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Alan García, ex Presidente de Perú, muere tras dispararse en la cabeza antes de ser detenido por caso Odebrecht
Sufrió tres paros cardio-respiratorios en la sala de operaciones; fue Mandatario peruano en dos periodos
Sinembargo.MX
17/04/2019 | 08:45 AM
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Foto: Sinembargo.MX

LIMA (SinEmbargo)._ El ex Presidente Alan García de Perú murió este miércoles luego de haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, de acuerdo con medios locales, reprodujo la agencia española EFE.

Antes, la Ministra de Salud, Zulema Tomas lo reportó en “situación muy grave” e indicó que estaba siendo operado y que había sido reanimado luego de sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, informó que el ex gobernante presentó un disparo de arma de fuego en el cráneo “con orificio de entrada y salida” y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaban en la operación.

En medio de una gran confusión, el dos veces Presidente peruano (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y poco después, su hijo ingresó rápidamente al hospital.

 

Iban a arrestarlo, pero se dispara en la cabeza

Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima, al momento de ser detenido por orden de la Justicia peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Fuentes médicas consultadas por EFE indicaron que el parte médico inicial con el que el ex Presidente fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa recogían un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza.

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieran a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que Nava y su hijo, José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El martes, García calificó de “especulación” que lo vinculen con los presuntos sobornos que recibió su ex Secretario por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la construcción de una línea del Metro de Lima.

“Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”, aseguró García en su cuenta de Twitter.

El ex Mandatario se defendió así de los recientes hallazgos hechos por la Fiscalía, al encontrar que Odebrecht consignó más de 4 millones de dólares en cuentas de Luis Nava, quien fue secretario de Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), y de su hijo José Antonio Nava.

Estas transacciones proceden de la Caja 2 de Odebrecht, la cuenta oculta con la que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos en una docena de países de Latinoamérica, según relevó el domingo IDL-Reporteros.

Los beneficiarios de estas operaciones tenían como seudónimos “Chalán” para Nava y “Bandido” para su hijo, identificación confirmada por la constructora.

Además, Nava también recibió en sus cuentas más de un millón de dólares que Odebrecht transfirió inicialmente al ex vicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala en 2007, en una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

García también rechazó este martes en declaraciones al Canal N de televisión conocer el sobrenombre de “Chalán”. “De ninguna manera tenía conocimiento de ningún acto ilícito. En absoluto me suena el nombre de ‘Chalán'”, aseguró.

Asimismo, señaló que esperaba que las investigaciones reveladas fueran “documentadas, comprobadas y ratificadas por las personas”, en relación a los descargos que deberán hacer Nava y Atala.

“Considero que debemos esperar la respuesta de los señores Atala y Nava. Estoy seguro de que lo podrán aclarar”, manifestó García, quien gobernó Perú entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011.

También indicó que estaría atento al interrogatorio que los fiscales peruanos realizarán la próxima semana al ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien se reunió una veintena de veces con García cuando este era Presidente y puede dar mayor información como parte de la delación premiada acordada con el Estado peruano.

“Espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos y que el 23 (de abril) el señor Barata termine con esta telenovela y haga la declaración ante los fiscales peruanos””, agregó.

En relación al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por la Fiscalía por el caso Odebrecht y que se mantiene en una detención por 10 días, García señaló que le parecía “un exceso”.

“Me parece que a una persona que está impedida de salir del país, que tiene movilidad restringida, es un absurdo exponerlo a eso. Prisión domiciliaria es lo máximo que podrían hacer con él”, apuntó.

García era investigado por la Fiscalía peruana, con impedimento de salida del país, por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El ex Presidente intentó recientemente eludir la investigación al solicitar asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, pero se lo denegaron, al contrario que en los años 90, cuando consiguió refugiarse en Colombia y luego en París para evitar un juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

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