"Acusa Congreso ‘oscuro arreglo’ entre Quirino y Malova"

En la primera sesión de la diputación permanente, la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón, acusó que existe un “oscuro arreglo” entre el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel y el de Mario López Valdez, evidenciado porque una juez negó la propuesta de perdonar por 2 millones de pesos el desvío de casi 300 millones de pesos.

Por eso hizo el extrañamiento de que no conocen el destino de más de 6 mil millones de pesos, entre este caso en que se involucra al ex tesorero de Malova, Armando Villarral Ibarra; los más de mil 300 de las aportaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, los casi mil del Fondo de Ahorro de los Trabajadores y tres mil 500 millones de pesos en créditos solicitados en la última parte de la gestión de López Valdez.

Garzón recordó cómo fueron aprobadas las cuentas de Malova de 2016 de una manera deshonesta.

“Las cuentas públicas del gobierno de Mario López Valdez, del segundo semestre de ese año fueron aprobadas, junto con las del primero, una después de la otra el mismo día, el 27 de julio de 2017, de manera francamente deshonesta con la sociedad sinaloense”, dijo la legisladora en su participación.

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“Se aprobó de manera deshonesta, porque entonces la última cuenta de Mario López Valdez, ya refería por ejemplo, un desvío de mil 300 millones por aportaciones no entregadas al Instituto de Pensiones y que hoy suman mil millones más en este gobierno”.

Luego recordó que del Fondo de Ahorro de los Trabajadores se registró un desvío de 954 millones de pesos y que hoy dicho desvío suma mil 32 millones.

“... sin que hasta ahora ni la naturaleza del fondo ni su relación con la USE sea explicados ni por el Gobierno del Estado ni por la Auditoría Superior”, reclamó.

También recordó que durante 2016 el gobierno de Malova solicitó y obtuvo préstamos bancarios a corto plazo que acumularon en el año una extraordinaria suma de 3 mil 520 millones de pesos, una cifra equivalente al presupuesto ejercido de 17 de los 18 municipios del estado juntos.

“... sin que por supuesto se informará su aplicación o destino”, agregó Garzón.

“Todas esas operaciones, millonarias operaciones, por cierto, sólo pudieron ser ordenadas y resueltas por funcionarios de primer nivel, al menos decididas por Mario López Valdez y operadas por el secretario de Finanzas Armando Villarreal”.

Y estas operaciones, recalcó, fueron aprobadas por este Congreso, primero mediante la cuenta pública del primer semestre del 2016 y luego la del segundo semestre de ese año, el 27 de julio del 2017.

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“Fue una aprobación apresurada, al vapor, irresponsable y que nada tuvo de extraño que se haya producido en la anterior legislatura que hizo el intento hasta de quitarle el órgano de fiscalización al Congreso para entregárselo al Gobernador, con el pretexto de su total independencia”, denunció.

“Tampoco fue de extrañar que ninguno de los casos anteriores mereció la atención de la Auditoría Superior, con todo y los miles de millones de pesos en juego, comprobadamente descontados a los trabajadores, administrativos y del magisterio, pero que nunca llegaron a su destino. No llegaron entonces, ni llegan ahora, como se lo hemos dicho a la Auditoría en las revisiones de los informes de cuenta pública...”.

Entonces, Garzón señaló que el único asunto que se conoce de la última cuenta pública de Malova es el asunto que “acaba de explotar públicamente”, en referencia al proceso que existe contra Villarreal Ibarra.

“... producido por la intención de un oscuro arreglo entre el tesorero de Mario López Valdez con el tesorero de Quirino Ordaz Coppel, para resolver ‘entre comillas’, uno de los muchos casos de desvíos encontrados por la propia Auditoría, según los resultados de la última cuenta pública de Malova”, explicó.

“Se hizo público ese desvío, eso tiene que reconocerse, porque la jueza de control del caso rechazó que por dos millones de pesos ofrecidos por el tesorero de Malova, el tesorero de Quirino Ordaz por su parte diera por resuelto un desvío de 293 millones de pesos”.

“Es decir se trató de recursos federales por su naturaleza etiquetados pero aparentemente no ejercidos en su momento. Aunque en el mejor de los casos se trató de recursos etiquetados, usados en otros fines, en una versión en la que coinciden las justificaciones tanto del ex tesorero Villarreal, como el gobierno de Quirino Ordaz, lo cierto es que hasta ahora ni uno ni otro gobierno y menos la Auditoría Superior, han podido determinar la precisión de ese destino y menos si habiéndose utilizado el dinero desviado”.

Aquí Garzón explicó que la suma de los desvíos la complementan los 293 millones del caso Villarreal; los mil 300 del IPES y los más de 954 millones del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, además de los 3 mil 520 millones de créditos bancarios obtenidos en el último año de Malova.