"Fuego sobre la prensa: la historia en los estados"

MÉXICO. _ Botas militares. Rostros cubiertos. Una explosión: ¡bum! “¡Ora sí se los va llevar la chingada a todos..!” Ráfagas de metralla. Otra explosión: ¡bum! Silencio…

Nuevo Laredo, Tamaulipas, lunes 6 de febrero de 2006. Ha ocurrido el primer ataque armado a un medio de comunicación en México y hasta ahora el único en una redacción. En la edición del día siguiente del diario El Mañana, uno de los más importante de la región, están los detalles: la información de su propio atentado que fue nota principal y tema de su editorial titulado “Guerra ajena a la sociedad”. El periódico, roto por dentro, había logrado enviar a imprenta sus últimas páginas a las 3:32 de la mañana para dar cuenta a sus lectores de lo que había ocurrido la noche anterior en sus instalaciones, ubicadas en la calle de Perú, entre Juárez y Morelos.

El periodista Víctor Núñez hace la crónica del día. En “Dos granadas para El Mañana” describe el momento en que los agresores irrumpen por la puerta principal del inmueble, sólo custodiada por un guardia de seguridad. En la redacción, recuerda, había una calma de día festivo por el Día de la Constitución. Como la celebración había caído en domingo, el asueto saltó hacia el lunes. Por eso había poca gente en la redacción, acaso unas 40 personas de los departamentos indispensables para cumplir con la edición del día: Redacción, Fotografía y Diseño. A partir de las 9 de la noche llegarán los trabajadores de talleres.

El contenido del periódico para ese día está resuelto: la nota principal sería el caso de dos delincuentes que el periódico había identificado como ex policías. Después el seguimiento a la información sobre una lista con los nombres de reporteros, columnistas y medios que recibían dinero de la Alcaldía, la cual había sido dada a conocer por el diario el fin de semana. Seguirían el caso del desalojo violento en la Colonia Blanca Navidad, donde se habían asentado 800 familias que no tenían a dónde ir. Ese día, además, la Secretaría de la Defensa Nacional había asignado a la seguridad del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al General Audomaro Martí- nez y su contrincante panista Felipe Calderón negaba gasto millonario en su campaña de publicidad. Había buen ánimo porque todos volverían a casa temprano.

El reloj estaba a punto de llegar al cuarto para las ocho, cuando se escuchó estallar la primera granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales. La gente corre, se tira al suelo. La explosión levanta polvo y miedo. Derrumba vidrios y esperanzas de salir con vida. Los que pueden cruzan las miradas, mientras dos hombres armados disparan metralla y amenaza: “¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!”. Otra explosión. A Núñez le recuerda el sonido de las construcciones que echan abajo. Siguen los disparos. El tiempo está detenido. Los hombres se van.

En el piso están todos. Nadie sabe quién con vida, quién herido. Una voz de auxilio los levanta. Es Jaime Orozco Tey, reportero de guardia, quien se encontraba en la entrada de la redacción al momento del ataque, junto con otro compañero. Tuvo a mal caminar hacia la primera explosión y las esquirlas se incrustraron en su cara, luego su cuerpo recibió cinco balas: cuatro en la espalda que le destrozaron la columna y le perforaron un pulmón, y una más en el hombro. Los disparos dañaron su médula ósea y tuvieron que extirparle 30 centímetros de intestino. Después de cuatro meses salió del hospital en silla de ruedas.

Esa noche el periódico recibió 82 llamadas de medios nacionales e internacionales para pedir información.

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Antes que la policía y la ambulancia, a las instalaciones del diario llegó su presidenta, Ninfa Deándar, quien alentó a sus periodistas: “¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo!”. Unos se fueron. Otros se quedaron. Barrieron vidrios, desalojaron polvo y sacaron adelante el diario donde estaba todavía fresca la sangre de un compañero.

Ninfa es hija del fundador del diario, Heriberto Deándar Amador, quien en 1932 lanzó el primer nú- mero de un periódico que ahora tiene ediciones en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros: tres ciudades sometidas por el narcotráfico y atrapadas en la disputa de plazas entre cárteles.

