"Gobierno reconoce $102 millones de deuda con STASE"

"El Secretario de Administración y Finanzas Carlos Ortega Carricarte explicó que la administración actual está retrasada con 20 millones de pesos, mientras que los 82 millones restantes corresponden a la administración pasada"

El Gobierno del Estado reconoció la deuda de 102 millones de pesos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. De esta cantidad, 20 millones corresponden a la administración de Quirino Ordaz Coppel y 82 millones radican del año 2016 del gobierno de Mario López Valdez.

La deuda de Ordaz Coppel con el STASE es de los meses de agosto y septiembre, detalló en entrevista con Noroeste el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte.

“En la actual administración sí tenemos una deuda de los últimos dos meses de aproximadamente 20 millones (de pesos) pero que se está liquidando, se va a liquidar en estos meses”, dijo.

“Ahorita propiamente es por el mismo tema de flujo y ahorita ya nos estamos poniendo al corriente es entre que llegan los recursos y se pagan a los trabajadores, normalmente es lo que a veces se tiene este desfase que se está dando”, agregó.

La deuda que sostiene el Gobierno del Estado con el STASE provocó un paro de labores por parte de los trabajadores sindicalizados en todas las instituciones de gobierno, sin embargo el Ejecutivo respondió que pueden trabajar en un programa de pago para saldar la deuda de 82 millones de pesos para antes que concluya la administración.

El monto de deuda corresponde al Fideicomiso Para Vivienda, la Junta de Administración de Fondos Especiales y el Fideicomiso de Fligostase.

Es inconstitucional herencia de plazas

Otro de los motivos de manifestación de los trabajadores afiliados al STASE fue la asignación de 100 plazas que quedaron vacantes por la jubilación o deceso de trabajadores.

Según un acuerdo que radica desde hace aproximadamente una década, los hijos y familiares de los sindicalizados tienen preferencia para ocupar dichas plazas, según explicaron trabajadores que se manifestaron.

Pero esta acción no es legal, según la modificación que se ha realizado a las leyes y distintos acuerdos, explicó Carlos Ortega Carricarte.

“Es inconstitucional con los cambios que se han dado y obviamente priorizando que hay trabajadores que tienen 15 o 20 años esperando que se les dé una plaza de base y cumplen con el perfil, ellos mismos, el Sindicato nos ha solicitado tener a estos trabajadores entonces pues darle prioridad a estos trabajadores que cumplen el perfil”, dijo.

“Ochenta son las que están solicitando que sean ocupadas ahorita por los hijos de trabajadores, no han hecho la propuesta para las otras plazas pero normalmente en los dos últimos años hacia atrás piden que se ocupen prácticamente todas las plazas de trabajadores”, comentó.

El Gobierno del Estado ofrece que el otorgamiento de plazas sea de manera equitativa y acorde al perfil que están buscando, abundó Ortega Carricarte.

“Normalmente el perfil de la plaza que se requiere muchas de ellas son muy técnicas a veces están sobrecalificados o a veces están subcalificados”, explicó.

“Cuando están sobrecalificados a veces se requieren jardineros, se requieren carpinteros que ahorita tenemos un déficit importante y a veces lo que están llegando son licenciados o son técnicos y no pueden hacer esas labores entonces llegan y piden el cambio de área de adscripción y se quedan ya en plaza para cubrir esas necesidades”, detalló.

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