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Polemizan por propuesta
Derribará Argentina aviones de narcos
El Presidente firma un decreto para enfrentar los vuelos clandestinos
AP
21/01/2016 | 7:23 PM
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Foto: AP

BUENOS AIRES (AP)._ El gobierno argentino defendió ayer un decreto que declaró la emergencia en seguridad y que contempla el derribo de aviones que no se identifiquen, como los usados por el narcotráfico.

El Secretario del Consejo de Seguridad Interior Gerardo Milman dijo a Radio 10 que la aplicación de esta medida será “excepcional” ya que antes de derribar una aeronave cargada de drogas habría que poner en marcha un protocolo conformado por “siete pasos”.

El gobierno del Presidente Mauricio Macri, que asumió hace poco más de un mes, declaró la víspera en un decreto “la emergencia de seguridad pública” por un año con la posibilidad de prorrogarla por el mismo período, ante la “situación de peligro colectivo” ocasionada por el “delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”.

El Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco tildó de hipócritas las críticas que recibió el decreto por parte de la oposición al recordar en declaraciones a medios de prensa que “en los últimos 10 años en nueve oportunidades se estableció un decreto secreto por el cual durante varios días se le permitía a la fuerza aérea y al Ministerio de Seguridad actuar en este sentido”.

El funcionario se refirió así al periodo en que gobernó la Presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y parte del mandato de su difunto esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Al respecto, Burzaco indicó que “existía este protocolo de actuación” para garantizar la seguridad durante las visitas de presidentes a cumbres celebradas en el país.

Además señaló que “nueve de los 10 países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo” y citó los casos de Bolivia, Chile, Colombia y Perú.

Opositores que han actuado como aliados del gobierno en otras políticas, criticaron el tramo del decreto que establece la aprobación de reglas de protección aeroespacial que serán aplicadas por las fuerzas armadas “orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”.

La medida señala que serán declaradas “hostiles” aquellas aeronaves cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional.

La diputada centroizquierdista Margarita Stolbizer afirmó en su cuenta de Twitter que “aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles” y pidió que haya “debate” y “consenso” para la lucha contra el narcotráfico.

“Los países que tienen leyes de derribo no han disminuido el problema del narcotráfico”, dijo y recomendó trabajar en controlar las aduanas y evitar la corrupción política y policial.

Peronistas opositores y otras fuerzas también cuestionaron la medida e indicaron. La diputada izquierdista Myriam Bregman afirmó que se ha establecido “la pena de muerte por decreto sin juicio previo”.

Agustín Rossi, ministro de defensa durante el gobierno de Fernández, dijo a Radio2 que “existe la posibilidad de que se produzcan víctimas inocentes” al señalar que “en muchas de estas situaciones son vuelos irregulares, no por narcotráfico, sino que no tienen plan de vuelo” y criticó que “se involucre a las fuerzas armadas en seguridad interior... se modifica la ley de defensa y seguridad interior”.

En Perú una avioneta fue derribada en 2001 en el marco de un activo programa de combate al narcotráfico en colaboración con fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad peruanas derribaron una avioneta donde viajaban misioneros estadounidenses. El error derivó en la suspensión de las operaciones para capturar avionetas cargadas de drogas. El 12 de enero pasado Perú reactivó el derribamiento de avionetas.

El gobierno argentino sostiene que en 2014 fueron detectados 400 vuelos clandestinos pese a las dificultades que existen con los radares instalados y que el país se ha convertido en los últimos años en un exportador de cocaína. 

También anunció que en marzo enviará un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el decreto.

La Iglesia Católica y la Corte Suprema de Justicia han alertado sobre el avance del narcotráfico en el país y su incidencia en el incremento de la delincuencia.

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