Luego de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, y el informe de seguridad que ofrecieron autoridades federales y estatales, el Consejo Estatal de Seguridad Pública recalcó que pese a los avances anunciados, aún hay temas que no se han atendido.

Un ejemplo es que durante la conferencia de prensa, difundida a nivel nacional, no se tocó el tema de las desapariciones o la violencia familiar.

“Aunque la incidencia delictiva en Sinaloa se ha reducido en algunos rubros, la inseguridad es todavía un tema que preocupa a la sociedad, a la vez que estamos lejos de la meta de construir instituciones sólidas que garanticen resultados permanentes”, destacó el CESP en su posicionamiento.

Por ello enumeró siete puntos, en los que destaca cómo la violencia familiar es el foco rojo en Sinaloa, pues en 2020 hay un incremento del 9 por ciento con respecto a 2019, sin embargo es que es uno de los delitos con mayor incidencia, incluso muy por encima de otros de alto impacto.

“Existe un grave problema de armamentismo en Sinaloa y su relación con prácticamente todos los delitos. El 75 por ciento de los homicidios dolosos en la entidad se cometen con armas de fuego, al igual que el 46 por ciento de los feminicidios, superior al comportamiento nacional”, señala el quinto punto.

Y en el sexto señala que Sinaloa, con 3 mil 137 casos, está ubicado como el sexto estado con mayor número de personas desaparecidas.

“... y como la entidad con mayor registro de fosas clandestinas, tema que tampoco fue abordado durante la conferencia presidencial”, recalca el CESP.

En su posicionamiento, también señaló que no todos los delitos se concentran en Culiacán, Ahome y Mazatlán, sino que hay otros como Guasave, Angostura y Salvador Alvarado que tienen las tasas más altas por cada 100 mil habitantes del delito de violencia familiar.

Otro punto que destacó el CESP es que aunque Sinaloa tiene más cadetes egresados del Instituto Estatal de Ciencias Penales, tanto agentes de la policías, del Ministerio Público y Peritos no son contratados por falta de presupuesto.

“Es importante para todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia ser responsables en la evaluación sobre su desempeño”, agrega el CESP en el documento.

“Damos datos objetivos y concretos porque sólo así podremos trabajar en el necesario fortalecimiento de las instituciones involucradas en la seguridad y la justicia, desde las responsables de la prevención hasta las encargadas de sancionar el delito y garantizar la readaptación de los infractores”.