"‘Un mal sueño, como una pesadilla...’"

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En esto el Presidente no se equivoca: lo legal no necesariamente es moral. Basta con poner un poco de atención a nuestro alrededor para darnos cuenta del montón de situaciones que son tan legales como inmorales. Van unos cuantos ejemplos.

Es legal que un anciano o un menor de edad trabajen como “cerillitos” en un supermercado, pero terriblemente injusto que esa empresa los emplee sin ofrecerles ningún tipo de seguridad laboral. El salario mínimo es completamente legal, pero totalmente inmoral si lo vemos desde la óptica del bienestar social que genera. El Seguro Popular no niega sus servicios a quien acude a éste, pero las citas con los especialistas se obtienen muchísimo más rápido si se realiza el pago de sus servicios por adelantado. En este sentido, como dijo el Presidente, resulta “muy injusto que campesinos, obreros, integrantes de clases medias, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, todos paguemos impuestos y existan hijos e hijas predilectos del régimen que no pagan o se les condonan los impuestos...”.

El que unos puedan mitigar o incluso eludir sus responsabilidades fiscales se explica por algo que en su momento el filósofo John Rawls señalaba como una de las maneras más burdas en que los países van institucionalizando la injusticia y, con ello, minando la tan llevada y traída agencia ciudadana. Me explico.

Después de una larga lucha en los juzgados, la Fundación Fundar logró que el pasado primero de octubre el SAT (Secretaría Administración Tributaria) hiciera pública la lista de condonaciones de impuestos comprendidas entre 2007 y 2015. El monto exhibido rebasó los 172 mil millones de pesos, sin embargo, como se dice en el portal de Fundar, “no se puede conocer aún la información relativa a 101 mil 443 millones de pesos correspondientes a 201 contribuyentes amparados. De la información disponible, casi una cuarta parte, (24 por ciento) se perdonó a 10 contribuyentes, de los cuales la mitad son entidades públicas. En el período 2007-2015 se cancelaron 572 mil 743 millones de pesos...”.

No se equivocó, leyó bien. En tan solo ocho años el gobierno perdonó el pago de 572 mil 743 millones de pesos a quienes podían pagar sus impuestos y cobró a quienes muy difícilmente podían hacerlo. De cierta forma podríamos decir que aquí reside el inicio de la serie de despropósitos éticos que revela la lista publicada por el SAT. Para muestra un botón.

Entre los personajes conocidos, con montos muy distintos, destacan Diego Fernández de Cevallos, Yeidckol Polevnsky, Cuauhtémoc Blanco, Angélica Rivera, Ana Gabriela Guevara, Carlos Ahumada y Rodolfo Monreal, entre otros muchos más. Entre las empresas estatales y privadas figuran CFE, Luz y Fuerza del Centro, Roche, Lala, Acerus, Sabritas, ICA, Banorte, Grupo Modelo, Inversora CARSO, Soriana y entre otras muchas más, Whirlpool. Salvo la CFE, ninguno de los señalados sufre tantas penurias económicas como para no poder pagar lo que debía al fisco. Por el contrario, la condonación, por mucho, mejoró su posición distanciándolos de aquellas personas que no tienen la solvencia económica para pagar un contador que les permita eludir su responsabilidad.

Sin embargo, la cuestión tiene otras aristas asociadas a la cuestión ética y, muy particularmente, a la justicia social. Con esos 572 mil millones de pesos condonados podrían haberse rehabilitado miles de aulas que están en condiciones ruinosas, mejorado las instalaciones, equipos, mobiliario y apertrechado de medicamentos los hospitales públicos, dignificado las condiciones del sistema penitenciario, invertido en investigación, mejorado la situación laboral de burócratas, maestros, médicos, dotado de equipo, personal y formación técnica a quienes forman parte del sistema de seguridad pública, construido dos aeropuertos como el que se iba a levantar en Texcoco, puentes, puertos...

Pero no, el gobierno de Calderón y Peña Nieto decidió hacer a un lado el interés y bienestar común dándole preferencia a los privilegiados de siempre. Supuso que eso era lo mejor, aunque ello agudizara la condición de vulnerabilidad en la que vivían las personas más desaventajadas y expusiera a los mejor posicionados a muchos riesgos (total, si alguien puede pagar por un servicio de guardia privada qué más da que la violencia esté desbordada o algún empleado resentido atente contra los bienes de la empresa). Dicho en pocas palabras: ambos ex presidentes decidieron desangrar más a los contribuyentes cautivos y dejar que siguieran acumulando glóbulos blancos, rojos y plaquetas los que ya tenían recursos de sobra.

Visto de esta manera, la lógica detrás de la estrategia recaudatoria echa aguas por todos lados, ya que resulta un estímulo perverso donde los “listos” esperan el momento preciso para que la autoridad no tenga más remedio que decir “de lo perdido lo hallado”, conformándose con lo que los deudores estén dispuestos a liquidar. ¿Para qué pagar cuando-se-debe-lo-que-se-debe, si al cabo de un cierto tiempo la autoridad terminará por doblar las manos? Cuando la mesa está puesta de esta manera el comensal siente que no hay prisa, mucho menos culpa.
Sin embargo, cuando esta situación se convierte en una práctica habitual, la autoridad, consciente o inconscientemente, pone a la sociedad al filo de una pendiente resbaladiza donde los “tropezones morales” (que por pequeños pasamos por alto) nos van deslizando pendiente abajo topándonos con otras cuestiones más delicadas a las que no hubiésemos de habernos mantenido a la distancia de ese tobogán.

Era de justicia visibilizar un asunto que a muchos ciudadanos nos indigna y descapitaliza, pero no será fácil erradicarlo como práctica recaudatoria. Muchas empresas y profesionistas independientes dirán que es imposible ser rentables, o incluso sobrevivir, sin dichas consideraciones, que en Estados Unidos y el resto de países desarrollados existen dichas prácticas, que es una forma de estimular y premiar a quien arriesga su capital y un largo etcétera que se cuela por la porosidad de nuestro sistema legal.

Con todo, al ser más los afectados que los beneficiados, un gobierno que le ha declarado la guerra a las muchas formas en que encarna la corrupción no podía postergar la erradicación de esta tara que aqueja a nuestro sistema de recaudación fiscal, la cual, como dijo el presidente, “sí era un asunto legal, pero inmoral desde luego y más cuando se trata de grandes corporaciones”.

La clave residirá en la reforma de ley. Si López Obrador logra que el Congreso modifique el Artículo 28, las condonaciones quedarán prohibidas, y entonces sí, como dijo en su mañanera, llegará ese día donde los contribuyentes cautivos podamos decir, “ya no hay condonaciones, eso fue un mal sueño, como una pesadilla”.

Ahora queda por ver si no estamos ante un mero sueño; uno de tantos que tiene el Presidente.