"Levanta CNTE todos los bloqueos carreteros en Chiapas"

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (UNIV)._ Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron, la tarde de ayer, ocho tramos carreteros bloqueados en diferentes regiones de Chiapas, para demandar el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno federal, en el marco del rechazo a la reforma educativa.
Los maestros iniciaron los cierres carreteros a partir de las 08:00 horas del mismo día, durante las cuales permitieron el tránsito de ambulancias con enfermos y de peregrinos guadalupanos que se movilizan a diferentes centros religiosos.
Dirigentes y maestros se mantenían en asamblea permanente en la sede de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en espera de que el Gobierno estatal resolviera la demanda de diálogo y los posteriores compromisos asumidos.
Por la tarde, los manifestantes despejaron las carreteras ocupadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Tuzantán, Arriaga, Frontera Comalapa, Playas de Catazajá y Villaflores.
El desbloqueo de las vías de comunicación se realizó una vez que el Gobierno estatal recibió a los dirigentes magisteriales, abrió una mesa de diálogo con la Coordinadora y aceptó el compromiso de exponer las demandas magisteriales ante la Mesa única de negociación nacional.
Los mentores protestaron para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados en septiembre pasado para que se levantara el paro magisterial que duró cuatro meses.
En esa fecha se fijaron 11 puntos, entre ellos, la suspensión de la reforma educativa en Chiapas hasta el 2018, la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes magisteriales y de quienes participaron en las movilizaciones y el pago de sueldos y prestaciones.
Y que se haga justicia en el caso de los homicidios de los mentores David Gemayel Ruíz Estudillo, muerto el año pasado durante una protesta; y Roberto Díaz Aguilar, asesinado en noviembre durante un enfrentamiento.
La Coordinadora acusó que la respuesta del Estado a la lucha organizada es la criminalización de la protesta social, la prisión política, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada.
Advirtió que las reformas estructurales laceran más la situación “en que viven millones de mexicanos y acentuarán más la pobreza y la marginación”.