Editorial
Los mexicanos nos acercamos a un momento histórico: la posibilidad de que un ex Presidente priista sea enjuiciado, acusado de lo que siempre acusa el pueblo a los ex presidentes, de corrupción.
El arresto en España de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, abrió la posibilidad de que la justicia llame a cuentas al ex Presidente Enrique Peña Nieto, una bomba que cimbraría al País y mucho más allá.
Las acusaciones en contra de Emilio Lozoya: delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y aceptación de sobornos, podrían salpicar en cualquier momento a Peña Nieto, el jefe directo de Lozoya.
El mismo Lozoya parece confirmarlo a través de su abogado, cuando éste declaró que Lozoya no se mandaba solo, algo que todo mundo entendió como la confirmación de que el Presidente sabía que su director de Pemex recibía sobornos.
Además, las investigaciones en contra del ex Presidente podrían ir hasta los tiempos de su campaña, donde se presume que se utilizaron cantidades millonarias de empresas como la constructora Odebrecht, la encargada de hacer llover millones de dólares sobre los funcionarios, a cambio de jugosos contratos de construcción.
Y también apareció un nuevo elemento en la investigación, el padre de Emilio Lozoya, un viejo conocedor del sistema: Emilio Lozoya Thalmann.
El viejo Lozoya Thalmann se dispone a luchar por la libertad de su hijo, o por lo menos por el menor castigo, y aquí es donde se complica todo.
Lozoya Thalman podría aportar información sensible sobre los negocios de Peña Nieto y su hijo, en un intento por salvar a su familia.
El vertedero de la corrupción es un agujero interminable, donde nuestros políticos se aferran a seguir nadando. Estaremos pendientes de la voluntad política del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, para aplaudir o no su apuesta por acabar con ese mal que nos cuesta demasiado.
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