PGR, con sus errores, deja a la pandilla priista con procesos de risa
Ex gobernadores y políticos se hicieron ricos a costa del erario, y los que están detenidos, pueden salir con total impunidad
Sinembargo.MX  -  11 Septiembre 2018 | 09:50:00

Ciudad de México (SinEmbargo).- El órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal, la Procuraduría General de la República, tuvo más errores y omisiones que aciertos en este sexenio en casos emblemáticos de corrupción y delincuencia organizada que involucraron a funcionarios públicos del partido del Presidente de la República, el Revolucionario Institucional.

De ese modo, la administración de Enrique Peña Nieto cerrará con una gran deuda: “Combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia”, según prometió cuando inició funciones en 2012.

En los últimos seis años, los errores procesales y la apatía de la PGR han sido cada vez más notorios. Y en la actualidad, casos como el de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Tomás Yárrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Roberto Borge Angulo, no reflejan la estrategia o la coordinación entre órdenes de gobierno que prometió Peña Nieto, hace casi seis años.

Incluso, las investigaciones en contra de estos cinco funcionarios no fueron originadas por el Gobierno federal, sino que partieron de denuncias de los gobiernos locales de oposición y fueron detenidos por autoridades extranjeras (como en los casos de Javier Duarte, Borge y Yárrington).

Toda esta situación “ejemplifica la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país”, dijo a SinEmbargo Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa.

Según Fernández, el problema generalizado de impunidad en México y en materia de investigación de los diferentes crímenes no resueltos, entre ellos los de corrupción, tienen en común la debilidad de la PGR y de todas las procuradurías en el país.

Esta situación no sólo se debe a la falta de autonomía de las procuradurías y de las policías de investigación, sino a problemas estructurales de fondo, como la falta de personal capacitado para investigar de manera adecuada los casos a su cargo; malos salarios y falta de de lineamientos para el desarrollo profesional de los investigadores y peritos; la falta de protección por parte del Estado mexicano para conducir investigaciones de manera correcta y ante amenazas de políticos involucrados o del crimen organizado; la carencia de nociones suficientes para preparar y litigar los casos con base en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, además de problemas en los criterios de selección de personal que no responden al mérito.

“Por supuesto que hay un problema de la politización de la justicia en nuestro país”, explicó Marco Fernández. Pero la función de la PGR como brazo politizado del Ejecutivo federal, dijo, no será resuelto sólo con autonomía y con un cambio de nombre de la PGR –que pasará a ser la Fiscalía General– “porque el problema fundamental tiene que ver con la debilidad del personal que labora en esa institución, que ha sido seleccionada, la mayor parte de ella, con criterios políticos y no con criterios técnicos”.

El conjunto de debilidades mencionadas, es lo que termina provocando un “problema mayúsculo de impunidad” y un “precario” Estado de derecho y de impartición de justicia, advirtió el integrante de México Evalúa. Por eso tenemos, en la actualidad, “una impunidad centralizada” sin importar el tipo de delito, en el que “lamentablemente los delincuentes reciben el mensaje de que la probabilidad de que ellos enfrenten a la justicia, derivado de su violación a la ley, es muy poca”.

Además de la urgencia de garantizar la independencia y la profesionalización de las procuradurías, Fernández destacó que a México le hace falta “consolidar una reforma adecuada a la Fiscalía”, que requiere cambios a los artículos constitucionales 21, 73, 76, 102, 116 y 123. Cambios sin los cuales, será “muy difícil que logremos tener una Fiscalía que realmente funcione y sea garante del Estado de derecho en nuestro país”.

Este lunes, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentó su propuesta de Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República realizada en conjunto con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.

El proyecto fue realizado en más de 15 mesas de diálogo con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En caso de aprobarse, la ley pondría en marcha la autonomía de la Fiscalía General de la República e iniciaría un nuevo proceso para elegir a su titular. Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la Fiscalía contará con un Consejo Técnico Ciudadano, cuyos integrantes tendrán una duración de cinco años; comisiones especiales para casos graves y cuatro causales de remoción del Fiscal.

Las pifias de la PGR

En enero de 2012, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR atrajo una investigación en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas –Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y Eugenio Hernández Flores (2005-2010)– como parte de sus indagatorias luego del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, otrora candidato tricolor al gobierno estatal, ejecutado en junio de 2010.

