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El día más largo de El Chapo
El capo sinaloense recibirá este miércoles la condena, que puede ser de 30 años de prisión o hasta cadena perpetua
Noroeste / Redacción
16/07/2019 | 3:33 PM
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Foto: Noroeste

El futuro del mítico capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", será definido este miércoles 17 de julio, cuando el juez federal estadounidense Brian M. Cogan le dicte condena en una sala de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a las 09:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

El Chapo -extraditado a EE.UU., el 19 de enero de 2017- fue encontrado culpable tras el llamado “Juicio del Siglo”, el más caro y largo en la historia de los Estados Unidos, que comenzó exactamente el 13 de de noviembre de 2018, en la Corte Federal ubicada en Brooklyn.

En un inicio, la Fiscalía neoyorquina imputó al narcotraficante un total de 17 cargos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, en octubre de 2018, ante las miles de evidencias y decenas de testigos en contra del capo, y con el objetivo de “agilizar el caso”, el Gobierno estadounidense retiró 6 imputaciones, y luego una más, para quedar un total de 10.

Tres meses después de haber iniciado el juicio, y tras 35 horas de deliberación, los 12 miembros del jurado declararon el 12 de febrero, por unanimidad, al Chapo de ser el principal operador del Cártel de Sinaloa, la principal acusación, misma que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas, y una conspiración para cometer asesinato.

El jurado número once y portavoz del tribunal popular entregó al juez Brian M. Cogan, encargado del caso, un papel con la decisión, que fue leída por el magistrado tras advertir a los asistentes en la sala 8D de la Corte Federal, de que no podían expresar reacción alguna a la lectura del veredicto.

Se hizo el silencio en la sala y el juez transmitió que la decisión del jurado fue de condenar por los diez cargos a El Chapo, pero que no llegó a la unanimidad para esa decisión en dos violaciones de uno de los cargos, concretamente centradas en distribución de cocaína en 2007, y otra de marihuana, en 2012.

El Chapo escuchaba a través de unos audífonos la traducción simultánea, mientras el juez leía el veredicto. Guzmán Loera, con rostro inmutable, miraba de frente a los jurados, quienes parecían evitar el contacto visual con el capo.

La defensa del capo sinaloense pidió al juez Cogan que preguntara a cada uno de los 12 miembros del tribunal popular, para confirmar la exactitud del veredicto.

Cada uno dijo “sí”, en rápida sucesión, sin vacilación.

Después de confirmar el veredicto, el juez Cogan agradeció al jurado por ser tan cuidadoso y metódico en sus deliberaciones: “la forma en que lo hizo fue realmente notable y francamente me hizo orgulloso de ser americano”, señaló el magistrado.

El Chapo se veía un poco aturdido cuando se leyó el veredicto del jurado. Buscó los ojos de su esposa Emma Coronel Aispuro mientras estaba siendo escoltado por los alguaciles -equipados con cascos, gafas de visión nocturna y chalecos antibalas- fuera de la sala de audiencias.

El capo sinaloense, de 61 años, asintió con la cabeza en varias ocasiones. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero mandó un beso y le mostró el pulgar hacia arriba a su marido, en señal de optimismo, después de apoyarlo durante casi todo el juicio.

En total, El Chapo fue declarado culpable de los 10 cargos incluidos en la acusación, entre los cuales están tráfico de narcóticos, utilización de arma de fuego para perpetrar crímenes relacionados con las drogas, y participación en conspiración para lavar dinero.

Ante el veredicto del tribunal popular, el juez Brian M. Cogan citó al acusado para acudir a la Corte Federal el 25 de junio a las 10:00 horas (tiempo local), para escuchar la sentencia, misma que podría ser de cadena perpetua sin derecho a fianza.

Todo apunta a que tras la sentencia, la Oficina Nacional de Correccionales estadounidense sugerirá que el capo sinaloense sea enviado al Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florence, también conocido como ADX o Super Max, donde también están recluidos otros narcotraficantes mexicanos, enemigos del Chapo, como Francisco Javier Arellano Félix, Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén, estos últimos ex líderes del Cártel del Golfo.

LAS IMPUTACIONES DE LA FISCALÍA

La Fiscalía estadounidense comprobó durante el juicio, que Guzmán Loera era el principal cabecilla del Cártel de Sinaloa, una organización narcotraficante que operaba desde México, responsable de la importación y distribución de “vastas” cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.

