"Una ley para desplazados en Sinaloa"

arturo.lizarraga@hotmail.com

 

Ya es evidente que un buen número de desplazados de la sierra de Concordia están regresando a sus localidades de origen. De continuar la tendencia, en meses posteriores algunos pueblos -los de mayor número de habitantes- podrían ver restituida su vida cotidiana; pero otros, los menores, quedarán convertidos en pueblos fantasmas. Así ha sucedido en todo Sinaloa en el pasado, durante las otras grandes oleadas de desplazamientos, como las originadas por la Operación Cóndor en la década de los setenta y la vivida durante la llamada Guerra Contra el Narcotráfico declarada durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

En tales circunstancias, pequeñas rancherías quedaron reducidas a casitas abandonadas, a las que regresa la gente únicamente los días especiales como el 10 de Mayo, 2 de Noviembre u otra fecha de pérdidas familiares, para llevar flores a los panteones o a los cenotafios. El resto del año, en los mejores de los casos, solo algunos ancianos continuarán aferrados a sus recuerdos mientras los acecha la muerte.

Mientras tanto, ¿qué pasará con los más de 37 mil desplazados de todo Sinaloa que actualmente viven en las zonas urbanas de los valles? Ellos seguirán igual, olvidados por los ejecutores de las políticas públicas aunque recordados por los activistas políticos, sobre todo por ser tiempos electorales: unos los quieren “arriba”, en la sierra; otros abajo, en la ciudad pues son fácil “carne de cañón” para movilizaciones y mítines. Así sucederá con los desplazados durante la segunda mitad de 2017 y con aquellos que antes han sido forzados por la violencia. Y ello porque poca atención se les ha puesto, a no ser por el apoyo brindado por algunas instituciones de gobierno, como la Sedesolh y el DIF para mitigar sus necesidades más acuciantes: despensas, cobijas y colchonetas, gestión para que reciban servicios básicos de salud y educación para los niños.

Hacen falta acciones mucho más profundas. Primero, que las instituciones elaboren políticas públicas de gran calado para transformar las estructuras productivas en el campo; segundo que de verdad se combata a la violencia. Y no sólo con acciones punitivas. Tercero, que se formule una Ley de Desplazados en el estado de Sinaloa, tal y como se ha hecho en los estados de Chiapas (Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas) y de Guerrero (Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero). El contenido de la ley debe contemplar el involucramiento de las diferentes instancias de gobierno para atender con presteza a las víctimas en su dolor y en sus necesidades apremiantes, pero sobre todo para evitar que se repitan los casos.

Pero, acaso siguiendo el mal ejemplo de la legislatura federal (para la que, a pesar del evidente vacío legal se ha negado a crear un marco normativo de acción), los legisladores locales son omisos. Todos. Parece que no ven el problema. O que “se hacen”. Ellas y ellos, eluden el tema, como la diputada jovencita que ni siquiera tuvo la gentileza de avisar que no asistiría a una cita con un grupo que atiende a quienes aqueja el dolor de haber perdido todo. O como la diputada -a la que ese mismo grupo acudió- que lo único que hizo fue parlotear sin decir nada: se soltó hable y hable diciendo que... bueno, nada. Ah, sí, que le dolía la situación porque ella también tiene familiares en la sierra y que “el señor Gobernador ya está tomando cartas en el asunto”. Nada de fondo, nada de compromisos.

Pero exagero. Debo reconocer que, el 3 de octubre de 2017, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local hizo uso de la tribuna para urgir la atención a las personas en aquella situación -siguiendo las recomendaciones que al respecto da el Consejo Económico y Social de la Organizaciones de las Naciones Unidas- y para legislar sobre ello. Y esto último es urgente, pues con toda seguridad continuarán los casos de desplazamiento forzado en el futuro inmediato. No hay elementos para pensar lo contrario. Inclusive, la violencia extrema regresará a los municipios serranos, como ha venido sucediendo desde hace décadas.