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Federación, en la mira
Ataque a Chihuahua por temor de EPN de llegar a tribunales: Abogado
El abogado, que tiene ya una historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene trazado el plan
Sinembargo.MX
18/01/2018
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MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Chihuahua inició la investigación para lograr la detención y extradición del ex Gobernador César Duarte Jáquez, y en el camino se topó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su decisión de no transferir los recursos que, por Ley, le corresponden.

El actual Gobernador del estado norteño, Javier Corral Jurado, notó que era necesario iniciar una estrategia jurídica y solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa estrategia.

El abogado, que tiene ya una historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene trazado el plan: se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal generada por una afectación presupuestal y porque existe la intención de impedir al Gobierno de Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha contra la corrupción, previstas en el Artículo 113 de la Constitución.

“Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a César Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en entrevista con SinEmbargo.

Desde su perspectiva este caso no tiene margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.

En el fondo, dice, lo que está de por medio es el “miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a prisión. Ese miedo hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta que es que lo que vemos con [el caso] Chihuahua”.

Lo que el Gobierno de Peña Nieto quiere impedir, añade, es la extradición del ex Gobernador sin tener control de los alcances de la investigación, como dice que lo tuvo en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa y en Quintana Roo con Roberto Borge Angulo.

–¿Cómo describiría una batalla en la que se lucha contra Hacienda?

–No creo que ese sea el rival. El rival es el sistema y es mucho más que sólo la Secretaría de Hacienda. Pensamos presentar ante la SCJN, me parece el lugar privilegiado para el diálogo democrático; es un lugar privilegiado para llevar los temas de la agenda nacional y este, el de Chihuahua es uno de ellos, porque tiene que ver con la Constitución, tiene impacto federal y está en medio de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Labor de la Fiscalía

Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del PRI en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros miembros del tricolor, como el ex dirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones, y el ex secretario general adjunto priista, Alejandro Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250 millones de pesos.

Para Javier Corral, esto es una señal de que el Presidente Peña está preocupado por los alcances de las investigaciones contra Duarte y contra quien resulte implicado.

Por eso dice que si el Gobierno no claudicará, pero Chihuahua tampoco lo hará en su lucha contra la corrupción.

No obstante, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, ha señalado que se “le ha cumplido a los chihuahuenses”, entregando, a través del Gobierno del Estado, los recursos económicos que le corresponden por ley.

El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.

Datos obtenidos de un estudio elaborado por México Evalúa, muestran que este fondo durante el 2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos.

La entidad que más recibió fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.

“Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al Gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno”, sostuvo Díez.

 

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