“Aquí parece que los narcos tienen acorraladas a las autoridades. Estamos secuestrados y por eso hemos tenido que recurrir a la autocensura”, dijo en su momento uno de los periodistas de El Mañana, el diario que más agresiones contra sus periodistas sumó entre 1999 y 2006: 10 casos, de acuerdo con un recuento de la Unión de Periodistas Democráticos de ese estado. Su peor episodio fue el asesinato, el 19 de marzo de 2004, de su director editorial Roberto Mora García, atacado a puñaladas al llegar a su casa. Ese año, cinco periodistas fueron asesinado en todo Tamaulipas.

Después del crimen de Mora, el director del diario, Ramón Cantú Deándar, manifestó abiertamiente su rechazo a seguir publicando información relacionada con narcotráfico y crimen organizado. “No tiene sentido investigar respecto del narcotráfico, ese es un problema internacional que ni las autoridades pueden resolver ni el gobierno de Estados Unidos, y no hay voluntad para arreglar las cosas. Nosotros no nos vamos a estar exponiendo”, declaró entonces y cumplió. El Mañana ha omitido de sus páginas enfrentamientos y casos relevantes que involucran al crimen organizado. El 1 de abril de 2010, a plena luz del día, un convoy de camionetas no identificadas embistió la fachada de la Zona Militar en Reynosa y abrió fuego.

Hubo un intenso enfrentamiento del cual dio cuenta el Ejército en un comunicado. La prensa nacional informó del hecho, pero los diarios locales no. La nota principal de El Mañana fue la falta de interés de los ciudadanos en recoger su credencial de elector para los comicios.

No es el único ejemplo. El 6 de noviembre de 2006, luego de un enfrentamiento que se prolongó durante ocho horas y en el que murió el narcotraficante Ezequiel Antonio Cárdenas Guillen, conocido como Tony Tormenta, El Mañana consignó en 10 líneas la muerte del capo en un “cruento combate”, pero no apuntó que se trataba de uno de los líderes más importantes del Cártel del Golfo. Otros dos diarios, Primera Hora y El Sol de Tampico, también reportaron el hecho, en el que perdió la vida el periodista del Expreso, Carlos Alberto Guajardo. El resto de los 45 diarios de Tamaulipas guardaron silencio.

La decisión de autocensura que en 2004 tomó El Mañana, tanto en sus edición de Nuevo Laredo como en Reynosa y Matamoros, no pudo salvarlo del atentado del 6 de febrero de 2006, ni a sus periodistas de las agresiones que vinieron después, principalmente en Reynosa.

De esa ciudad “desaparecieron”, en marzo de 2010, Miguel Ángel Dominguez y Pedro Argüello. El primero colaboraba en El Mañana y el segundo en La Tarde, también propiedad de la editora Argos que pertenece a la familia Deándar. Ellos fueron dos de los ocho reporteros que presuntamente fueron secuestrados en esa ciudad entre 18 de febrero y el 3 de marzo de 2010, de acurdo con la información que en su momento publicó el diario estadunidense Dallas Morning News: dos de ellos trabajaban para Milenio y fueron liberados; uno más, Jorge Rábago, apareció en mal estado de salud y murió en el hospital (aunque las autoridades aseguraron que falleció por causa natural), y cinco seguían desaparecidos, entre ellos Domínguez y Argüelles, otro de un diario en línea llamado MetroNoticias, uno más del periódico La Prensa y otro no identificado. Lo cierto es que, a excepción de Domínguez, cuya desaparición denunciaron sus familiares ante la Procuraduría del Estado, nadie pudo comprobar la suerte del resto. Heriberto Deándar Martínez, entonces editor de El Mañana en Reynosa, resumió así la situación que atravesaban: “El periódico ha tenido que luchar contra el corporativismo, los sindicatos, el gobierno... El narcotráfico es otra vuelta de tuerca. Se ha creado un Estado dentro del Estado”.

Una de las organizaciones más importantes en el mundo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), describió en su informe de 2010 lo que ocurría en Reynosa, “la Ciudad Cártel”, como la llamó: “En Reynosa, el Cártel del Golfo controla al gobierno, la policía e incluso a los vendedores ambulantes. Pero eso no se lee en la prensa local: el cártel también controla los medios de comunicación”.

