"Comerciantes de Culiacán buscan 'tumbar' por la vía penal el uso peatonal de calles del Centro"

Un grupo de comerciantes establecidos en la Calle Morelos se presentó en el Congreso del Estado para solicitar transparencia en las decisiones que se han tomado desde el Ayuntamiento de Culiacán, entorno a la pandemia por coronavirus.

"Estamos apelando a todas las autoridades, como al Fiscal, al Congreso, que deben estar atentos a todos los problemas sociales para resolverlos y tomar medidas para que no vuelvan a suceder", dijo Isidro Ángel Sánchez Ramos comerciante, de la zona.

El grupo, compuesto por una decena de locatarios, representa los intereses de los comerciantes que se encuentran por la calle José María Morelos en el centro de la ciudad.

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De acuerdo a Sánchez Ramos el 7 de julio acudieron a la Fiscalía General del Estado para hacer entrega de una denuncia contra el Ayuntamiento de Culiacán por obstrucción de las vías de comunicación.

"Nos dijeron que nos iban a recibir la denuncia y que la iban a turnar, hasta la fecha no nos han dicho nada", comentó.

Este sería un tercer movimiento organizado de locatarios del primer cuadro de la ciudad.

El primero tuvo su aparición a principios de junio y corresponde a la Unión de Locatarios del Centro de la Ciudad de Culiacán, representados por el propietario de salones de eventos Miguel Ángel Millán Meza, y el segundo grupo aglutina a los comerciantes del mercado Gustavo Garmendia, liderados por el presidente del centro de abastos, Manuel Palomera Mercado.

Los mercaderes de la Calle Morelos señalaron que se oponen a la decisión de Gobierno municipal de la peatonalización del primer cuadro de la ciudad, al igual que el grupo de la Unión de Locatarios del Centro de la ciudad, pero se deslindaron de las manifestaciones realizadas por los mismos, reproduciendo el posicionamiento de los locatarios del mercado Garmendia.

"Aunque sea autoridad necesita fundamentar y hacerlo por escrito todo acto tiene que ser fundamentado y por escrito", expresó Sánchez Ramos.

La solicitud que entregarán al Congreso del Estado de Sinaloa consiste en cinco términos: la creación de un sistema para corregir y hasta destituir a funcionarios que impongan su voluntad sin reparar en los intereses de los ciudadanos, señalamiento de una lista que priorice las necesidades públicas, rendición de cuentas de recursos públicos vía internet, la institución de demandas contra funcionarios públicos por daños causados en el indebido uso de sus funciones, y la promulgación de una Ley que suspenda gastos públicos no esenciales en situaciones de emergencia tales como la actual pandemia para destinarlos a personas que no cuenten con un sueldo fijo.