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"Opinión"

"Turbulencias"

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11/01/2019

    Arturo Santamaría Gómez

    En México ha habido transición democrática con alternancia en el poder pero no un cambio de régimen político.
     
    En efecto, conocimos un régimen de partido de Estado o de partido casi único, donde el corporativismo de los organismos sociales era fundamental, el cual se fue transformando en un sistema plural de partidos con alternancia, tanto a nivel federal como en los estados y municipios, pero sin una clara división de poderes y sin combate a la corrupción.
     
    Lo que contemplamos en la coyuntura que se abrió el 1 de julio de 2018 es una real división de poderes en los planos federal y estatal, y un verdadero y frontal combate a la corrupción, lo que implica, entre otros aspectos estratégicos, la disolución del corporativismo sindical y campesino. Es decir, estamos observando la franca posibilidad de que emerja un nuevo régimen político, que sea verdaderamente democrático y apegado a derecho, y no meramente competitivo y alternativo.
     
    Para ser efectivamente democrático, además de respetar el sufragio libre y la alternancia, debe reconocerse plenamente la libertad de asociación, de creencias y de expresión. Sin embargo, en una sociedad donde la corrupción es parte del funcionamiento de las instituciones públicas, de organismos sociales y de muchas empresas privadas, la democracia no funciona realmente, es inestable o incompleta.
     
    En México, el régimen político que surgió con la Revolución Mexicana y que se institucionalizó con la creación del PNR, el abuelo del PRI, funcionó en base a varios ejes, pero tres de ellos eran centrales: el presidencialismo autoritario metaconstitucional, o presidencialismo imperial como lo llamó Enrique Krauze, el corporativismo, y la corrupción institucionalizada.
     
    A nivel de los estados, el régimen se replicaba en una escala inferior pero casi idéntica en varias de sus funciones. El presidencialismo, por ejemplo, se clonaba estatalmente en lo que yo he llamado el gobernadorismo autoritario. Y la corrupción se reproducía incluso más descarnadamente, como lo vimos recientemente en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y un largo etcétera, ya en la fase terminal del viejo régimen.
     
    Así pues, las turbulencias que vemos actualmente en el País, al margen de la novatez y los visibles errores políticos del gobierno federal de Morena, son resultado, en gran medida, de la tensión entre las resistencias del añejo régimen y  los intentos por crear uno nuevo.
     
    Asimismo, estos aires de un nuevo régimen o sistema político, se expresan a nivel regional, tal y como lo vemos en Sinaloa. Aquí, no nos deben espantar los disensos entre el Gobernador y la mayoría legislativa de Morena. Al contrario, los debemos celebrar como el posible nacimiento de nuevas y democráticas relaciones entre los poderes. El disenso es parte de la democracia y por primera vez lo estamos viendo de manera profunda y equilibrada entre dos poderes fundamentales. El Poder Legislativo puede estar plenamente de acuerdo con el Ejecutivo pero nunca subordinarse a él, como históricamente lo estuvo. Y si el Poder Judicial en Sinaloa sigue mostrando una novedosa, y urgente autonomía, entonces estaremos celebrando una verdadera división de poderes.
     
    Incluso, las diferencias internas de Morena, al margen de las supuestas deslealtades, aun alentadas por los tricolores, debemos verlas como parte de una nueva realidad política. El disenso intrapartidario en las bancadas legislativas en el viejo régimen, por ejemplo, era casi imposible en el PRI y extremadamente raro en el PAN.
     
    Volviendo al plano federal, la decisión de AMLO de combatir radicalmente la corrupción en Pemex es histórica. La estrategia ha tenido errores garrafales, la cual ya tiene un costo político muy rápidamente aprovechado por la oposición, pero el objetivo es esencial para construir un nuevo régimen, e incluso, una nueva cultura política en México.
     
    La corrupción en nuestro país, incluyendo instituciones públicas y privadas, es leviatánica, monstruosa, es una verdadera Godzila en triple dimensión, está en todas partes y en todas las alturas. Así que lo que se ha emprendido desde Palacio Nacional tiene una enorme importancia para nuestro presente y futuro como Nación. Por eso, es difícil de creer que haya críticas tan fáciles e incluso mal intencionadas que parecerían preferir la continuación de la corrupción a soportar varios días, ciertamente muy difíciles, de desabasto energético.
     
    Si se derrota la corrupción en Pemex como el inicio de un combate generalizado a ese flagelo, si se entiende que el disenso entre poderes es parte de la normalidad democrática, si se desarticula el corporativismo, estaremos dando pasos seguros en la construcción de un nuevo régimen político democrático.
     
    Posdata
    Una encuesta del diario Reforma publicada ayer encontró las siguientes respuestas ciudadanas:
    El 62 por ciento está de acuerdo con el cierre de ductos, 27 por ciento en desacuerdo. El 73 por ciento dice que es preferible acabar con el robo de gasolina aun con los problemas, el 18 por ciento prefiere al abasto aun con robo. El 50 por ciento cree que con esta medida se acabará con la corrupción en Pemex, el 41 por ciento piensa que no.
     
     

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