Ese control por miedo y conveniencia de periodistas que cobran del narco se extiende prácticamente a todo Tamaulipas. Pero en algunas ciudades comenzó antes que en otras. Primero fue Nuevo Laredo, donde el 7 de febrero de 2006 se leyó en el editorial del diario: “Desde el asesinato de Roberto Mora (2004) vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas. Esto nos llevó a tomar medidas como autocensurarnos con temas delicados donde veíamos riesgo, cubrir exclusivamente los hechos, no mencionar nombres de algunos cárteles; haciendo malabares con la información para tratar de sobrevivir esta guerra ajena al periódico y a la sociedad de Nuevo Laredo”.

Al día siguiente del atentado, muchos de los trabajadores del diario no llegaron, 28 renunciaron en los días siguientes, a los fotógrafos les repartieron chalecos antibalas y la sede del periódico reforzó su seguridad con cámaras de video y un muro de contención. La denuncia fue presentada y hasta la fecha no ha habido un detenido.

Dos días después del atentado contra El Mañana, el entonces Presidente Vicente Fox anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (hoy Fiscalía Espacial para al Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión).

Con su sexenio comenzó la escalada de violencia contra perioditas y medios que empeoró en los siguientes años: durante el gobierno panista de Felipe Calderón y ahora con el priista Enrique Peña Nieto.

Sólo entre 2009 y 2016 ya suman 2 mil 258 ataques contra periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con las cifras de la organización civil Artículo 19. Esos números incluyen los 50 atentados contra medios de comunicación, los 107 periodistas asesinados y los 25 desaparecidos, más las agresiones contra reporteros, fotógrafos, editores, directivos y hasta repartidores.

Sólo en lo va de este año ya son siete los periodistaas asesinados y uno desparecido. Las más recientes víctimas son Javier Valdez, periodista del semanario Riodoce de Sinaloa, muerto a balazos cerca de su redacción, el pasado 15 de mayo, y Salvador Adame, desparecido en Nueva Italia, Michoacán, el 18 de mayo.

Impunidad, la garantía

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, Mé- xico es el país de América más peligroso para ejercer el periodismo.

Por la violencia que prevalece contra medios y periodistas, México es una luz parpadeante de alerta en América Latina, por encima de Colombia. La CIDH y la ONU han advertido, a través de sus relatorías para la libertad de expresión, de las consecuencias que acarrean los ataques contra la prensa. La peor: el silencio.

Desde 2010, luego de una visita oficial a México de dos semanas, los entonces relatores para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH, Frak La Rue y Catalina Botero, respectivamente, advirtieron en su informe preliminar sobre los efectos de los ataques a la prensa.

“Hay zonas en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a intimidación y autocensura. Por esta razón, resulta extremadamente difícil que en dichas zonas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto riesgo en que se colocarían. Esta situación afecta a toda la sociedad mexicana que desconoce lo que sucede en dichos lugares, y disminuye la capacidad de acción de las autoridades e incluso de la sociedad, las cuales se ven privadas de información esencial para contrarrestar fenómenos delictivos como la corrupción o el crimen organizado”.

Los relatores no pasaron por alto la desconfianza de periodistas y medios hacia autoridades locales ni el clima de impunidad “generalizado” que persiste en torno de los ataques contra la prensa, aún respecto de los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros.

A pesar de las recomendaciones de la CIDH y la ONU, y del compromiso del Gobierno federal por acelerar mecanismos de protección para la prensa, la impunidad persiste: en casi 99 por ciento de los casos no hay responsables y de 700 casos que han llegado a la FEADLE sólo tres recibieron sentencia.

El norte, bajo amenaza

Durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el Presidente Calderón, el norte concentró la violencia contra periodistas: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Sinaloa formaban la mayor parte del mapa de violencia contra medios en el País.

Hace años que la prensa en esos estados tuvo que tomar medidas para su seguridad. Noroeste, El Debate y Riodoce en Sinaloa; El Siglo de Torreón y Vanguardia en Coahuila; El Diario de Juárez, en Chihuahua; el Diario Imagen, en Zacatecas. Todos fueron blanco de ataques armados y amenazas y, en los casos más graves, de asesinatos de sus periodistas.

En El Diario de Juárez fueron asesinados dos de sus periodistas -un reportero y un fotógrafo-, en menos de dos años: Armando Rodríguez en 2008 y Luis Carlos Santiago en 2010. Al cabo de este último asesinato, el periódico lanzó aquel editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?”, en el que cuestionó a los grupos del crimen organizado: “... queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.

