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Violan la Ley de Derechos de Niñas y Niños lo dicho por la Procuradora del DIF en Culiacán
De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en el artículo 72, fracción VI, las autoridades estatales y municipales deberán evitar la revictimización, o violación a los derechos humanos de las víctimas
Belem Angulo
10/09/2020 | 4:06 PM
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Foto: Noroeste

Los comentarios vertidos por la Procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF Culiacán, Silvia Liliana Pimentel Villalobos, quebrantan la Ley estatal en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que revictimizan a las jovencitas que fueron encontradas asesinadas y carbonizadas la semana pasada en el ejido El Huizache, en Costa Rica.

De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en el artículo 72, fracción VI, las autoridades estatales y municipales deberán evitar la revictimización, o violación a los derechos humanos de las víctimas.

"Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos", establece la Ley.

Además, en la fracción IV de la misma Ley se instaura el derecho a la intimidad de las víctimas.

"Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de la Ley General, esta Ley y las demás aplicables", dice el documento.

El pasado 2 de septiembre fueron localizados los restos de dos jovencitas asesinadas a balazos y carbonizadas, en el ejido El Huizache, sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

Andrea Lizeth"N" de 14 años y Brenda Guadalupe, "N" de 16, fueron identificadas por sus familias.

Este miércoles se publicó por un medio de comunicación local que Liliana Pimentel Villalobos, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Culiacán, calificó como “ingobernables” a las adolescentes.

"Al parecer eran unas adolescentes que los padres no reportaron como extraviadas, que no hubo la cultura de la Alerta Ámber, que no hubo la cultura de la denuncia de la desaparición, porque la mamá de una de ellas es adicta, son niñas ingobernables, de las que 'ahorita vengo, ya me voy' o andan en calle y los padres no cuidan”, señaló la funcionaria.

“En el grupo de procuración pusieron 'son las chicas que desaparecieron'; entonces, me dice un comandante: no, me dijo, son homosexuales, son transexuales. Ah, OK, me fui tranquila”.

Durante la entrevista, la funcionaria también reveló el domicilio de las víctimas y las condiciones de su desaparición.

El romper la Ley podría sancionarse con un juicio político, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

"Son sujetos de Juicio Político (...) el Procurador General de Justicia y los Jueces de Primera Instancia, así como los Titulares y Directores o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que integren la administración pública paraestatal o paramunicipal"

"Son causas que lesionan los intereses públicos fundamentales o su buen despacho: La violación grave a disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la del Estado, o de las leyes que de ellas emanen", define la Ley en su artículo 9.

 

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