La evidencia presentada durante el juicio, incluyó el testimonio de 14 testigos; decomisos de narcóticos que superan los 130 mil kilogramos de cocaína y heroína; decomisos de armas que incluyen AK-47 y lanzagranadas; archivos de contabilidad; mensajes de texto; videos; fotografías y grabaciones interceptadas.

Todas estas evidencias presentadas por la Fiscalía detallan la actividad ilícita de Guzmán Loera y sus cómplices, a lo largo de un periodo de 25 años (desde enero de 1989 hasta diciembre de 2014).

Además, en repetidas ocasiones, El Chapo fue señalado por los testigos como uno de los cabecillas del Cártel sinaloense.

La Fiscalía neoyorquina también comprobó que Guzmán Loera supervisó el contrabando de decenas de miles de kilogramos de narcóticos, desde Centro y Sudamérica, para su distribución al mayoreo en Arizona, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York y otras grandes urbes de los Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno de EE.UU. pudo comprobar que los miles de millones de dólares generados ilícitamente a partir de la venta de drogas en los Estados Unidos eran transportados de manera clandestina hacia México.

Además, Guzmán Loera también utilizó a sicarios para llevar a cabo cientos de actos de violencia en México, para así mantener el control del Cártel de Sinaloa en ciertos territorios, y eliminar a los que representaban una amenaza.

El Chapo utilizó diversos métodos para transportar las drogas a los Estados Unidos, incluyendo submarinos, aviones de fibra de carbono, trenes con compartimientos secretos y túneles transnacionales.

Múltiples testigos narraron durante el juicio incautaciones contra el Cártel de Sinaloa, que incluyeron cantidades masivas de cocaína, heroína y marihuana.

Por ejemplo, una de las mayores incautaciones de drogas dirigidas a los EE.UU, involucró más de 7 toneladas de cocaína escondida en latas de chiles jalapeños.

El jurado también escuchó grabaciones incriminantes de la voz de Guzmán Loera en que hablaba de narcotráfico, actos de corrupción, violencia, y sobre enviar metanfetaminas a Los Ángeles, Minneápolis, Ohio y Tucson.

Guzmán Loera también utilizó una sofisticada red de comunicaciones encriptadas para operar su red global de narcotráfico.

Como testificó Christian Rodríguez, ingeniero colombiano en tecnología de información, Guzmán Loera le pagó un millón de dólares para comprar y establecer una red.

Ésta le permitió al acusado comunicarse vía internet con sus socios en Colombia, Ecuador, Canadá y los EE.UU. sin temor a ser interceptado por las fuerzas de la ley o sus rivales.

El ahora testigo protegido desarrolló un sistema secreto e inviolable que consistía en teléfonos celulares y aplicaciones encriptadas.

“El éxito del Cártel de Sinaloa se basó en el uso de la violencia para mantener su poder en toda la región y más allá. Numerosos cómplices declararon que Guzmán Loera ordenó a sus sicarios que secuestraran, interrogaran, torturaran y dispararan a miembros de organizaciones rivales de drogas, a veces llevando a cabo actos de violencia por sí mismos”, dice un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Isaías Valdez Ríos, alias “Memín”, ex guardaespaldas y ex sicario de Guzmán Loera, declaró que el Chapo golpeó a dos hombres con una rama de árbol, hasta que sus cuerpos “quedaron completamente como muñecos de trapo”, antes de disparar contra las víctimas y ordenar que sus cuerpos fueran arrojados a una hoguera.

El mismo ex sicario también declaró que Guzmán Loera interrogó a un miembro del cártel rival, le disparó y ordenó que lo enterraran vivo.

En una llamada interceptada, el jurado escuchó a El Chapo ordenar a uno de sus sicarios que secuestrara a miembros del cartel rival, pero que no los matara sin antes consultar con él.

“El Cártel de Sinaloa tenía acceso ilimitado a las armas. Un testigo de la ley mostró al jurado más de 40 armas AK-47 que fueron incautadas en El Paso, Texas, antes de que pudieran ser entregadas a Guzmán Loera en México”, dice el mismo comunicado del Gobierno estadounidense.

Además, los testigos identificaron fotografías de varias armas, incluidas granadas y un lanzagranadas utilizado por el Cártel de Sinaloa. El arsenal personal de Guzmán Loera incluía un arma AK-47 chapada en oro y tres pistolas calibre .38 con incrustaciones de diamantes, una adornada con sus iniciales, “JGL”.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que, para promover los intereses del Cártel de Sinaloa, Guzmán Loera y su organización aprovecharon una vasta red de funcionarios gubernamentales corruptos, que iban desde oficiales locales, guardias de prisiones, funcionarios estatales, miembros de alto rango de las fuerzas armadas, así como políticos.

