"'No hay igualdad, la justicia sólo es de dientes para fuera': Abogado"
La defensa de la ex funcionaria María Alejandra Gil Álvarez reclamó la aplicación en igualdad de la ley y la justicia para su cliente y que la Fiscalía General de Justicia dejara de acusarla por firmar de manera irregular un contrato por 18 millones de pesos y pagar de manera ilegal poco más de 14 millones de pesos.
Durante la audiencia celebrada en el Centro Regional de Justicia Oral de la zona centro ayer, para analizar la solicitud de sobreseimiento, uno de los abogados defensores de la ex Directora Administrativa de los Servicios de Salud en Sinaloa expuso en media docena de cuartillas sus argumentos por los que su cliente debería dejar de ser acusada.
El abogado, continuó en su explicación, dijo que pedía la aplicación por igual de la justicia, puesto que que Jaime Otáñez García, ex director de Atención Médica, y el ex director general de los Servicios de Salud del estado, el doctor Ernesto Echeverría Aispuro, ya no están acusados.
En el primer caso, recordó, que la Fiscalía dejó de acusar al ex Director de Servicios Médicos, Jaime Otáñez García, desde el pasado 31 de julio y que no había delito que pudiera acusar, y el una semana antes, terminó su acusación contra el doctor Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud de Sinaloa, porque éste solicitó una medida alterna para terminar su caso y pagó 7 millones de pesos para resarcir el daño.
Los agentes del Ministerio Público corrigieron que la acusación contra Otáñez Jaime era porque en un principio pensaron que tenía responsabilidades y facultades para firmar contratos.
Y que en el caso de Echeverría, el haber solicitado una medida alterna para terminar con su acusación y pagar 7 millones de pesos para resarcir el daño, no lo exentaban de haber sido culpable de cometer actos ilícitos.
“El hecho de que se apegó a esa solución alterna, no queire decir que no haya sido culpable, porque ofreció mecanismo para reparar el daño”, dijo el agente del Ministerio Público.
Los agentes recalcaron al juez que no debía aceptar la solicitud de sobreseimiento, porque tenían un caso sólido contra Gil Álvarez y que no son los mismo datos de prueba contra Otáñez García.
El martes, la audiencia intermedia fue pospuesta por el juez hasta el 30 de agosto a las 10:30 horas en el mismo centro.
Ahí, los agentes del Ministerio Público podrán exponer todas las evidencias que tienen contra la ex administradora y su responsabilidad por haber firmado el contrato y pagado parcialmente su costo.
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