"Ellos son quienes combaten la corrupción en Sinaloa"

El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción ya se instaló, faltando solo el nombramiento de la persona que se encargará de la Secretaría Ejecutiva, puesto que hecho para el tema administrativo y político entre cada una de las partes que integran el llamado Comité Coordinador del Sistema.

¿Pero para qué sirve un Comité Coordinador?, ¿quién llevará las riendas de ese Comité?, ¿qué pasará ahora con los temas de corrupción en el Estado?

El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción debe servir, en esencia, para combatir y prevenir casos en los que funcionarios y particulares usen recursos del Estado para beneficios particulares.

Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción va por pasos importantes

Es, de hecho, un logro ciudadano que se impulsó por organizaciones nacionales y locales, activistas y medios de comunicación.

Para llevarse a cabo, se promovieron reformas legislativas que fueron proponiéndose y aprobándose, algunas de forma lenta, en los estados y la Federación.

Con esas reformas se han creado y reconocido nuevos tipos de sanciones administrativas y penales en contra de funcionarios y, además, en contra de particulares que participen en actos de corrupción.

Para poder organizar todo ese entramado legal, se decidió hacer un sistema nacional y en las 32 entidades del País, con una condición: los ciudadanos deben estar a la cabeza.

Arranca a ‘ciegas’ Sistema Anticorrupción en Sinaloa

En el caso de Sinaloa, ya se tiene un sistema casi por completarse, pues falta la figura de Secretario o Secretaria Técnica.

Sin embargo, el resto de los integrantes ya fueron designados y el viernes pasado, por ordenamiento legal, se instaló el llamado Comité Coordinador.

Quienes lo integran son las siguientes personas e instituciones:

Francisco Manuel Mojica López, Presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Francisco Manuel Mojica López

Su participación en el Sistema es clave: es quien preside el Comité de Coordinación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos que debatirán y tomarán decisiones en pos de una lucha anticorrupción.

Quien presida el Comité de Participación también presidirá el Comité Coordinación, por lo que dentro de sus facultades está el de elaborar proyectos de trabajo para todo el Sistema Estatal y Municipal.

También está facultado para hacer propuestas en el seno del Comité Coordinador sobre temas relacionados con las facultades de los demás órganos y dependencias.

Por ejemplo, el Presidente puede solicitar informes, versiones públicas de auditorías, sentencias y carpetas de investigación, así como solicitudes de información para la resolución de conflictos.

Pero no es todo, también puede promover investigaciones y sanciones a los miembros del Comité Coordinador.

El Comité de Participación Ciudadana es quien tiene el peso más grande, debido a que es el enlace de la ciudadanía ante organismos y entidades públicas.

María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia del Gobierno de Sinaloa

María Guadalupe Yan Rubio

La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas es el enlace de Gobierno del Estado en el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Es la Contralora al interior del Poder Ejecutivo, con facultades para fiscalizar y promover sanciones administrativas a funcionarios, así como para solicitar a otros órganos de Gobierno del Estado la posible promoción de sanciones penales.

Sobre la Secretaría de Transparencia también recae el peso de controlar que las dependencias del Ejecutivo cumplan con los requerimientos jurídicos de apertura de información, obedeciendo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa sobre que toda información generada debe ser documentada y transparentada.

Ese puesto puede ser removido por el gobernador en turno, quien deberá reponerlo de forma inmediata.

Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción

Reyna Angulo Valenzuela

Entre las reformas propuestas, también se determinó otorgar autonomía plena al órgano de procuración de justicia, en este caso, la Procuraduría General de Justicia en el Estado pasó a convertirse en la Fiscalía General del Estado.

En su Ley Orgánica se incluyó la creación de distintos organismos, entre ellos el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que lo ocupa Reyna Angulo Valenzuela.

Su rol dentro del Sistema es el de trabajar todas aquellas denuncias que sean interpuestas por los órganos de control de cada municipio, el Gobierno del Estado y la Auditoría Superior del Estado.

