"EU dice tener voluminosa evidencia contra García Luna"

El fiscal estadounidense Richard P. Donoghue solicitó de manera formal a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que el caso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, tenga la “Designación de Caso Complejo”, así como posponer 60 días la audiencia programada para el día de mañana martes 21 de enero, a las 08:45 horas (tiempo de la Ciudad de México).

En un comunicado entregado al juez Brian M. Cogan, el fiscal informó que poseen evidencia "voluminosa", como son, "entre otros, registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, [...] de incautación, [...] obtenida a través de solicitudes a países extranjeros de conformidad con los Tratados de Asistencia Legal Mutua y [...] recuperada de dispositivos electrónicos incautados".

"El Gobierno espera producir evidencia voluminosa sobre la conducta del acusado, que abarca casi dos décadas", acotó el Fiscal del Distrito Este de NY, en la misiva enviada al juez el pasado viernes 17 de enero, en la que señaló, también, que en la audiencia de mañana martes, las partes "pondrán al corriente" a Cogan respecto a "la elegibilidad del acusado para que le sea asignado un defensor en términos de la Ley de Justicia Criminal".

García Luna es defendido por el despacho Quinn Emanuel, despacho jurídico que, sin embargo, no se ha acreditado ante la Corte neoyorquina donde reside el caso contra el ex funcionario federal mexicano, ya que que debido a que las cuentas de banco del ex secretario de Seguridad Pública fueron bloqueadas en México, el acusado no cuenta con fondos para encarar su defensa de forma privada.

El 17 de enero, la defensa de García pidió a Cogan, sesenta días de plazo entre la audiencia de este martes y la siguiente, con el fin de reunir las pruebas suficientes para sus argumentos, según se indicó en un documento expedido por el Departamento de Justicia de estadounidense.

El ex funcionario federal mexicano podría declararse culpable de cualquiera de los cuatro delitos que se le acusa: tres por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y uno por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018.

De declarase culpable, García Luna podría reducir su sentencia a cambio de dar información privilegiada sobre los cárteles de la droga y revelar nombres de funcionarios involucrados tanto en México como en EE.UU., de lo contrario, podría pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, ya que enfrenta una sentencia obligatoria mínima de diez años de prisión y máxima de cadena perpetua.

El pasado 6 de enero se supo que el ex secretario de Seguridad Pública de México -quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés)-, estaría negociando con fiscales de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, evitar un juicio al declararse culpable y cooperar con la justicia estadounidense.

“Los documentos judiciales presentados hoy en el caso de Genaro García Luna, el ex policía principal de México acusado de tomar millones del cartel de drogas de Sinaloa, confirman que está involucrado en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn.”, indicó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, en su cuenta de la red social Twitter.

“La orden de detención recién presentada significa que permanecerá en la cárcel mientras continúa su caso, pero deja la posibilidad de “reabrir y presentar un paquete de fianza en el futuro”. Su próxima audiencia en la corte será el 21 de enero ante el juez Cogan en Brooklyn”, afirmó Keegan Hamilton, de Vice News, en otro tuit.

De esta forma el ex funcionario federal mexicano podría recibir una sentencia menor a la mínima si es declarado culpable, anticiparon los periodistas de ambas medios que dan cobertura al caso. El ex secretario de Seguridad Pública enfrenta una sentencia mínima de 10 años, y máxima de cadena perpetua.

García Luna y Estados Unidos están “involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio, y solicitan una exclusión de tiempo [un retraso] para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio”, indica un documento, que es público, y en el que aparecen las firmas, tanto de García Luna, como de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se realizaría el juicio en caso de proceder.

Si el ex secretario de Seguridad Pública mexicano aceptar colaborar con la Fiscalía estadounidense, implcaría delatar a funcionarios relacionados con y/o beneficiados por los cárteles del narcotráfico. Así evitaría un juicio y su cooperación se tomaría en cuenta cuando sea sentenciado.

El pasado 3 de enero -mismo día en que fue trasladado a NY-, García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, después de 15 minutos de audiencia, misma que comenzó 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), ante la juez Peggy Kuo, en la sala 8-C de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Contrario a lo que se creía, no fue Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín Arhivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el magistrado que leyó los cargos a García Luna, de 51 años de edad, acusado de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones.

