"Infiltración de delincuencia organizada en la vida pública, principal amenaza contra libertad de expresión"

La infiltración de la delincuencia organizada en la vida pública es la amenaza más directa contra la libertad de expresión en México, sobre todo a nivel de los estados y municipios, donde han aumentado las “zonas silenciadas” y la intromisión de grupos del crimen en los medios de comunicación, advirtieron los relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas.

Luego de una visita oficial del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 en la que recorrieron cinco estados, entre ellos Sinaloa, y se entrevistaron con 250 periodistas, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones civiles de 21 entidades, los Relatores Especiales presentaron este martes un informe conjunto durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

“Además del uso de la violencia en todas sus formas, actores delictivos y autoridades públicas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones delictivas o perjudique a sus opositores”, señala el documento, que entre muchos otros puntos recomienda evitar los ataques a periodistas en Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz y fortalecer los mecanismos de protección de la federación y los estados.

En las “zonas silenciadas”, continúa la relatoría, “los periodistas no solo se ven limitados en cuanto a lo que pueden publicar, sino además obligados a difundir mensajes de dichas organizaciones delictivas”.

Los relatores consideran que aunque la violencia es generalizada, los ataques se dirigen con frecuencia a los periodistas en función de su rol de dar a conocer la situación de conflicto, inseguridad, corrupción y criminalidad que atraviesa el país. Esto, concluyen, parece tener como finalidad minar las raíces de la democracia en México

“ Se trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel local, estatal y nacional”, precisaron.

Reclaman investigación independiente en caso Pegasus

Al citar los datos reunidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el informe señala que el panorama es “catastrófico”: desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 periodistas han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato.

A esto sumaron las acciones comprobadas de espionaje que el gobierno mexicano realizó con el software Pegasus contra periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, abogados, entre otros, por lo que los organismos internacionales solicitaron una investigación independiente para fincar responsabilidades.

De igual forma, los Relatores Especiales apoyan la orden impartida por el INAI el 31 de enero de 2018 a la Procuraduría General de la República (PGR) de dar a conocer públicamente los contratos vinculados con la adquisición del programa espía Pegasus.

La misión fue encabezada por el Relator Especial, Edison Lanza. Se realizó de manera conjunta con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye. Esta visita dio seguimiento a la realizada en 2010 por los antecesores Frank La Rue y Catalina Botero.

Consulta el informe completo en la siguiente liga: AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN