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Ya ha estado en la discusión pública algo muy difícil de llevar a cabo que es la validación de que los candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado. Nadie quiso asumir una responsabilidad de ese tamaño.

Hay otra validación que aún con sus dificultades es de más fácil resolución porque la información está ahí para quien quiera verla. Las tres coaliciones están ondeando la bandera anticorrupción en sus campañas. Podrían comenzar con una tarea sencilla: revisar la trayectoria de sus candidatos, sobre todo las de aquellos que ya han tenido puestos de elección popular o en la administración pública. No habría mejor prueba que no están dispuestos a ser tapadera de nadie o de que van en serio con sus promesas anticorrupción.

Creo en la presunción de inocencia. Más en un país en el que las procuradurías se usan políticamente ya sea para perseguir o para indultar. Creo también que hay que tener cuidado con la fabricación de delitos y los linchamientos mediáticos con fines electorales. Pero los líderes de los partidos podrían tener algo de decoro y, a partir de lo que se ha evidenciado por investigaciones periodísticas serias o de denuncias hechas ante las procuradurías, investigar las conductas previas de sus candidatos.

Todavía no están las listas completas de los candidatos, pero en ellas hay muchos personajes que han sido exhibidos como funcionarios involucrados con el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias y abuso de poder.

En su gira por Chiapas (26/01/2018) AMLO declaró: “nosotros somos los únicos que podemos acabar con la corrupción, “tenemos autoridad moral para acabar con la corrupción, porque no somos corruptos, no hemos participado en componendas, no pertenecemos a la mafia del poder, no hemos estado en la asociación delictuosa que han significado los últimos gobiernos”. En cambio, “quienes están ahora de precandidatos … han garantizado la impunidad y han permitido la corrupción. Nosotros hemos estado luchando hace años en contra de la corrupción. No es ahora, no es por la campaña”. Vaya que si aquí se aplica eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Al menos cinco de los candidatos a las alcaldías de la CDMX de AMLO, han sido señalados por casos de corrupción durante sus gestiones previas: Romo (MH) ha sido acusado por el otorgamiento de permisos y licencias ilegales y de acuerdo con la PGJ-CDMX, tiene una investigación abierta por presunto uso indebido de funciones; Chiguil (GAM) fue investigado y separado del cargo de jefe delegacional por el caso News Divine; Núñez (Cuauhtémoc) tiene en su haber un audio en el que se le escucha hablando con Monreal sobre cómo falsear contratos en 2015; Martínez Vite (Tláhuac) era el encargado de operar y otorgar los permisos a mototaxis en el episodio de “El Ojos” y es investigado por la Procuraduría; Acosta (Xochimilco) ha sido sancionado e inhabilitado 5 veces por parte de la Contraloría General de la CDMX. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernador de Morelos o Delfina Gómez que va al Senado después de haber reconocido que como Alcaldesa de Texcoco descontaba 10 por ciento del salario de los empleados del municipio para destinarlos a su campaña política. O, Félix Salgado Macedonio que como diputado golpeó a dos policías, fue detenido y luego liberado “por respeto a su fuero”. En otra capacidad está también M. Ebrard, sobre quien la SEIDO abrió una indagatoria por los delitos de fraude y lavado de dinero contra las empresas y funcionarios públicos relacionados con los contratos de construcción de la Línea 12. Algo raro ocurre. AMLO se ha dedicado a descalificar a los gobiernos perredistas en la capital, pero nombra como su lugarteniente de la primera circunscripción a uno de ellos.

Cuando el resto de las coaliciones definan sus candidatos a la CDMX habrá que poner la lupa sobre ellos. Por ahora habría que cuestionar algunas de las candidaturas propuestas. ¿Se le puede creer al Frente que va en contra de la corrupción cuando Moreno Valle además de imponer a su esposa como candidata a Gobernadora y a otros siete allegados suyos al Congreso, carga a cuestas con innumerables denuncias? O cuando lanza a Juan Vergara de candidato a diputado, que es investigado por haber tejido una red de empresas para lavar dinero y desviarlo a campañas políticas de diversos estados. O al PRI-PVEM-PANAL, en cuyas listas a diputados y senadores aparecen diversos colaboradores de Javier Duarte; M. Vázquez Villanueva, ex Secretario de Salud del ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, sobre el que pesa una investigación de la PGR por un desvío de más de 500 millones; o Nuvia Mayorga, postulada al Senado cuando tiene una averiguación en FEPADE por su presunta participación en el caso Odebrecht.

Insisto, casi ninguno de estos casos ha sido cerrado por las instancias correspondientes. ¡Qué esperanza! Los niveles de impunidad rondan el 98 por ciento. Pero, si de verdad los partidos pretenden que les creamos que van en serio en su lucha contra la corrupción, habría que exigirles que, al menos, no postulen a quienes en sus trayectorias públicas han mostrado todo menos probidad en el ejercicio de sus cargos.

Junto a todos estos, hay que decirlo, hay cientos de candidatos y funcionarios honestos en las tres coaliciones.