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OPINIÓN
DESDE LA CALLE Un negocio tan rentable como el narcotráfico, que paga las campañas
En su columna, Iliana del Rocío Padilla Reyes habla sobre lo lucrativa que puede ser la corrupción en el desarrollo urbano, equiparándola con otras actividades ilícitas
Iliana del Rocío Padilla Reyes
09/06/2018 | 03:59 AM
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A través de la respuesta de Carlos Fernando Galán, ex senador colombiano, al ser cuestionado en entrevista para “Semana”, se describe cuán lucrativa ha resultado la corrupción en el desarrollo urbano, equiparándola con otras actividades ilícitas como el narcotráfico. En sus palabras:

 

La corrupción urbanística es un negocio tan o más lucrativo que el narcotráfico. Es una grieta invisible por la que se están filtrando billones de pesos que terminan en manos de funcionarios públicos corruptos que se han enriquecido exorbitantemente en la cara de todos sin ni siquiera ser investigados.

Carlos Fernando Galán

 

Esta misma rentabilidad que describe Galán en las ciudades colombinas, ha tenido la corrupción en el desarrollo urbano en México. Y es que éste es uno de los tipos de corrupción que menos se ha castigado y que permanece prácticamente invisible en el discurso de medios de comunicación, activistas, y por supuesto políticos. Si acaso los académicos, en sus libros, artículos y foros, llegan a levantar la voz y pedir que se reconozca la problemática y se castigue a quienes se han beneficiado perversamente del desastre urbano, por las consecuencias tan graves que genera.

El tema se había mantenido casi alejado de la discusión pública, pero esta semana se asomó en los medios con la difusión del video donde presuntamente Anaya y su grupo político-empresarial participaron del tráfico de influencias incrementando el valor del suelo de ciertas propiedades para obtener recursos con lo que en parte se ha financiado la campaña.

En realidad, la atención se ha concentrado en los ataques contra Anaya, y muy poco en la descripción que se hace en el video de cómo operan los grupos que desde el poder ejercen este tipo de corrupción, que no solo ha financiado una campaña política, sino muchas en los diferentes estados. En el área metropolitana de Querétaro, por ejemplo, se ha estimado que en el gobierno de Francisco Garrido (2003–2009), en el que Anaya fue operador político, se cambiaron los usos del suelo de 18 mil hectáreas, de lo cual se obtuvieron ganancias ilícitas de 9 mil millones pesos. Además de estos, se deben sumar las obras públicas que se adjudicaron para incrementar aún más el valor.

Así como Querétaro, Culiacán, en Sinaloa, es uno de los ejemplos de ciudades mexicanas donde los poderes públicos en todos los niveles de gobierno, han otorgado facilidades, en ocasiones desmedidas y difíciles de explicar, facilitando cambios de usos del suelo y autorizaciones a los inversionistas inmobiliarios en las periferias lejanas cuando hay suelo servido disponible en el interior y en la periferia inmediata para hacer frente a los requerimientos de vivienda, ante la falta de orden y de la correcta aplicación de los instrumentos de planeación.

Además de que obtienen recursos de manera ilícita, que después lavan a través de las campañas, ocasionan caos en las ciudades, llevando el desarrollo inmobiliario hacia la periferia donde encuentran suelo más barato al que incrementan el valor. Generan mayor tráfico, inseguridad, contaminación y muchos otros costos que afectan la calidad de vida de todos.

Mientras tanto, lo ciudadanos seguimos sin cuestionarnos por qué tanto interés por obras que son elefantes blancos en las periferias de la ciudad, que ocasionaron que se invirtiera en servicios y vialidades, y al poco tiempo surgieron desarrollos inmobiliarios en los alrededores. ¿Por qué llevar, por ejemplo, el desarrollo hacia la “ciudad educadora”? ¿Quiénes se beneficiaron con esa obra? ¿De quiénes eran esos predios (realmente)? Cuando el Gobernador anuncia que ampliará esa carretera… ¿a quiénes está beneficiando?

Ante tal situación, es imperante la creación de organismos ciudadanos que generen datos certeros para evaluar la correcta aplicación de los instrumentos de desarrollo urbano y así podamos comprobar que las obras en la ciudad realmente nos benefician a todos y no a unos cuantos. En la próxima columna escribiré sobre la importancia de estos observatorios, su urgencia y la carencia de capacidades en las ciudades sinaloenses.

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