"¿Simuladores?"

En el triunfo puede estar la derrota. Nadie duda que el famoso pase automático, aprobado por todos los partidos, aunque ahora se desdigan, tenía que ser eliminado. Era un despropósito que el Procurador nombrado por el Presidente -fuese quien fuese- quedara al frente por nueve años en una supuesta nueva institución cuya función principal, entre otras, sería investigar los delitos cometidos por servidores públicos. De esto estuvo consciente el Presidente en noviembre de 2016 y por eso envió una iniciativa, aplaudida en su momento, para eliminar el llamado pase automático.

Fue un error imperdonable y costoso haber mandado a la congeladora esa iniciativa. Se habría evitado el golpeteo contra el Presidente, contra el partido en el poder, las divisiones al interior del PAN, el enfrentamiento en el Congreso y la politización de lo que considero es la reforma estructural más importante del sexenio. 

Además, se habría empleado el tiempo en lo verdaderamente importante: la construcción de una Fiscalía obligada a diferenciarse y distanciarse de todo lo que ha representado la Procuraduría General de la República. Un modelo de procuración de justicia no sólo ineficaz sino al servicio de los intereses políticos del presidente en turno.

Cierto, la eliminación del pase automático era indispensable, pero centrar el debate público en ello es un error. Por desgracia ahora se presentan varios peligros inminentes. Uno, que el PAN y el PRD consideren que obtuvieron la victoria buscada y se den por satisfechos. Dos, que el Presidente y su partido piensen que ya cumplieron con la demanda ciudadana de no dejar a un fiscal a modo. Tres, que se posponga hasta el próximo periodo de sesiones (febrero de 2018) la aprobación de un dictamen a partir de las iniciativas de reforma de la Fiscalía que se han presentado, incluido el dictamen ciudadano entregado al Senado el pasado 6 de septiembre por las organizaciones agrupadas en #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva. Cuarto, y quizá lo más importante, que se dé un albazo en el Congreso, se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía y se eluda hacer una reforma constitucional a fondo.

Sin duda los titulares de las dependencias importan. No es una exageración decir que en buena medida, “el sistema corrupto brasileño se vino abajo con la acción de un juez federal (Sergio Moro). Los instrumentos institucionales estaban ahí, pero nadie los había utilizado… La diferencia la hace un juez como Moro” (Rubén Aguilar, El Economista 03-09-2017).

Los marcos normativos para un sin número de órganos autónomos pueden tener muchos defectos y bien haríamos en corregirlos. Pero hay muchos casos que demuestran claramente que aún con las limitaciones que imponen las reglas pueden hacerse muchas cosas si hay voluntad política y determinación de no ser capturados por los dictados del poder. Es el caso de la COFECE cuya titular, Jana Palacios, ha demostrado determinación para construir una institución autónoma, fuerte y con grandes capacidades. De haber voluntad política, el Procurador actual podría, con las facultades que tiene, perseguir los delitos de corrupción cometidos por los servidores públicos.

Pero más allá de los titulares de las dependencias, el tema de la autonomía y, sobre todo, de un diseño que permita construir una Fiscalía eficaz, es lo que merece estar en el debate público si no queremos quedarnos en un cambio de siglas: PGR en lugar de FGR.

La reforma constitucional al artículo 102 constitucional que regula el Ministerio Público de la Federación no puede quedar en la eliminación del transitorio que pretendía convertir al Procurador en Fiscal. El texto constitucional debe incluir, entre muchas otras cosas, un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público; con candados para atajar “la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del presidente en turno”, que “pueda producir cambios sustantivos con respecto a sus capacidades de investigación y acusación de delitos violentos de alto impacto, de corrupción en casos de alto perfil y de violaciones graves a los derechos humanos” y que también elimine el paso automático de “todos los recursos humanos, materiales y presupuestales de la PGR” (Ana Laura Magaloni, Reforma 02-09-2017). Una Fiscalía capaz de diseñar una política criminal de Estado, con un servicio civil de carrera que incluya a los encargados de la investigación, a los ministerios públicos y a los peritos. Una Fiscalía con facultades suficientes, pero con mecanismos de control interno y rendición de cuentas. Parte de esto es lo que se propone en el proyecto dictamen ciudadano de #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva y que puede consultarse en www. contralacorrupcion.mx/ reformal-articulo-102/ 

Si los partidos que tanto empeño pusieron en evitar que Raúl Cervantes no se quedara como el primer Fiscal y si el PRI, que tantos costos tuvo que pagar primero para sostenerlo y después para retroceder, no se empeñan ahora en la construcción de una fiscalía autónoma con los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados, habrán resultado ser unos simuladores.