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Juez da razón a Sedena y revoca una de las 7 suspensiones contra el Aeropuerto de Santa Lucía
El juzgador cambió su postura después de que el 29 de agosto, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional aceptó una solicitud presentada un día antes por la Secretaría de la Defensa Nacional para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del País todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles
Noroeste / Redacción
08/10/2019 | 09:30 AM
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Foto: Noroeste

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, revocó una de siete suspensiones contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, al declarar fundado lo promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el argumento de que dicho proyecto es un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, integrado por tres magistrados de la instancia final en materia de suspensión- revisará todas las resoluciones del juez Guzmán Rosas, quien concentra los más de 140 amparos contra la obra, y ha estado negando suspensiones en otros juicios de garantías del colectivo #Nomasderroches.

El 4 de octubre, el mismo Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, negó al ciudadano José Arturo Hernández Buendía, la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México.

Hernández Buendía había indicado como acto reclamado en su demandada de garantías interpuesta el 29 de agosto -radicada en el expediente 1254/2019-, la omisión de realizar una evaluación de impacto social de la Base Aérea Militar número uno".

Asimismo, el juez Guzmán Rosas reiteró el exhorto a su homólogo Raúl García Camacho, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, para que realice la inspección judicial en la base aérea, como solicitaron los representantes de los pueblos indígenas de Tecámac.

Según el diario Milenio, que informó del hecho, en el juicio de amparo 1248/2019, los quejosos ofrecieron como prueba una inspección judicial con el objetivo de demostrar que las autoridades iniciaron los trabajos de construcción con los daños "inminentes e irreparables" que se podrían ocasionar.

Sin embargo, el juez García Camacho se declaró impedido para realizar dicha inspección, bajo el argumento que "con los sentidos" no puede determinarse el momento en que inició la construcción y si la misma ha ocasionado algún daño "inminente o irreparable".

Juan Carlos Guzmán Rosas había concedido en julio y agosto tres suspensiones definitivas para frenar la construcción del AISL, en la Base Aérea Militar homónima.

Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, habría hecho "nuevas reflexiones y análisis".

El juzgador cambió su postura después de que el 29 de agosto, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República-, aceptó una solicitud presentada un día antes por la Secretaría de la Defensa Nacional para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del País todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.

El 30 de julio, Guzmán Rosas había suspendido las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos. No obstante, en una nueva sentencia dictada el 25 de septiembre señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del País.

"Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional", argumentó Guzmán Rosas al negar otra suspensión en el amparo 1206/2019.

"De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo", estableció el juez.

El diario Reforma, que informó del hecho, señaló que el juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.

"Es improcedente otorgar la suspensión [alegando] el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio", señaló el juez.

El 23 de septiembre, el colectivo #NoMásDerroches indicó que la Sedena solicitó al juez Guzmán Rosas invocar al "interés nacional" para que se revocaran las suspensiones definitivas otorgadas a partir de amparos y se apruebe el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

"Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el [Poder] Ejecutivo [Federal] decidió invocar 'el interés nacional' y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional", indicó el colectivo en un comunicado.

"Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos: Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica. Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del País por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Que pone en riesgo la 'protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República' al impedir la aplicación del Plan DN-III-E", dice el comunicado.

"El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que 'vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional' y el 29 de agosto que 'Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos… para tener a tiempo el nuevo aeropuerto", agregó #NoMásDerroches, que dijo: la solicitud de revocación es la "crónica de una maniobra anunciada".

"¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo?", se cuestionó el colectivo.

"¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?", abundó #NoMásDerroches, para luego argumento que lo único que suspendió el Poder Judicial Federal fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

"Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente", afirmó el colectivo.

#NoMásDerroches aseveró que de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

"Peor todavía, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la 'seguridad nacional' y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos", señaló el colectivo.

"El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales", indicó #NoMásDerroches, que pidió al PJF proteger a los mexicanos en contra de "cualquier abuso por parte de las autoridades".

"Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos", finalizó el comunicado del colectivo.

El 25 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, de ser asesor de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

"La gente me informa y lo que me han dicho es que el ex ministro los está asesorando […] Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro", afirmó López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que son 16 despachos de abogados los que encabezan esta "campaña", además de que aseguró que, aunque no existen documentos firmados por el juzgador en retiro, éste podría estar incurriendo en una falta por participar en litigios. Es importante que en la Ley de Austeridad, dijo, se le niegue a quienes trabajan en el Gobierno, que posteriormente lo hagan en empresas vinculadas con el cargo.

"No hemos podido continuar la obra porque estos señores están abusando del derecho de amparo. Con un poco de luz en la frente, quién puede sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace 50 años, en las instalaciones, en Santa Lucía, que es un área impactada", abundó el Presidente.

"No tiene ningún fundamento, por qué no hicieron lo mismo con el aeropuerto de Texcoco, que querían acabar con el lago Nabor Carrillo, en la zona más baja Del Valle de México […] Entonces no protestaron y ahora tiene toda una campaña en contra de esta obra que es fundamental", agregó el político tabasqueño.

Sin embargo, Cossío Díaz -ministro de la SCJN desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018- respondió a las acusaciones presidenciales en entrevista para Radio Fórmula, al indicar que "yo no estoy asesorando, ni tengo ningún vínculo con quienes han presentado amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía".

"Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente", tuiteó el ex ministro de 58 años de edad.

"¿Ya lo aclaró? Está muy bien, les digo, ya no existe el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] Cisen pero como mi pecho no es bodega, digo lo que pienso, entonces qué bueno no, que no está involucrado", respondió López Obrador, cuando se le informó durante la misma conferencia de prensa que el ministro se deslindó de las acusaciones.

Antes, el 28 de agosto, el Presidente López Obrador informó que un día antes se finiquitaron con las empresas todos los contratos relacionados con el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México.

"Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el Aeropuerto de Texcoco, ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas", señaló el Mandatario nacional al ser cuestionado sobre la opinión del empresario Carlos Slim Helú, quien dijo el 27 de agosto que el futuro dirá si se concreta el proyecto.

"Cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista y cumplimos con el compromiso de no quedar a deber ningún peso a los constructores, ya se terminó con eso, estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

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Antonio
No que no tronabas pistolita
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