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Y, ¿el otro lado de la ecuación? Opinión

María Amparo Casar
05/12/2018 | 04:02 AM
Ya lo había escuchado durante la campaña, pero después de los discursos en la toma de posesión me quedé pensando en eso de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 
 
¿Tenemos un pueblo pobre? Sí. ¿Tenemos un gobierno rico? No. En todo caso tenemos un conjunto -no todos, ni la mayoría- de funcionarios públicos ricos, que tienen privilegios inadmisibles y otros con fortunas mal habidas. En realidad, México no ha resuelto nunca el problema de la hacienda pública.
 
El discurso inaugural del Presidente López Obrador apunta a la idea de retomar la construcción de un estado de bienestar. Esta es una prioridad en la que pocos estarían en desacuerdo si la entendemos como el conjunto de acciones por parte del Estado que busca la redistribución de la riqueza y del ingreso, que ofrece la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población y que provee, al menos, ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. Entre sus medidas más comunes están la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación a disposición de todos los que los necesiten e independientemente de su condición laboral. También las pensiones de jubilación, orfandad, discapacidad o invalidez y el seguro de desempleo para aquellos que no pueden entrar o seguir en el mercado laboral. 
 
En lo que no todo mundo está de acuerdo es en cómo lograrlo o, si lo están, no están dispuestos a hacer lo que se necesita para obtenerlo. Aquí es donde entra el Estado en su función redistributiva.
 
Hasta el momento no se ha encontrado mejor vía para distribuir la riqueza que la política fiscal, el cobro de impuestos. Es a través de ingresos sobre la renta, al consumo, al patrimonio y a las actividades económicas que los estados obtienen los recursos para implementar políticas públicas orientadas al bienestar general. Junto a esta máxima prevalece otra: a mayor crecimiento, mayor riqueza y mayores ingresos (totales) y, por tanto, mayor el universo para el cobro de impuestos. El Presidente fue prolijo en sus críticas al neoliberalismo. Le faltó una: las reformas económicas de este periodo no fortalecieron al Estado en sus finanzas. Esa será su responsabilidad si quiere hacer realidad todas sus promesas. 
 
AMLO sabe hacer política. A nadie le cabe duda. Ahí están sus votos, su gobierno de mayoría, sus congresos locales, su popularidad y arrastre. Ahí están los aplausos a las medidas de bienestar anunciadas en su toma de posesión. Pero si quiere tener éxito, también tiene que saber “hacer” economía. Si no quiere fallar tiene que tener recursos qué repartir.
 
Tiene razón, no se puede tener un gobierno rico y un pueblo pobre, pero le faltó añadir que tampoco se puede tener un pueblo rico sin un Estado rico. Sin un Estado que cobre suficientes impuestos para desarrollar esas políticas de bienestar. De ello no escuchamos nada. Bueno, sí: la disminución a 20 por ciento del ISR y a 8 por ciento del IVA en la franja fronteriza. Aunque abundantes, a México no le da para vivir de sus recursos naturales. No puede vivir, por ejemplo, de la renta petrolera y su distribución entre los ciudadanos. Tampoco puede vivir endeudándose, gastando más de lo que ingresa. México tiene que elevar su productividad, su competitividad, su crecimiento, sus exportaciones y su capacidad de crear empleos para poder generar un mercado de contribuyentes que sostengan al Estado de bienestar. Los beneficiarios de los programas sociales quizá amplíen el mercado interno pero no ampliarán el de los contribuyentes.
 
La discusión sobre si hay que privilegiar las decisiones económicas o las políticas es una discusión bizantina. No hay manera de separarlas, están encadenadas. Las decisiones políticas y las decisiones económicas tienen que ir de la mano. Para lograr los propósitos de AMLO sin desbarrancar al país hace falta un Estado que recaude bien -un estado rico- y que gaste bien. Para poder recaudar hace falta, además de un aparato burocrático capaz de hacerlo de manera efectiva, una actividad económica vibrante, para tenerla hace falta inversión, para la inversión hace falta seguridad jurídica, para obtenerla hace falta un aparato de seguridad y de justicia que brinde protección a los bienes y a las personas y que evite los abusos, la corrupción y la impunidad. Todo esto cuesta. No puede sino salir de los impuestos.
 
Lo que escuchamos el sábado fue una larga y costosa serie de promesas de gasto social que incluyen subsidios, precios de garantía y asistencialismo. No escuchamos el otro lado de la ecuación. La fuente de donde saldrá el dinero para esas promesas. No pueden salir sino de una economía en crecimiento que otorgue al gobierno suficientes recursos para redistribuir. De la inversión pública y privada y de los impuestos. La maldita corrupción, los 500 mil millones de pesos que cuesta al país no dan para el tipo de “república del subsidio” que nos planteó el Presidente el sábado. 
 
Mucha política y poca administración no es la vía. Sin duda hace falta la voluntad y acción política. Pero además de la voluntad se necesita dinero y capacidad para administrarlo. Si recibe un país en quiebra tiene que sanearlo.
 

 

amparocasar@gmail.com 
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