La palabra corrupción ha sido socorrida y sonada en los últimos años en nuestro país. Los diversos escándalos publicados en medios de comunicación empapando al presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores a lo largo y ancho de México, incluyendo investigaciones, denuncias y procesos penales, obligaron al gobierno y a los legisladores a diseñar un sistema para combatir este mal.
La sociedad presionó para la construcción de este esquema donde los ciudadanos fueran una parte activa y relevante en la vigilancia y diseño de estrategias para frenar a los corruptos.
Sinaloa llega un poco tarde a sumarse a estas metas. Apenas hace unas semanas se lanzó la convocatoria para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Un nombre largo, con también amplias atribuciones de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrupción estatal, incluyendo todo un entramado para diseñar y proponer políticas en la mejora de fiscalización y control de los recursos públicos.
Los participantes podrán promover la denuncia de la población ante hechos ilegales de los funcionarios y podrán recibir aquellos señalamientos cuyo destino sea la Auditoría Superior del Estado.
Podrán proponer al Comité Coordinador recomendaciones aunque estas no sean vinculantes. Ese comité establece los mecanismos de coordinación entre los miembros del sistema, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
Son cinco los ciudadanos que integrarán el Comité de Participación y en cuya conformación deberá prevalecer la equidad de género.
La convocatoria se lanzó hace unas semanas donde diferentes organismos sociales pueden hacer propuestas, y la recepción de las mismas cerró el 25 de mayo.
Los miembros del comité deben ser profesionales con 10 años de experiencia en la materia, contar con título de nivel licenciatura y 35 años de edad al día de la designación.
No pueden participar aquí quienes hayan sido registrados como candidatos ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos cuatro años.
Tampoco deben desempeñar cargo de dirección nacional, estatal o local, no haber sido miembro adherente o afiliado, en ese mismo periodo.
No ser secretario y subsecretario de estado o de alguna dependencia nacional ni fiscal, ni gobernador, ni magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al menos que se haya separado de su cargo al menos un año antes al día de la elección.
La evaluación de los aspirantes no tiene un lapso de tiempo definido, debido a que dependerá del número de interesados, y se realizará en tres etapas, la revisión de documentos, las entrevistas públicas y la designación.
De acuerdo con el Comité de Selección, 24 personas se inscribieron para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.
Esas personas son las siguientes:
David Cristóbal Álvarez Bernal
Arturo Álvarez Buelna
Gonzalo Armienta Hernández
Sergio Avendaño Coronel
Beatriz Ivonne Bueno Araujo
Francisco Camacho Bucio
Henri Collard de la Rocha
María Yolanda Franco González
Lizbeth García Montoya
Enrique Hubbard Urrea
Juan Carlos Leyva López
Rosa María Lizárraga Durán
Tania Dulcinea López del Río
Guillermo Francisco Márquez Bernal
Francisco Manuel Mojica López
José Luis Olmeda Chávez
José Antonio Pérez Cruz
Martha Beatriz Ross Díaz
Norma Alicia Sánchez Castillo
Víctor Manuel Sandoval Samaniego
Gerardo Eloy Soto Ruiz
Jesús Eligio Tirado Ramos
Luis Roberto Torres López
Luis Alfredo Vega Osuna
La Comisión de Selección deberá revisar los documentos de cada uno de los aspirantes para seleccionar a quienes pasarán a una segunda etapa.
¿Qué podrán hacer los observadores anticorrupción?
- Podrán acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema Estatal.
- Pueden proponer proyectos en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
- Así también sugerir mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Opinarán o propondrán indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional.
- Promoverán la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.
- Buscarán facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social que existan, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.
- Podrán solicitar exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.
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25º 