En Coahuila, los ataques se concentraron en El Siglo de Torreón, que recibió el primer ataque armado a sus instalaciones un 18 de agosto de 2009. En la escena hubo sombras que pasada la media noche estallaron armas de grueso calibre contra la fachada del inmueble casi vacío por la hora. Nadie herido. Huída asegurada. Vidrios rotos y paredes rasguñadas: sólo daños matariales y miedo.

“Estos ataques sucedieron, según mi hipótesis, cuando algún grupo criminal quería calentar la plaza, llamar la atención, atraer los reflectores porque estaban en disputa con algún otro grupo o querían atribuir la agresión al rival. Es una forma de decir aquí estamos”, dijo en su momento Javier Garza, entonces director de El Siglo de Torreón.

En La Laguna además ocurrió uno de los acontecimientos inéditos en la historia periodística de este País. En julio de 2010, cuatro periodistas -dos reporteros y dos camarógrafos- fueron secuestrados en Gómez Palacio y su vida puesta a negociació n, con el propósito de que dos empresas televisoras transmitieran en sus canales locales, primero, y luego en los nacionales, unos videos entregados por las bandas criminales. Los periodistas lograron su liberación, pero el episodio dejó huella profunda.

Las cosas empeoraron para la prensa de la La Laguna con el asesinato de Eliseo Barrón, reportero de Milenio La Opinión.

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Sinaloa es el punto de origen de la geografía que domina el Cártel del Pacífico y es el tronco de la genealogía más conocida del narcotráfico en el País: Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, los hermanos Arellano Félix, los Beltrán Leyva. Aquí al menos siete periodistas han sido asesinados -Javier Valdez el último- y tres medios han enfrentado los embates de la delincuencia: el semanario Riodoce, y los periódicos El Debate y Noroeste.

La madrugada del 2 de julio de 2011, en Mazatlán, frente a las instalaciones de El Debate y el Noroeste aparecieron dos decapitados. A las puertas del primero quedó el cuerpo de un hombre de 31 años y en la entrada del segundo arrojaron a un joven de 16 años. Hacía años que estos diarios recibían amenazas. Al menos desde 2008, cuando escaló la violencia en el País como consecuencia de la ofensiva del Gobierno federal contra el crimen organizado y de la disputa de territorio entre los cárteles.

El Debate sumó dos ataques graves contra su sede. El primero ocurrió la medianoche del 17 de noviembre de 2008, cuando dos hombres lanzaron sendas granadas contra la caseta de vigilancia de su edificio. No hubo heridos. Sólo vidrios rotos, daños en la reja y un boquete en el asfalto. El 3 octubre de 2010 reportaron la segunda agresión, esta vez desde un auto en marcha y con armas de alto calibre. Un año antes, en febrero, la casa de su director en Guasave, Moisés García Castro, había sido baleada. Este diario además ha perdido a un fotógrafo y un reportero: al primero, de nombre Gregorio Rodríguez, lo acribillaron en Escuinapa el 11 de julio de 2006, y desde el 24 de junio de 2008 no sabe nada de su reportero José Carlos Campos Ezquerra.

Para el Noroeste las cosas no fueron mejor. El 1 de septiembre de 2010, un comandó disparó contra sus instalaciones y dejó dos mantas en el lugar firmadas por “La familia dolida”. El diario ya había recibido amenazas para obligarlo a publicar información del cártel de La Línea, pero los directivos se negaron a ceder. Incluso, más adelante, publicaron una declaración de principios editoriales en la que advirtieron al crimen organizado: “No publicamos el lenguaje de las mafias ni transcribimos textos de sus mensajes”.

Los rafagazos fueron el episodio más escandaloso, pero no el único. En abril de 2014, en Culiacán, el director del Noroeste, Adrián López, fue herido de bala en sus piernas cuando iba a trasladarse del aeropuerto local a su casa.

Nadie puede pasar por alto el esfuerzo del Noroeste a no ceder ante el silencio impuesto, como ocurrió con diarios de otras entidades. Ellos encuentran la explicación en la historia misma de la entidad y de su propio medio, que nació combativo y con aspiración democrática, de la mano de sus fundadores. Uno de ellos Manuel J. Clouthier, candidato a la Presidencia en 1988 y muerto en un accidente en carretera.

Así han enfrentado los medios de los estados la violencia de la última década en el País. Son apenas unos ejemplos de una historia que falta por contarse.