y otras etiquetas. 
 
¿En dónde ubicar al primer gobierno de izquierda a cien días de gobierno? Difícil saberlo. No hay signos de que, por ejemplo, quiera ampliar lo que antes llamábamos el sector paraestatal de la economía. A pesar de que el Presidente ha puesto un alto a las rondas de licitaciones en Pemex o anunciado la re-edición de los precios de garantía no se ha hablado de la privatización generalizada de las industrias o empresas estratégicas como se hizo durante el gobierno de Luis Echeverría. No se ha utilizado, siquiera, el concepto de rectoría del Estado. Por el contrario, ha hecho un llamado a los empresarios a que inviertan. Seguramente lo harán si el gobierno cumple con ciertos requisitos mínimos como dar certidumbre a los derechos de propiedad y brindar seguridad. 
 
La que resulta más difícil de interpretar es la política de gasto. Paradójicamente, ésta se parece más a lo que para AMLO es anatema, blanco de severas críticas, descalificaciones y hasta condenas: la política neo-liberal (Jorge A. Castañeda, Neoliberalismo de Izquierda, El Heraldo, 11/03/19). 
 
Reconociendo que para el sector privado no es rentable atender a grupos vulnerables porque su vulnerabilidad les impediría pagar por los servicios que necesita al precio que el sector privado está dispuesto a darlos, en el neoliberalismo se opta o se “acepta” que el Estado los atienda, esto es, que parte de los impuestos sean dedicados a estas tareas. 
 
En esta categoría están las estancias infantiles, los refugios para mujeres y parte de la población que tiene la desgracia de sufrir alguna discapacidad. La mayoría de las madres trabajadoras no podrían pagar una guardería a los precios que el sector privado estaría dispuesto a ofrecer. Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar necesitan desde ayuda psicológica hasta un lugar donde refugiarse. Los discapacitados requieren cuidados especializados.
 
El sector público en la medida en que puede actuar al margen del principio del máximo beneficio económico es el agente ideal -además de obligado- para llevar a cabo este tipo de funciones. 
 
Existe, sin embargo, una segunda opción. Si el Estado no tiene la capacidad o decide que es más provechoso y eficiente que el sector social provea este servicio, otorga subsidios a organizaciones no gubernamentales o filantrópicas para que ellas se encarguen. En este caso toca a los gobiernos el papel de vigilante, supervisor y fiscalizador de que estas transferencias se estén utilizando de manera correcta porque, como cualquier otro, el sector social puede caer en el abuso y corrupción.
 
A lo que no puede renunciar el Estado es a cumplir con esa función o pretender sustituirla con transferencias directas a las personas. Esta opción puede funcionar para ciertas actividades. Los famosos vales (vouchers) para la educación básica en ciertos países sirven para que los padres elijan a qué escuela mandar a sus hijos. Los vales no pueden ser gastados en ningún otro rubro; no pueden ser canjeados por efectivo para adquirir otros bienes. Incluso tienen la ventaja de introducir una competencia sana pues si una escuela no ofrece educación de calidad los padres optarán por otra que sí lo haga dejando a la primera sin alumnos y sin negocio. 
 
Pero hay problemas sociales para los que la entrega de vouchers o de efectivo no funciona. Particularmente en un país en el que priva la pobreza personal y la pobreza institucional, en el que no existe una red de protección social para quien la requiera.
 
Las transferencias de suma fija tan propias del neoliberalismo y que parten del principio de que cada individuo debe tener la libertad de usar el dinero como mejor le parezca, no resuelven los problemas. La entrega de $800 pesos para que las madres trabajadoras solventen el problema de dejar a sus hijos con alguien, para mujeres que han sido abusadas, o para un niño que requiere cuidados especiales, no resuelven los problemas de estos segmentos de la población. ¿Es mejor que nada? Sí. ¿Es mejor que lugares con cierto nivel de especialización en el que unen fuerzas el sector social y el sector público y que producen economías de escala? No. 
Que esto ocurra en un gobierno de izquierda es preocupante. Si en algún rubro hace falta la rectoría del estado es precisamente en éste. 
 

 

amparocasar@gmail.com  
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