"La Diputada Flor Emilia Guerra celebra legislación para que las playas sean de la ciudadanía"

CULIACÁN._ Luego de que el miércoles pasado fueron publicadas en el Periódico Oficial de la Federación reformas a diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, la legisladora local de Morena, Flor Emilia Guerra Mena celebró que no se prive a la ciudadanía de disfrutar estos espacios.

“La permisividad que hubo en este taciturno proceso de privatización paulatina de nuestras playas, donde la terapia del mar se condiciona, donde un espacio se pierde y donde el neoliberalismo se asoma, nos obliga a reflexionar sobre el valor que como humanos nos estamos dando frente al capital”, manifestó la diputada.

Guerra Mena consideró es de suma importancia para Sinaloa la publicación de las reformas, al evitar las tentaciones privatizadoras de los 656 kilómetros de litoral, pues con ellas se prohíbe que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a las mismas sea inhibido, restringido, obstaculizado o condicionado.

“Desde luego nos obliga a revisar toda apropiación indebida de terrenos contiguos al mar y con mayor razón investigar sus operaciones millonarias como esa del llamado Centro Integralmente Planeado en Teacapán”, destacó la morenista.

“El proceso de privatización de las playas mexicanas se profundizó en los últimos 20 años poniendo en riesgo más de 11 mil kilómetros de litoral, en un importante número de casos, con extensas zonas en manos de desarrolladores inmobiliarios, prestadores de servicios turísticos y hasta de políticos como los Toledo Corro en Escuinapa, con marismas, manglares y humedales en terrenos junto al mar con 12 kilómetros de playas, vendidos al Fonatur en 120 millones de dólares, en el sexenio de Calderón”, agregó.

En lo publicado en el POF se ordena que en caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre permitan el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, mediante pasos convenidos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Y se establecen sanciones con multa de entre 3 mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.

Además se precisa que en caso de reincidencia, además de la sanción se revocará la concesión, autorización o permiso de uso de la zona federal marítimo terrestre.

“Las reformas fueron producto de iniciativas presentadas a fines del 2018 en la Cámara de Diputados en las que se documentaron quejas y denuncias en relación a la tendencia privatizadora que estaban teniendo las playas mexicanas”, resaltó la diputada.

De acuerdo con Guerra Mena se presentaron denuncias de agresiones en Akumal, Quintana Roo de parte de sus pobladores a los que se impedía el acceso a las playas. En Jalisco, organizaciones civiles presentaron los casos de 33 de las 36 playas del estado cerradas al público. Se denunciaron cobros de 30 a cien pesos por persona en Ensenada por permitir el acceso a las playas.

También en Bahías de Banderas y San Blas, Nayarit, se señalaron apropiaciones indebidas incluso de calles y avenidas por parte de hoteleros y de concesionarios, lo que también se denunció en Los Cabos, Baja California. En Guaymas y San Carlos en Sonora, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, el acceso a muchas de sus playas tienen la leyenda de advertencia de ser propiedad privada.