"La justicia, por el colapso del tiburonario de Mazatlán, se alarga en tribunales"
La Fiscalía General del Estado y la defensa del ex jefe de Departamento de Concursos de la desaparecida Secretaría Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la administración de Mario López Valdez, consiguieron esta mañana que un juez de control y enjuiciamiento cediera dos meses más de prórroga para realizar sus investigaciones por el colapso del tiburonario.
Por ello, la intermedia para Armando Trujillo Sicairos se realizará hasta el 23 de abril.
Ambas partes argumentaron, en una audiencia pública que sufrió retraso por la llegada del abogado defensor, que todavía tenían entrevistas que realizar para respaldar las acusaciones y defender al acusado.
Defensa de acusados por caso Tiburonario, piden dos meses de prórroga para investigar
Trujillo Sicairos y otros dos ex funcionarios de la SDUOP son acusados de haber avalado con sus firmas tres contratos irregulares a empresas que construyeron etapas del Tiburonario en el Acuario de Mazatlán, entre 2012 y 2016.
Éste es el segundo imputado que ha solicitado prórroga para las investigaciones en esta semana, pues el miércoles también le autorizaron su petición a la defensa de José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento de Contratos.
La construcción del tiburonario inició en 201o, en la administración del Gobernador Jesús Aguilar Padilla, con una inversión de 30 millones de pesos.
Sin embargo, el proyecto se dejó detenido al menos dos años.
En 2013, el ex secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, reveló que lo tuvieron qué reconstruir, ya que los cimientos estaban débiles y se corría el riesgo de que colapsara.
El inmueble fue inaugurado en diciembre de 2016, en las postrimerías de los gobiernos estatal y municipal de Mario López Valdez y Carlos Felton.
El 1 de febrero de 2017, aapenas 37 días después de que inició operaciones, el acrílico del tiburonario se rompió, derramando millones de litros.
En la actualidad el inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado.
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