"Denuncian nuevo fraude en ingenio de Los Mochis"

LOS MOCHIS._ Los representantes legales de la empresa Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos, denunciaron un nuevo fraude cometido por los ex dueños del Ingenio Los Mochis, contra quienes ya buscan iniciar un proceso legal por el delito de fraude genérico.

Francisco Javier Paredes Alvarado, representante legal de Coppasa, y el abogado asesor Misael Alejandro Vázquez Castillo, señalaron una supuesta simulación jurídica con la que se vendieron los terrenos del Lote 08 a una empresa de reciente creación, para después donar la mitad al Ayuntamiento de Ahome.

Paredes Alvarado apuntó que dicho lote les fue concedido dentro de las providencias precautorias bajo la causa penal 407-2018, por lo que estaba embargado, y acusaron al Subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno del Estado, Ramón Murguía Aguirre, de intervenir para que aun así la transacción de venta pudiera realizarse.

“Ese lote fue vendido a la empresa Fintac, y de inmediato, ésta dona alrededor del 50 por ciento del lote al Ayuntamiento. Gracias a esa maroma que se aventaron, pues acaban de cometer otro fraude, llamado fraude procesal, sobre el cual ya se inició una investigación”, expuso.

“Hay una simulación jurídica en la compra-venta de ese lote, involucrando a personajes muy importantes del Gobierno estatal actual, entre ellos el Subsecretario de Normatividad, el cual tiene una relación muy cercana con la compañía Fintac”, añadió.

Según el empresario, la compañía Fintac es originaria de Culiacán, y fue creada específicamente para realizar dicha transacción, con un monto de entre 20 y 30 millones de pesos. Y aseguró que Murguía Aguirre es familiar de uno de los socios de Fintac.

“Señor Gobernador, revise a sus muchachos, qué andan haciendo, ya que anda ahí con la limpia en el gabinete, pues ahí le va el otro, que es el Subsecretario de Normatividad, quien ayudó a hacer este movimiento”, advirtió en un mensaje para el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En la sesión del Cabildo celebrada el lunes, los regidores ahomenses votaron a favor de que el Ayuntamiento reciba en donación por parte de la empresa Fintac cuatro fracciones de terreno, con un total de 6 mil 885.45 metros cuadrados, que se segregan del Lote 08. Una de esas fracciones de terreno, de 3 mil 171.70 metros cuadrados, fue solicitado en comodato por el patronato de la Impulsora de la Cultura y de las Artes, presidido por Pilar Artola de Salido.

El abogado Misael Alejandro Vázquez Castillo explicó que el Lote 08 estaba incluido en el fideicomiso F-291, firmado entre Deutsche Bank y Compañía Azucarera de Los Mochis, como garantía.

Cuando la empresa Coppasa denunció penalmente a Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y José Manuel Arreola, por un fraude genérico que ronda los 6 millones de dólares, e incluyeron el embargo del Lote 08 en sus pretensiones procesales. Pero mes y medio después se registró la compra del lote por parte de Fintac.

Vázquez Castillo dijo que los tres ex dueños del ingenio ‘se siguen burlando de la procuración de justicia’ con la connivencia de la Fiscalía del Estado, pero amenazó con solicitar una alerta roja comercial en Estados Unidos y China.

"El estado de Sinaloa es el único en el que se tiene como probables responsables a unas personas, pero a la vez se les protege”, criticó.

ANTECEDENTE

Un Juez de Control giró orden de aprehensión contra Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Manuel Arreola Macías, al no comparecer en una audiencia de vinculación a la que habían sido citados el 25 de mayo, pues la empresa Coppasa busca iniciar un proceso penal en su contra por el delito de fraude genérico.

Se les señala de haber cometido un fraude mayor a los 4 millones de dólares, pero que por gastos realizados posterior al hecho, la deuda asciende a los 6 millones de dólares.

Los ex dueños del Ingenio Mochis consiguieron un amparo para evitar esa orden de aprehensión, pero la audiencia inicial fue programada para el 23 de julio, y tendrán que presentarse.

Como parte de este proceso, se mantienen ‘congeladas’ 12 cuentas bancarias y tres empresas de los investigados, como ‘providencias precautorias’ en exigencia del pago de los 6 millones de dólares. Las empresas inmovilizadas son Procavelf y Tamandaro, propiedad de De la Vega, y Agrocapital del Noroeste, de Elizondo. Esta última, es una de las principales operadoras de Grupo Ceres.