Estos funcionarios corruptos ayudaron a Guzmán Loera y su organización a cambio de millones de dólares en sobornos. Por ejemplo, según los testimonios de varios testigos, en muchos casos, a El Chapo y a sus colaboradores se les advirtió de operativos en curso, lo que permitió al capo sinaloense evitar su captura en múltiples ocasiones.

En otros casos, Guzmán Loera, por medio de sus empleados, pagó a funcionarios mexicanos de todos los niveles, para que éstos “se hicieran de la vista gorda” en relación a actividades de tráfico del líder del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas, armas y dinero en efectivo.

La Fiscalía neoyorquina argumentó, además, que el “lucrativo” negocio del narcotráfico de Guzmán Loera generó miles de millones de dólares en ganancias ilícitas. Asimismo, indicó que el Chapo utilizó varios métodos para lavar dinero, incluido el contrabando de efectivo de Estados Unidos a México.

“Una de las incautaciones más grandes fue de 1.26 millones de dólares en compartimentos ocultos en un camión conducido por el hermano de Guzmán Loera en Douglas, Arizona, en 1989”, indicó el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, que en México difundió la Embajada de EE.UU.

Además del contrabando de efectivo, Guzmán Loera supervisó numerosas compañías fantasmas, entre ellas una empresa de jugos y otra de harina de pescado, para lavar las ganancias del Cártel de Sinaloa, que él lideraba.

TRABAJO DE LA FISCALÍA Y DE LOS ABOGADOS DEL CAPO

“Hace unos minutos un jurado de este distrito declaró culpable a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera de todos los cargos que se le imputaron a nivel federal”, dijo Richard P. Donoghue, Fiscal del Distrito Este de Nueva York, instantes después de conocerse la resolución sobre el capo sinaloense.

“En algunos casos se decidió, determinó que Loera dirigió al Cártel de Sinaloa, el más peligroso del mundo, que es responsable de homicidios y de contrabando de drogas durante décadas que llegaron a la Unión Americana.

Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a fianza, de manera que ya no tendrá escapatoria. Llegó al final”, aseguró el fiscal neoyorquino.

“Esta declaratoria de culpabilidad es una victoria para el pueblo de la Unión Americana que ha sufrido tanto, mientras el ‘Chapo’ Guzmán se hacía millonario. También es un triunfo para el Gobierno de México, un país donde se han perdido tantas vidas por la guerra contra los drogas”, dijo el titular de la Fiscalía del Distrito Este de NY.

“Quiero felicitar a todas la familias que perdieron a un ser querido a causa del narcotráfico. Hay quienes dicen que la guerra contra las drogas no se debe librar, que es una lucha perdida. Se equivocan, el narcotráfico le cuesta mucho a la gente por la enfermedad de la drogadicción de este país. Esta guerra es un esfuerzo noble por salvar la salud de esta nación”, enfatizó Donoghue.

Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también dijo en un comunicado, que “desempeñó un papel integral en asegurar la extradición de Guzmán Loera a los Estados Unidos, en cooperación con autoridades del Gobierno de México, sin el apoyo de las cuales su extradición y proceso judicial no hubieran sido posibles”.

Por su parte, Jeffrey Lichtman, habló en representación de los abogados defensores del Chapo (entre ellos Eduardo Balarezo y William Púrpura), y adelantó que van a apelar el veredicto del jurado.

“Luchamos como el infierno. Luchamos como completos salvajes y lo dejamos todo en el campo de batalla”.

El litigante dijo que nunca había tenido un caso con tal “avalancha” de evidencias y tantos testigos cooperantes. “Hicimos todo lo que pudimos [...] Simplemente no fue suficiente”, añadió.

Durante el juicio, el Gobierno estadounidense presentó a 56 testigos y supuestas pruebas de la culpabilidad del capo sinaloense, incluidas llamadas telefónicas entre el Chapo y sus socios -que fueron interceptadas-, así como conversaciones con Guzmán Loera grabadas a escondidas.

Además de testigos -ex socios, ex amantes, ex empleados, ex enemigos y ex funcionarios públicos-, el Gobierno de EE.UU. presentó durante 3 meses los videos, grabaciones de audio, mensajes de texto y de mensajería instantánea, además de testimonios de expertos e investigadores, como pruebas para incriminar al capo sinaloense.

Contrario a la Fiscalía estadounidense, el equipo de abogados del Chapo solo llamó a un testigo bajo juramento, quien, incluso, no ayudó a la causa del capo sinaloense.

