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"FAS pide a los tres poderes ponerse de acuerdo para concretar centro de justicia en Guasave"

"Efraín Ibarra Espinoza, vicepresidente de la FAS, reconoce que pareciera que cada quien anda jalando por su parte y que no hay una cohesión en el tema"

GUASAVE.- La Federación de Abogados de Sinaloa pidió a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ponerse de acuerdo para concretar la creación del distrito judicial Norte 2 y con ello el centro de justicia penal que dé servicio a los municipios de Guasave y Sinaloa.

Efraín Ibarra Espinoza, vicepresidente de la FAS, reconoció que todas las partes han mostrado interés y que incluso en las gestiones también participan activamente las autoridades municipales, colegios de abogados y organismos de la sociedad civil, pero hace falta una mayor cohesión.

“Sabemos que los sectores, las organizaciones civiles, los propios diputados y el Gobernador traen en la agenda pública el tema, esperemos que en los próximos días se pongan de acuerdo los diputados con el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, con el presidente del Poder Judicial y el fiscal para que se establezcan cuáles son los tiempos que se requieren para el inicio de la vigencia del decreto que en todo caso se habrá de emitir para la reforma”, indicó.

Y es que para poder avanzar es necesario que se reforme el decreto 177 y se cree el distrito judicial Norte 2, aunque se ha planteado que solo se ocupa un acuerdo general del Poder Judicial, pero por esa vía únicamente se movería la sede que está en Angostura.

“Jurídicamente así pudiera ser, el Poder Judicial pudiera traerse la sede de Angostura a Guasave, porque están dentro del mismo circuito judicial ya creado por el Congreso, pero ¿a dónde lo van a traer?, ¿cuáles son las instalaciones?, entonces, si de todas formas al crear ese decreto van a tener que ocupar instalaciones aquí, pues que se cree otro circuito”, aseveró.

Ibarra Espinoza subrayó que lo que frena este proyecto es el tema presupuestal, pero por ello es que proponen que se haga la reforma en el Congreso al decreto 177 y que se pueda poner de vigencia para entrar en vigor una fecha adecuada que permita establecer las instalaciones que se requieren para ello, pudiendo ser en 2020 o incluso hasta 2021.

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