"#YoApoyoElAmparo: ¿hashtag o contrapeso?"

SinEmbargo.MX

Cuando un empresario le cuestionó a López Obrador su decisión de cancelar el NAIM Texcoco y le planteó la posibilidad de echar para atrás la medida, el tabasqueño le espetó con un aire de reclamo:

- No, porque si doy marcha atrás, ¿cómo voy a pasar a la historia?

Esa frase dibuja, de cuerpo completo, al López Obrador Presidente: un político más emocional que racional.

Y es precisamente esa obsesión que raya en la patología política por querer pasar a la historia, un día, como Lázaro Cárdenas, otro día, como Benito Juárez, y uno más, como un fraile que practica la pobreza franciscana, que AMLO ha comenzado a tomar decisiones que, hoy por hoy, lo tienen metido en un brete legal producto de arrebatos a todas luces emocionales, poco inteligentes y, por tanto, errados.

¿A qué decisiones nos referimos?

Primera decisión: la de construir un Aeropuerto en Santa Lucía carente de estudios sólidos y profesionales de impacto ambiental, de viabilidad aérea, de seguridad aeronáutica y de conexión aeroportuaria, cuya ausencia equivaldría a cancelar la obra en cualquier parte del mundo. Construir un aeropuerto sobre las rodillas es un riesgo no solo para el país, sino para millones de visitantes internacionales. Por ello, un juez suspendió, de momento, el arranque de obras en ese lugar.

Segunda decisión: la que dispuso AMLO para inundar la base de cimentación donde se iba a construir el NAIM Texcoco, en un arrebato tan caprichoso como absurdo que pretendía borrar - literalmente- cualquier vestigio de posibilidad en la zona para edificar la terminal aérea. 

 

Inundarla. Destruirla, pues, lo que conllevaría arrasar con una inversión de 14 mil millones de pesos pero que, de momento, ha sido frenada por el Décimo Tribunal Colegiado. (Hoy sabemos por el periodista Mario Maldonado que dos poderosos grupos empresariales, encabezados por David Serur y Andrés Holzer, han ofrecido rescatar a Texcoco, lo cual le daría lógica al apresuramiento de AMLO por inundar el basamento del NAIM).

¿Por qué estas decisiones emocionales y poco inteligentes le abren un frente de batalla legal que, aunque se empeñe en desconocer, minimizar e insultar, AMLO deberá enfrentar con argumentos jurídicos, aéreos y científicos, más que con bravatas, ofensas y amenazas de linchamiento público tanto a jueces como a ciudadanos que están en todo su derecho, llámese como se llamen, de promover una acción que consideran anticonstitucional y que la podemos asumir como un error garrafal del atrabancado Presidente de México?

Por una razón de peso y fondo:

Porque el tema ya sale del terreno que domina e impulsa AMLO: el de la plaza pública, el del levantamiento populachero de mano, el de la dinámica emocional, para entrar en un terreno que no le favorece: el jurídico y legal, que ni es el fuerte de López Obrador, y que ya ha presentado errores y titubeos por parte del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Sí, por su discurso y acciones más emocionales que racionales, AMLO se encuentra en un camino bifurcado: o se va por la ruta de la legalidad con Santa Lucía y Texcoco, con la posibilidad de una derrota en tribunales, o a la brava, desconocer las mismas leyes constitucionales que juró respetar y hacer respetar cuando tomó juramento como Presidente de la República, con las consecuencias legales y de imagen que ello conlleve, y que tanto le preocupan a AMLO.

Tanto le preocupan, como su obsesión por pasar a la historia como un Lázaro Cárdenas o un Benito Juárez.

Empero, hasta hoy, a seis meses de Gobierno, sólo le ha alcanzado para retratarse como un remedo de Peña Nieto: colocando a la esposa de su contratista favorito en la SCJN, otorgando contratos de obra por invitación restringida para grupos cercanos a Palacio Nacional, y arrodillado sin chistar por Donald Trump.
Tal cual.

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Si Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Coparmex, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y demás organizaciones civiles y empresariales, han interpuesto amparos en contra de Santa Lucía y de la inundación deliberada de la base del NAIM Texcoco, están en su pleno derecho ante lo que consideran una decisión errónea y precipitada, que le costará caro al país. Cualquier organización o ciudadano, en pleno uso de sus facultades constitucionales, tiene ese derecho. Y ese es intocable.

El resultado, hasta ahora, no es cosa menor: 147 amparos promovidos contra Santa Lucía y a favor de no destruir el basamento del NAIM Texcoco.

Se ha impulsado al colectivo #NoMásDerroches, mediante el cual se pretende marcar un alto a las decisiones emocionales de AMLO.

Por dos días, #YoApoyoElAmparo fue TT en Twitter.

La resolución legal sobre Santa Lucía podría llevarse hasta tres años, reveló el director de Litigio Estratégico de MCCI, Gerardo Carrasco.

La Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C, reprochó la amenaza pública de López Obrador, quien dijo: “Tendría qué informar por qué se detiene (la obra) y quienes son los responsables. No iban a quedar en el anonimato. A ver, éste señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó...”, en un claro amago de linchamiento público, profundizando aún más el divisionismo en el país. “Consideramos inapropiado que el Ejecutivo intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes o en contravención a la división de poderes”, advirtió la BMA. Fue una respuesta que jamás se le había recetado al Presidente en turno: directa, durísima.

Seguramente, las adhesiones a #YoApoyoElAmparo seguirán llegando. Y también estarán en su derecho organismos y ciudadanos para que, a título grupal o individual, se sumen a esta acción por la vía legal.

Es un derecho ciudadano. Un equilibrio. Un contrapeso.

Y ese derecho, hasta el Presidente de la República tiene la obligación de respetarlo.

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AMLO está en una disyuntiva: o respeta la ley o viola la ley.

El conflicto aeroportuario ha entrado a un terreno que no favorece a López Obrador: el del argumento legal, con un proyecto (Santa Lucía) a todas luces precipitado y errado, con evidentes vacíos legales por la falta de estudios adecuados y viables; de manera paralela, el tema ha salido de la plaza pública, donde AMLO se mueve a sus anchas.

Las pataletas de AMLO no pasarán de eso: berrinches al amenazar con exhibir públicamente, ante sus fanáticos, a quienes han osado contradecir a la mal llamada Cuarta Transformación. En arrebatos inmaduros se quedarán.

¿Por qué? En este caso, lo que cuenta y prevalece es la ley.

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, es frase recurrente de AMLO.

Nadie, incluido, por supuesto, el Presidente de México.