Los defensores afirmaron durante el juicio que su cliente fue víctima de una traición de Ismael Zambada García, alias el Mayo, su ex socio, en colusión con funcionarios mexicanos corruptos, y de una conspiración entre los gobiernos de EE.UU. y México para encubrir corrupción.

Al presentar sus argumentos finales, Lichtman atacó la credibilidad de los testigos cooperantes del Gobierno estadounidenses, sobre los cuales afirmó que "han mentido toda su vida", al asegurar a los miembros del jurado que fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos durante los tres meses del juicio.

El litigante dijo al jurado, además, que el Gobierno de EE.UU. y la Fiscalía esperaba que ellos olviden la "deshonestidad" de los testigos cooperantes -de los cuales 14 eran cooperantes del Gobierno y 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico, la que aguardan en prisiones estadounidenses-, al momento de decidir sobre los diez cargos contra Guzmán Loera.

Argumentó que la fiscal de origen argentino, Andrea Goldbarg, habló durante seis horas, en la presentación de los argumentos finales del Gobierno estadounidense, "pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad" de los testigos. "Presumen que [los declarantes] dijeron la verdad", dijo Lichtman.

El litigante reiteró que el Mayo, identificado por testigos como ex socio de Guzmán Loera en el Cártel de Sinaloa, es quien estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente, pero que éste nunca ha sido arrestado, "y a ustedes les toca averiguar por qué", apuntó.

Lichtman también hizo la presentación inicial de argumentos del juicio en noviembre pasado y generó gran polémica cuando afirmó que el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, habían sido sobornados por el Cártel de Sinaloa.

A pesar de que este tema le fue prohibido por el juez Cogan para decir en sus argumentos finales, Lichtman los tocó los mismos, diciendo que no fue el Chapo, sino el Mayo, quien supuestamente sobornó a los ex mandatarios mexicanos.

Los testigos más relevantes en el juicio contra el Chapo fueron: Jesús Zambada García “El Rey”, hermano del “Mayo”, quien fungió como sublíder del Cártel de Sinaloa desde 1987 hasta su arresto, en 2008.

Además de Miguel Ángel Martínez Martínez “El Tololoche” y/o “El Gordo”, el supuesto piloto del “Chapo” durante 12 años -entre 1986 y 1998-, a cargo de contactar a los cárteles colombianos que le suministraban la droga, recibir los cargamentos y enviarlos a EU.

También Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, capo colombiano, uno de los ex líderes del Cártel del Norte del Valle y quien suministró droga al Cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996.

Otro fue Germán “Barbas” Rosero, abogado colombiano, quien afirmó que “bajar” dólares en efectivo, producto de la venta de drogas desde México a Colombia, es otro de los “negocios multimillonarios” de las organizaciones del narcotráfico.

Además de Tirso Martínez Sánchez “El Futbolista”, “El Mecánico” y/o “El Ingeniero”, quien fungía como distribuidor de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Juárez en la Unión Americana.

Otros de los testigos más relevantes fueron los hermanos Cifuentes Villa. Jorge Milton, un notorio mafioso colombiano, quien aseguró que vivió y trabajó con Guzmán Loera en las montañas de Sinaloa entre 2007 y 2009, y que entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto durante los últimos meses de 2012, a través de un contacto identificado como “La Comadre María”.

Y su hermano Alexander, quien reveló que el Cártel de los Beltrán Leyva pagó al entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, para intentar acabar con el Cártel de Sinaloa, y que confirmó que “El Chapo” daba hasta 10 millones de dólares en sobornos a militares para que lanzaran ofensivas contra el grupo rival.

También fue testigo Pedro Flores, considerado por las autoridades federales estadounidenses como el narcotraficante más importante de Chicago, Illinois, y quien junto con su hermano Margarito, se convirtió en la década de 2000, en el más importante distribuidor de cocaína para el Cártel de Sinaloa en dicha ciudad estadounidense.

Otro testimonio fue el de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo del “Mayo” y “compadre” de Guzmán Loera. Y el de Lucero Guadalupe Sánchez López, la ex diputada local sinaloense, quien contó sobre las cartas de amor que Joaquín Archivaldo hacía para ella, en las cuales también le daba instrucciones para comprar y vender drogas.

Además de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, quien aseguró que fueron los hijos del Chapo quienes mataron al periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas porque éste insistió en publicar una entrevista con él, en la que criticaba abiertamente a los Chapitos.

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