"Perdón y olvido para quienes cometieron delitos y hoy buscan empleo, pide PRI a empresarios"

CULIACÁN._ Es discriminatorio negar el derecho al trabajo y a la reinserción social a las personas que cometieron un delito y ya pagaron un castigo o purgaron su condena.

Bajo esta premisa la bancada del PRI en la 63 Legislatura busca colocar un nuevo tema en la agenda pública: eliminar la exigencia de las cartas de no antecedentes penales, como requisito para obtener un empleo.

Los diputados del tricolor presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Al tratarse de un asunto de jurisdicción federal, el proyecto deberá remitirse al Congreso de la Unión.

Elva Margarita Inzunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, advierte que este requisito es violatorio de los derechos humanos.

“La exigencia de la carta de no antecedentes penales puede estar generando prácticas de no respeto de los derechos humanos de las personas que buscan empleo, con mayor razón de aquellos que buscan su reinserción social”, subraya.

La Diputada indica que por principio de cuentas la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que regula las constancias de antecedentes penales, busca regular los medios para lograr la reinserción social de los condenados.

Y lograr que tal reinserción, detalla, sea consistente con los principios rectores del sistema penitenciario, particularmente aquellos referidos al respeto de los derechos humanos.

“Aquí juega un papel relevante el principio de Igualdad, que consiste en que las personas deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales”, argumenta.

Para que este principio sea efectivo, añade, no debe existir ningún tipo de discriminación, como es el caso de los “antecedentes penales” o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y con el fin de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Aquí radica la importancia de que se elimine este requisito obligatorio en la legislación, con el fin de lograr la reinserción social de los condenados por la ley penal, abunda.

Inzunza Valenzuela explica que con esta iniciativa se busca reforzar que las personas que cuenten con antecedentes penales, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no sean rechazadas por los empleadores.

Prohibiciones para patrones

La fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece las prohibiciones a los patrones o a sus representantes.

Entre éstas están las de negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.

Lo que busca el PRI de Sinaloa es que en la redacción de esta fracción se incluya los “antecedentes penales”, para que quede expresamente en la ley que éstas no deben ser ya motivo de discriminación.