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La lucha por hacer valer el derecho a la libertad de expresión tiene una larga historia y sobre la misma se han escrito decenas de legislaciones con la finalidad de protegerla legalmente y chorreado sangre de no pocos defensores de la misma y muchos de ellos pagaron con sus vidas.
Los estudiosos de este tema vislumbran el origen de este derecho en la llamada Democracia Ateniense, pues no podemos hablar de democracia sin el ejercicio de la libre manifestación de las ideas.
Otro dato histórico encontrado sobre este asunto es el documento denominado La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ligado a la Revolución Francesa de 1789, en la que en su artículo 11, se establece lo siguiente: “La comunicación libre de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Cada ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir con libertad, pero será responsable de los abusos de esta libertad que se definan por la ley”.
En nuestro país, el intento por lograr el respeto a la manifestación de ideas se empieza a elucubrar después de lograda la independencia nacional, de tal suerte, que de manera clara, en el artículo 6 de la Constitución de 1857 se establecía lo siguiente: “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público”.
Y de ahí para adelante, tanto a nivel nacional como internacional, han surgido leyes e instituciones tratando de blindar este importante derecho humano, sin embargo, muchos actores del sistema gubernamental continúan aferrados al pensamiento del llamado Marqués de Croix, quien gobernó en la Nueva España entre 1766-1771 y a quien se le atribuye la siguiente ordenanza: “De una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.
Con la llegada de una nueva propuesta al poder, muchos pensábamos que el ejercicio de la libertad de expresión se fortalecería y que la represión hacia la fuente crítica sería enterrada de manera definitiva, sin embargo, a menos de un año del primer tramo de la presente gestión, por lo menos a nivel local, los hechos nos indican que el sentido va orientado hacia los tiempos más oscuros de la represión gubernamental.
No cabe duda que el empoderamiento que trae consigo una representación popular, en muchos de los casos saca lo peor de la personalidad de quien la ejerce, y es tal el grado enfermizo del afectado y de quienes lo rodean, que no se tientan el corazón para darle rienda suelta a la agresión fatal en contra de quien o quienes ejercen el derecho constitucional de la libertad de expresión. Creo que a nivel local vamos hacia esos extremos, aunque el Alcalde Benítez Torres califique como vaciladas las denuncias ventiladas por los que hemos sido afectados, bien sea con acoso o con campañas infamantes como fue el caso del firmante.
En el desarrollo integral de una sociedad, los medios de comunicación juegan un papel importante, advirtiendo los desaciertos en los que incurren los actores del sistema y para reconocer los aciertos de quienes gobiernan, volviéndose aliados en la siembra de la confianza popular hacia el gobernante. Quien está consciente de la importancia de escuchar, de pulsar el ánimo de la comunidad, le abre la puerta al crecimiento de su liderazgo y en su caso, corrige rumbo.
Pero las cosas no están sucediendo de esa manera en nuestro puerto, y de ejemplo, ahí está el asedio accionado por la gente de Comunicación Social del Municipio mazatleco, en contra de los periodistas Janeth Bañuelos y Mario Martini, así como la amenaza directa recibida por Luis Alonso Enamorado por parte del Alcalde, según me cuenta el popular editor y periodista del semanario MazTurismo.
Sin duda, en el terruño mazatleco soplan negros ventarrones que ya sacuden la libertad de expresión, con el pronóstico de empeorar. ¡Buen día!
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