Además, puede abrir carpetas de investigación sobre posibles actos de corrupción si se elaboran desde ciudadanos y el Comité de Participación Ciudadana.

La labor de la Fiscalía Especializada es la de investigar y llevar los casos ante el Supremo Tribunal de Justicia, para defender los bienes públicos.

En sus labores puede recurrir a distintas figuras legales, como la extinción de dominio, la congelación de cuentas, procedimientos abreviados y suspensiones condicionales con el fin de recuperar los bienes que fueron perjudicados.

La Fiscalía, como cualquier otro organismo y dependencia, puede acusar también a particulares.

Emma Guadalupe Félix Rivera

El papel de la Auditoría Superior del Estado es el de la fiscalización de los recursos y procesos de Gobierno del Estado y los municipios para la compra, contratación, arrendamiento y utilización de bienes del Estado.

Debe rendir informes públicos por cada una de las auditorías que realice, las cuales pueden ser a solicitud por denuncias interpuestas por particulares, funcionarios y dependencias.

Además, la Auditoría debe rendir informes anuales de la revisión a las cuentas públicas de Gobierno del Estado y los municipios, en los que puede contener pliegos de observaciones y promoción de denuncias de hecho.

La Auditoría Superior del Estado tiene la facultad de interponer denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, para que el órgano Anticorrupción realice investigaciones.

Sólo en el último año, por ejemplo, ha interpuesto 13 denuncias, de las cuales dos ya fueron llevadas a tribunales.

Ana Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia

Ana Karyna Gutiérrez Arellano

El Poder Judicial participa en el Sistema Estatal Anticorrupción con una de sus magistradas: Ana Karyna Gutiérrez Arellano.

Ella estará a cargo de hacer las revisiones en una segunda instancia judicial, es decir, cada vez que se realice un proceso penal, cualquiera de las dos partes puede impugnar las decisiones de los jueces.

Esa impugnación debe ser revisada por una segunda instancia, en este caso, la Magistrada Ana Karyna Gutiérrez Arellano está encargada de la sala que hará esas revisiones.

Héctor Samuel Torres Ulloa, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

Héctor Samuel Torres Ulloa

Además de asuntos penales, en el Sistema Anticorrupción también se tienen asuntos de orden administrativos, los cuales deben recaer ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que preside Héctor Samuel Torres Ulloa.

En ese órgano deben llegar todas las promociones de denuncias administrativas de los municipios, Gobierno del Estado y la Auditoría Superior del Estado.

Antes del Sistema Anticorrupción, todos esos organismos y dependencias podían emitir las sanciones administrativas de forma directa y el Tribunal, antes llamado de lo Contencioso Administrativo, servía para hacer revisiones de esas medidas.

Sin embargo, ahora será diferente: las denuncias de orden administrativo se deberán llevar ante el Tribunal, para que ahí se decida si hay culpa o no en los señalamientos y acusaciones, así como de emitir sentencias.

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

Rosa del Carmen Lizárraga Félix

En el Sistema Anticorrupción, el papel de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es elemental: es el órgano que se encarga de vigilar que los procesos se realicen con transparencia hacia los ciudadanos.

Por ejemplo, la CEAIP debe estar atenta a que Gobierno del Estado haga pública la información de compras, arrendamientos, licitaciones y demás acciones que se realicen con recursos públicos.

Si Gobierno del Estado no cumple, la CEAIP puede hacer observaciones y aplicar sanciones por incumplimiento.

De hecho, ese organismo tiene que revisar de forma permanente que las páginas de internet de cada ayuntamiento, de Gobierno del Estado, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como de todos los organismos públicos tengan actualizada y disponible la información sobre las acciones que hayan realizado.

También es quien revisa que se cumpla con la entrega de la información requerida por ciudadanos a través de la plataforma local y nacional de Transparencia.