"Siguen homicidios a la baja. ¿Por qué?"

Los homicidios dolosos en Sinaloa siguen bajando. De acuerdo a la estadística de este año y con datos de la Fiscalía estatal, el promedio diario es de 2.43 hasta el mes de mayo. De seguir así, la estimación de la tasa por cada 100 mil habitantes para 2019 estaría por primera vez desde 2007 por debajo de 30.
Vale recordar que todavía estamos muy por encima de las cifras de antes de la “epidemia” de violencia del periodo 2008-2011, pero desde entonces y salvo la más reciente guerra interna del Cártel de Sinaloa entre “dámasos” y “guzmanes”, la tendencia ha sido a la baja (ver gráfica).
La pregunta es ¿por qué?
Ya en otras entregas he abundado en la argumentación de la pax narca: esa situación de tranquilidad aparente que surge de un pacto tácito o explícito con el crimen organizado para que evite al máximo la violencia mientras no se afecten sus intereses económicos y políticos.
Sigo creyendo que buena parte de esta  tendencia de pacificación (le llamo así porque estamos lejos todavía de afirmar que Sinaloa es un estado en paz), se explica en la decisión del cártel de casa de contener su violencia mientras se diversifica a otros negocios legales (inmobiliario y agricultura, sobre todo) e ilegales (robo de autos, metanfetaminas, heroína, lavado de dinero, entre otros). Es el modelo que trasciende el crimen organizado y podemos catalogar como “mafia”.
Ese argumento abre otras discusiones, preguntas y advertencias. Y nos obliga a repensar las violencias que vivimos los sinaloenses y separar cuántos de los delitos que sufrimos están directamente relacionados con “narco” y cuántos son violencia común.
Sobre la primera se entiende que el riesgo y dificultad de combatirla implica combatir la corrupción, cooptación y violencia de un ente muy poderoso: el cártel, lo que no significa que no se pueda hacer nada; pero sobre la segunda, también se entiende que el reto debe caber dentro de la normalidad institucional en las áreas de seguridad y procuración de justicia. Es decir, ahí se puede hacer bastante con voluntad y recursos.
El problema es que en Sinaloa nos acostumbramos a creer que todo homicidio doloso “tiene que ver” con el narco y ese es el pretexto perfecto para guardar el expediente y no avanzar nunca en su investigación y resolución.
Por otro lado está la evidencia de lo que sí está sucediendo en materia de construcción de paz entre los sinaloenses hoy. Al respecto el más reciente Índice de paz tiene dos explicaciones: la primera es la generación y fortalecimiento de una cierta sociedad civil que acompaña, revisa y da seguimiento con disciplina y convicción al actuar de las autoridades en materia de seguridad. Ellos le llaman “paz positiva”.
Ese colectivo está integrado por el  CESP, Construyendo espacios para la paz y la herramienta Semáforo Delictivo como los entes más visibles. Pero no son los únicos, llevan ya muchos meses articulándose con academia, medios de comunicación, activistas y otros actores para discutir, revisar y analizar los datos y las evidencias, así como el actuar de las autoridades responsables.
Por supuesto el modelo no es perfecto, siempre hace falta mejor articulación y comunicación y sobra decir que al poder no le gusta que lo revisen, pero hay que reconocer que con la data abierta que ya existe se puede hacer mucho en materia de seguimiento si se mantiene la disciplina ciudadana de un acompañamiento exigente.
Y por otro lado está la estrategia estatal de seguridad apalancada en el Ejército. Nuestro modelo sinaloense de “guardia nacional” que acá funciona de facto desde la llegada del gobernador Quirino Ordaz. Ese modelo que ha generado mayor presencia policial en los centros urbanos con una lógica sectorial y que en casos recientes ha demostrado capacidad de respuesta antes hechos violentos con el uso de la tecnología del C4, como son los casos del rescate de una mujer raptada en Culiacán y la inmediata detención de un grupo fuertemente armado que asesinó a dos personas en el sector Tres Ríos, también de Culiacán. Detenciones que podríamos calificar de inéditas en la capital. El comentario en redes describe perfecto el asombro por la aplicación de la ley: “Por primera vez los agarraron”.
Esto no quiere decir que el problema está resuelto. Estamos ante un problema complejo que no admite soluciones simplistas ni acciones reduccionistas. Solo intento aproximar algunas explicaciones desde mi perspectiva porque reducir los delitos a niveles que nos permitan un nivel de vida en paz sigue siendo el principal reto de Sinaloa, donde  7 de cada 10 ciudadanos considera que su estado es inseguro y solo se denuncia el 9 por ciento de los delitos (ENVIPE).
Por eso, vale atender las recomendaciones del antropólogo  Simón Tavera, quien en el marco del más reciente Informe de Paz, llamó a las autoridades y sociedad civil de Sinaloa a pensar e implementar enfoques más integrales en materia de prevención y combate a la violencia:  “Las intervenciones tienen que ser integrales. Hay que trabajar con familias, hay que trabajar con personas que consumen sustancias, también hay que trabajar la violencia y también hay que trabajar con los niños. Entonces, hay que ver a las comunidades como un sistema, donde todos los problemas están interrelacionados”.
Es decir, si los magros resultados en materia de seguridad hasta ahora enseñan que sí se puede, es momento de usarlos para dar un salto hacia adelante en materia de prevención del delito, atención a grupos vulnerables, regulación de drogas (heroína y mariguana), así como en materia de procuración de justicia.
Porque ese es el otro gran reto ineludible: la construcción de una sociedad más justa. Recordemos que el primer requisito para la paz es la justicia, por eso toda paz es imposible si la impunidad rebasa el 90 por ciento de los delitos cometidos.
Pero ese será material para la siguiente entrega: ¿qué hacer con nuestra fallida Fiscalía?

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