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AMLO debe acercarse a indígenas. Mi premio no significa cercanía, dice Obtilia, premio DDHH 2019
El 2019 no ha sido un año sencillo para ella. Fue secuestrada junto a su compañero de organización Hilario Cornelio Castro y se ha tenido que apartar de su familia
Sinembargo.MX
02/01/2020 | 1:23 PM
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Foto: Sinembargo.MX

Guerrero (SinEmbargo).– Obtilia Eugenio Manuel es una mujer invencible. La activista galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, nació en el pueblo Me’Phaa (tlapaneco) de Barranca de Guadalupe, en Ayutla, Guerrero, de acuerdo a una entrevista publicada por el colectivo Pie de Página.

Durante su vida ha resistido represiones constantes. Pero también ha exhibido atrocidades del Ejército y autoridades locales; ha alzado la voz, incansable. Ha vencido y perdido.

Obtilia traduce la impunidad. Tiene una línea de tiempo de represión en el cuerpo. Sabe de dolor, de sufrimiento, de resistencias y alegrías. En entrevista con Pie de Página hace un recuento de los sucesos que la llevaron a ser una activista por los derechos humanos desde que en 2002 fundó —junto con su compañero de vida, Cuauhtémoc Ramírez— la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), de la cual 47 integrantes tienen medidas cautelares por amenazas.

Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el reconocimiento de derechos humanos por su “destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de las garantías básicas”.

Los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) votaron por unanimidad.

El premio le fue entregado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, durante la conferencia a la que participó Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo.

-- ¿Con este premio, López Obrador cumple su compromiso con los pueblos indígenas?

"Creo que se debe de acercar con los pueblos indígenas. Que yo tenga este premio no significa una cercanía. Para mí es un reconocimiento como mujeres indígenas, como pueblos indígenas que soy, para mí es importante. No es tanto mi trabajo del que se ha hablado, el trabajo es lo que siempre, es lo que habla, no es lo que yo diga: ahí está".

El 2019 no ha sido un año sencillo para ella. Fue secuestrada junto a su compañero de organización Hilario Cornelio Castro y se ha tenido que apartar de su familia.

Desde su exilio forzado dice que se siente fuerte, pero por encima de todo está su familia: sus hijos, su esposo, todo lo que le queda en la zona pe’phaa de Ayutla.

Desde 2005, Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), acompaña a la OPIM por la gravedad de las amenazas de muerte que Obtilia recibió después de denunciar la violación de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002, y por pedir justicia por otras violaciones de derechos humanos, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998, la militarización de la zona por considerarla un foco guerrillero y masacres históricas como la de El Charco en 1998.

Además, Amnistía Internacional tomó como presos de conciencia a cinco integrantes de la OPIM apresados de forma injusta en 2008, y tiene acompañamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por su trabajo de denuncia en Ayutla.

A Obtilia y a su familia, esto les ha costado la tranquilidad.

SER MUJER INDÍGENA

El problema en este país es la impunidad. Su organización tiene aún 20 presos políticos, entre ellos su hermano, porque prevalece la discriminación y hay un desdén con los pueblos indígenas. Pero quienes lleva la peor parte, dice, son las mujeres indígenas.

“Es el problema en el país, y es peor para las mujeres indígenas: no nos toman en cuenta”, insiste.

Obtulia ve que en pleno 2019 las autoridades en los pueblos indígenas son hombres y no entienden los problemas específicos de las mujeres:

“Porque ellos son hombres y tienen ideas diferentes que una mujer; no sienten los mismos dolores, ni sufren por las mismas situaciones”.

Es complicado, incluso, que los hombres atiendan a las mujeres castellanas o mestizas ( “yo las conozco así”), dice la activista.

En el caso de las indígenas hay un elemento extra para poder acabar con la impunidad: la lengua.

“A pesar de que hay tantos problemas para poder hablar en español, porque muchas mujeres no saben hablar en español, siempre necesitan los traductores. Y para mí no es que ese reconocimiento se va a hacer en la justicia como nosotras lo deseamos. Y para mí eso va a costar más tiempo. Hemos quejado ante la justicia también porque no se aplica como se debe de aplicar”.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS

Para contar la historia de su organización, Obtilia empieza poco a poco. Dice que a finales de la década de los 90 hubo un intento de organización entre los pueblos na savi (mixteco) y me’phaa (tlapaneco) de Guerrero, pero era muy difícil gestionar recursos y traducir en dos idiomas. Las asambleas se volvían eternas y al final se separaron, pero siempre denunciaron el acoso militar, porque el Gobierno creía que en esos territorios se anidaba la guerrilla.

“Se tuvo que denunciar, algunas mujeres se quedaron calladas porque tienen miedo de denunciar, porque son militares. Yo sufrí desde niña por varias cosas. A mi papá, que se dedica a sembrar caña, a hacer panela, a sembrar fruta, es un derecho que tenemos todos: tener derecho a la salud, tener derecho a las comunidades. Él sembraba jamaica y lo balearon”.

A ella le da coraje que aunque haya muchos programas de política social, el Gobierno los maneja discrecionalmente. Para las comunidades indígenas todo es más complicado, dice, pues como no saben hablar español no acceden a muchos beneficios.

Ahora, cada vez más niños hablan español, porque esa ha sido la única forma para que los indígenas puedan acceder a derechos en México. Pero eso ha tenido un costo enorme, pues la lengua se está dejando de hablar en la infancia.

Obtilia, por ejemplo, no tiene acceso a la salud, nació con una partera, no fue vacunada y vio morir a cientos de vecinos que tampoco tuvieron ese beneficio.

Recuerda represiones vividas a cambio de servicios. La más atroz: la esterilización de más de 30 indígenas a cambio de la construcción de dos hospitales.

Los esterilizaron sin su consentimiento, pero les prometieron hospitales en las comunidades de El Camalote y otras de la zona mixteca que jamás llegaron.

LA LÍNEA DE IMPUNIDAD

Obtilia recuerda desde 1998 las violaciones a derechos humanos en su comunidad:

“Ese año también encarcelaron a uno de mis compañeros y salió. Y ya en 2002, nosotros formamos una organización, la OPIM, donde nuestras compañeras fueron violadas por militares y se denunció, no se pudo conseguir justicia en nuestro país, se tuvo que buscar a otro lado y ello se ganó, ellos pudieron denunciarlo y yo las apoyé en las traducciones”, dice.

“En el año 2001 encarcelan a mi hermano porque él era el que promovía que nosotros tuviéramos derechos de salud, educación. Encarcelan a mi hermano, estuvo dos años. Salió, tuvimos que lucharlo. En el año 2004, mi prima que era muy comprometida que la matan a ella junto a su mamá y a otro de sus hermanos. Los mataron. Para eso no hubo justicia y no hay detenidos para eso. Donde yo siempre he sido amenazada por personas civiles, yo sé que son militares pero van vestidos de civiles, yo he presentado denuncias a eso, tengo muchas denuncias pero no se aplica. Le he dicho el nombre de las personas, quienes son, las comunidades, no hay justicia”.

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