Al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le dan los tiempos. Tiene prisa y en la prisa se va el trabajo fino para hacer las cosas conforme a derecho. Hacerlas bien, vaya.
La prisa no necesariamente es el mejor aliado de la intención de transformación que tiene la Cuarta Transformación. Los errores que comienzan a revelarse son básicos, tontos y hasta burdos que ningún Gobierno debería hacerse acreedor a semejantes boberías.
Por el otro lado, los actos de Gobierno están -y deberán seguir- siendo revisados por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El trabajo fundamental que aportan a una sociedad democrática no puede más que reconocerse y apoyarse.
Por ello, ambos actores (Gobierno federal y sociedad civil/prensa) se están encontrando en Santa Lucía. Y eso no es buen augurio para la administración de López Obrador. Solo quiere decir que su prisa no le alcanza para hacer las cosas como manda la ley; y, entonces, la pregunta nos remite al dicho presidencial de “nadie por encima de la ley”.
Nadie podrá negar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco ha sido la decisión más polémica -tal vez la que marque el sexenio- de AMLO. Más allá de una consulta sin sustento creíble, no se vislumbra claramente cuál fue el fundamento que consideró el Presidente para cancelar una obra de tal envergadura. Información dispersa señala que hay muchos actos y redes de corrupción que veían en el aeropuerto de Texcoco negocios multimillonarios para un puñado de personajes.
Sin embargo, la realidad está tocando a la puerta de Palacio Nacional y le recuerda al Presidente que no es tan fácil borrar Texcoco y abrir Santa Lucía. No es por un capricho, ni por un bien a la patria como se debería determinar el lugar del aeropuerto.
Querer un aeropuerto en Santa Lucía no necesariamente conduce a tener un aeropuerto en Santa Lucía. Me explico.
La medida tomada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México en la que ha ordenado, por un lado, detener el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su construcción hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional. Por otro lado, se obliga a las autoridades a que mantengan los avances del NAIM exactamente en el estado en el que actualmente se encuentran, es decir, que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificación de las obras existentes.
Por otro lado, un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó una nueva suspensión provisional (hasta ahora van 8 suspensiones acumuladas) de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que se cuente con todos los estudios en materia de seguridad. Cabe anotarse que el Tribunal Colegiado arrojó un nuevo argumento mucho más serio y difícil de obtener que es el referente al tema de seguridad. En otras palabras, la medida tomada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordena detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, el cual, a su vez, se refiere al derecho internacional aeronáutico contenido en la Convención de Chicago.
Como sea, López Obrador puede sacar de manera más fácil permisos que emiten las dependencias a su cargo, como Semarnat y el INAH. Sin embargo, obtener los permisos internacionales se antoja mucho más complicado para la administración federal. De hecho, información no confirmada ha señalado que Santa Lucía no obtendría los permisos internacionales necesarios para operar.
El recuento de hechos hasta ahora solo tienen sustento en el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no sustentó en ley -hasta ahora- la idea de hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Al no cumplir con los requisitos de ley, porque todos queremos que se cumpla la ley, el Poder Judicial le está diciendo al Ejecutivo, así no. Una visión cortoplacista y sostenida en la filia partidista puede sugerir que los amparos son para defender Texcoco (donde seguramente hay decenas de actos de corrupción, que por cierto no están siendo investigados por la actual administración) y castigar Santa Lucía por motivos de ganancia de grupos detrás Texcoco. Nada más alejado de la realidad.
El Presidente corre con prisa y se tropieza con errores que podrían ser muy básicos. Santa Lucía no tendría ningún amparo encima si la ley se hubiese observado y cumplido. Premisa básica para un estado de derecho. Pero entonces, ¿por qué hacer las cosas mal que provocan acciones judiciales que ponen en entredichos proyectos relevantes de infraestructura para la nueva administración?
No es que los amparos estén bien o mal. Lo importante de los amparos es que evidencian un incumplimiento de la ley. No importa de dónde venga, sino más bien de los 147 amparos interpuestos, varios están surtiendo efecto y poniéndole el umbral más alto a Santa Lucía. Enhorabuena por el contrapeso al poder político.
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