"PAS propone cárcel a quienes no respeten turno de vacunación"

CULIACÁN._ Por el descontento social por funcionarios públicos de diferentes partes del país que se aplicaron la vacuna del Covid-19 sin respetar el sistema de fases segmentando establecido por la Secretaría de Salud, Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, presentó una propuesta para sancionar a quienes incurran en este acto, que va de seis meses y llega hasta tres años de cárcel.

El sistema establecido por las autoridades de salud pone en primer lugar al personal sanitario de primera línea, pero ante los hechos la legisladora, en conjunto con Víctor Antonio Corrales Burgueño, proponen reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, para sancionar estas conductas con prisión en el periodo antes mencionado, así como la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo o empleo.

“En el PAS consideramos que debe ser respetado el esquema de vacunación establecido por las autoridades correspondientes; por lo que estimamos que estos casos donde funcionarios públicos se saltan la fila deben evitarse; debemos ser conscientes que estas acciones deben sancionarse”, expuso.

La legisladora señaló que se busca acabar con los abusos, ya que el no respetar el orden de vacunación debe ser un asunto de todos, para poder frenar y detener el influyentismo y los malos hábitos, pues es del conocimiento de todos que resulta antiético e inmoral brincarse los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

“No hay que olvidar que desde que la vacuna del coronavirus llegó a México, las autoridades del país anunciaron que ésta se aplicaría primero al personal de salud que atiende en primera línea la pandemia”, reiteró.

“De ahí en adelante las dosis se administrarían de los grupos de mayor a menor riesgo, sin embargo, hemos observado cómo muchos servidores públicos, valiéndose de su autoridad no han respetado lo establecido por las autoridades de salud, por ello esta iniciativa tiene como principal objetivo sancionar a eso funcionarios que ordenen o permitan aplicar o se apliquen a sí mismos la vacuna contra el Covid-19 a sabiendas de que existe un derecho preferente de sectores de personas”, denostó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que el Estado juega un papel fundamental en la garantía del derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud se encuentra contenido en diversos instrumentos del más alto nivel, por ello indicó que en términos generales, las autoridades tienen un cúmulo de obligaciones al respecto.