García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, la jueza designada por la Corte neoyorquina, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.

El ex funcionario mexicano no fue representado por su abogado Juan Pablo Murillo, quien inicialmente tomó el caso y en su lugar estuvo presente el abogado designado por el tribunal, César de Castro. García Luna estuvo asistido por una traductora, esposado, vestido con una sudadera gris y pantalones color caqui.

En la audiencia recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole “valor” ante el proceso abierto en su contra. Lucía un aspecto pálido y un poco desaliñado, según dijeron testigos presentes en la Sala 8-D de la Corte neoyorquina.

No obstante, los fiscales federales asistentes Micheal Robotti, Ryan Harris y Erin Reid, calificaron los cargos como "serios", debido a que se presume que García Luna recibió por lo menos 6 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, entre 2001 y 2012, a cambio de proporcionarles protección y facilitar el trasiego de drogas.

Los fiscales pidieron mantener en prisión a García Luna, sin derecho a fianza, debido a su “gran fortuna personal”, su viaje a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Además, indicaron que e ex funcionario federal presenta un “riesgo inaceptable de fuga”.

“¿Entiende de qué es acusado?”, preguntó Peggy Kuo. “Sí”, respondió el ex funcionario federal mexicano. Después, cuando la juez le cuestionó cómo se declaraba, García Luna contestó: “No culpable”.

LES NIEGAN AMPAROS CONTRA CUENTAS CONGELADAS A HERMANA Y SOCIOS DE GARCÍA LUNA

El 17 de enero, un juez federal negó la suspensión provisional a personas y empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública contra el congelamiento de cuentas bancarias e inversiones llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Francisco Gorka Migoni Goslinga, juez décimo de Distrito en Materia Administrativa, descartó levantar la medida cautelar en el fallo respecto de los amparos promovidos por Esperanza García Luna, hermana del ex funcionario federal, así como por el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto y representantes de su firma ICIT Private Security México, a quienes la UIF congeló las cuentas bancarias desde diciembre pasado.

Jonathan y Mauricio Weinberg, padre e hijo son dueños de varias empresas inmobiliarias, y de ICIT. El primero es propietario de una residencia y un departamento de lujo en Miami, Florida, que fueron rentados por García Luna cuando dejó su cargo en el Gobierno Federal en 2012.

La empresa ICIT, propiedad de la familia Weinsberg, fue beneficiada con contratos durante la gestión del ex funcionario federal, ya que además dan servicios relacionados con programas de cómputo para espionaje, también recibieron contratos relacionados con la venta de equipo y tecnología empleada por los elementos de la Policía Federal (PF).

Cuando el ex funcionario federal mexicano se mudó a Florida, "había amasado a una fortuna personal de millones de dólares", según el Departamento de Justicia estadounidense. En Miami fundó la compañía GL and Associates Consulting, consultora que ofrecía servicios de perfiles de seguridad y análisis a clientes en EE.UU. y México, por lo que García Luna viajaba constantemente entre ambos países.

El ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, vivió en Miami entre 2012 y 2018, primero en una residencia en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares; y luego en un lujoso penthouse en el norte de dicha ciudad estadounidense.

Por otra parte, durante el juicio contra el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", en Nueva York, el testigo Jesús Zambada García, "El Rey", hermano menor del actual líder del Cártel de Sinaloa, alias "El Mayo", aseguró que García Luna recibió al menos 56 millones de dólares en sobornos de dicho grupo delictivo.

Según declaró "El Rey", él entregó personalmente fajos de dólares en maletines durante dos encuentros que tuvieron lugar en un restaurante de la Ciudad de México entre 2005 y 2007. Fue un encargo de su hermano "El Mayo" para facilitar el transporte de droga hacia Estados Unidos y “actuar con impunidad”.

Según el testimonio de ‘El Rey’, García Luna también tenía “un compromiso en firme” con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que terminó operando de forma independiente. El testigo aseguró que para proteger a esa célula del cártel le dieron al entonces funcionario federal 50 millones de dólares, soborno que habría sido entregado por Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’; y José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio".

A finales de 2012, ya en prisión, Valdez Villarreal acusó a García Luna, a través de una carta, de recibir dinero por parte del crimen organizado.