"El impuesto de guerra que hace dejar su tierra a algunos migrantes"

Christian tiene 20 años y es estilista. En San Pedro Sula, la ciudad industrial de Honduras, no le iba mal, pero llegó el conflicto entre las pandillas... y el impuesto de guerra.

Es el "tributo" que los empresarios deben pagar tanto a la MS-13 (Mara Salvatrucha) y a la Pandilla 18 si quieren seguir trabajando y conservar sus vidas. Es una de las principales fuentes de ingresos económicos de los grupos criminales en ese país.

"La verdad es que yo tenía una barbería y a mí me querían cobrar renta, quiere decir que un impuesto de guerra , sí y yo a ellos les entregaba dinero porque la barbería donde yo trabajaba... Ellos miraban que yo agarraba bastante dinero", relató Christian, quien viene entre los grupos dispersos que ha regado el éxodo centroamericano por gran parte del territorio mexicano.

Problemas de salud y una amenaza de aborto agobian a migrantes al llegar a Sinaloa

Los cobros fueron subiendo hasta que llegaron a las 3 mil lempiras quincenales (unos 2 mil 500 pesos mexicanos). Para su pequeño negocio, esta cantidad llegó a representar más del 50 por ciento de sus ganancias netas.

A tal grado, que ya no le alcanzaba ni para apoyar a su familia.

Tiene tres hermanas y un hermano más grandes, que también han migrado para buscar una vida sin más tranquila y con oportunidades.

"Entonces yo ya no quería dar dinero de mi trabajo...", afirmó el joven con su rostro cansado.

Ahora su propósito es establecerse en la frontera y sacar a su mamá de esa ciudad.

Migrantes atendidos en Sinaloa son menos que los que entraron al País: CNDH

Christian es uno de los cerca de 9 mil hondureños y centroamericanos que se han sumado a la Caravana Migrante desde principios de octubre.

Después de atravesar Guatemala y la frontera sur de México, recorrer los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit, hizo una escala en el puerto de Mazatlán luego de que un "carnal" le dio un aventón desde Guadalajara.

Cuando se le acabó el raite, fue dejado en algún punto cercano al centro que consideró peligroso. Unos policías que se apiadaron de él lo llevaron al albergue de la parroquia San Francisco de Asís. Ahí descansó un poco antes de continuar su camino hacia los Estados Unidos.

La historia de Christian suena como un eco entre los migrantes. Se repiten una y otra vez las experiencias que hablan del crimen y de la falta de empleo.

Esto es lo que sucedió con Oslin Flores, también de 20 años. Él no tenía un negocio, pero por la inseguridad las empresas que podían emplearlo han cerrado. Se dedicaba a las ventas.

"No, allá no hay empleos y luego para emplearlo a uno le piden cinco años de experiencia, carta de no antecedentes judiciales y cuanta cosa... Yo era vendedor de medicinas, pero la violencia que hay en el país..."

Extorsión: la base de control territorial

Siguiendo con los testimonios, las extorsiones eran generalizadas a todas las empresas y a las compañías de transporte, incluso a las tienditas de barrio.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) arrojan que en Honduras operan cerca de 18 mil miembros activos de los grupos criminales conocidos como MS 13 y Pandilla 18. Pero según el diario La Prensa de ese país, la Policía Nacional registra 25 mil entre ambas. Tan solo en el sector de transporte, se estima que la extorsión al transporte público les genera ganancias de 2.5 millones de dólares al año en la capital Tegucigalpa, donde además han cerrado otros negocios.

Para la agencia de investigación Insight Crime, el control territorial mediante la extorsión es la base de las empresas criminales, incluyendo a la MS13 y a la Pandilla 18.

Mientras tanto, el desplazamiento de la población hondureña continúa creciendo.