La SIEDO, además del asesinato, levantó averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, no hubo acción penal en contra de Cavazos (que hasta este año figuró como Senador del PRI).

En el caso de Yarrington, las autoridades mexicanas determinaron que el ex mandatario recibió 8.5 millones de pesos para financiar su campaña política rumbo a la gubernatura de 1998.

Dinero que fue vinculado a los cárteles del Golfo y de Juárez a cambio de protección policial. Para 2012, el ex Gobernador contaba con una orden de aprehensión federal, por narcotráfico y presuntos delitos contra la salud.

Yarrington permaneció profugo hasta entonces. Y poco más de un año después, el ex Gobernador de Tamaulipas también era investigado por el Gobierno de Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Además, la Interpol contaba con una ficha roja para su detención. No obstante, sería detenido hasta abril de 2017, tiempo en que pesaban sobre él tres órdenes de captura de la PGR por haber lavado 12.7 millones de pesos, además de la adquisición ilegal de inmuebles en México y Estados Unidos, por un monto de 405 mil dólares.

Al momento de su detención en la ciudad de Florencia, en Italia, la PGR comunicó que se había logrado “gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal, así como de las autoridades del gobierno de Italia”, tras la emisión de la ficha roja emitida, luego de la orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas (y no del Gobierno federal).

Yarrington fue extraditado a Estados Unidos en abril de este año, donde ya se ha ordenado que le sean decomisados 132 millones de dólares, una aeronave y varias propiedades. Sobre él pesan 11 cargos, entre ellos crimen organizado, importación de drogas y declaraciones falsas a los bancos estadunidenses. El ex Gobernador se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan.

Por su parte, el ex Gobernador Eugenio Hernández permanece preso en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria desde octubre de 2017, cuando fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia Estatal, acusado de los cargos de peculado y lavado de dinero.

Pese a que era investigado desde 2012 por la SEIDO y desde 2015 por el Gobierno estadounidense, no fue hasta el cambio de administración, con la alternancia en 2016 del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el Gobierno local abrió los procesos en su contra.

El también ex coordinador de la zona sureste de la campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, es acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas de comprar un terreno de 1 mil 600 hectáreas por 16 millones de pesos en el Puerto Industrial de Altamira, a través de un prestanombres (Alberto Berlanga Bolado) y una empresa fantasma (GMC S.A de C.V). Dicho terreno, que era propiedad del estado, tenía un precio real de 1 mil 054 millones de pesos. En la fecha de su detención, el valor del terreno ascendió a mil 584 millones.

En la actualidad, Hernández mantiene una lucha legal para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde una corte del estado de Texas lo acusa de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y fraude bancario, así como realizar movimientos financieros sin autorización legal. Al igual que Yarrington, Hernández ha sido asociado por las autoridades estadounidenses con el crimen organizado (Los Zetas) y le ha confiscado bienes inmuebles.

 

Los Duartes

El caso del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), comparte cierto paralelismo con la reciente liberación de Elba Esther Gordillo.

Al igual que sucedió con la ex líder sindical del sector educativo mexicano, las primeras acusaciones por lavado de dinero y desvío de recursos sufrieron un revés a inicios de 2018, ya que los fiscales obtuvieron información sin una autorización judicial previa. Además, en agosto de este año, la PGR anunció que “por falta de pruebas” cambiaría la acusación en su contra por delincuencia organizada, a asociación delictuosa.

La reconfiguración del delito implicaría una condena más corta. Mientras que la pena por el primer ilícito era de 20 a 40 años de prisión, la del segundo fue de 5 a 10 años. Como la nueva imputación no está tipificada en la ley como un delito grave, existe la posibilidad de que Duarte cumpla su condena en libertad condicional.

Pese a que el ex político priista (fue expulsado del PRI en 2016) fue denunciado en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos e incumplimiento del deber legal, fue hasta octubre de 2016 que un Juez de Distrito en la Ciudad de México liberó la orden de aprehensión en su contra “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, como refirió la PGR en un comunicado de prensa.

Ese mismo año, el entonces candidato a Gobernador por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Linares, interpuso una denuncia contra Duarte. Con la presión en escalada por las acusaciones y denuncias en su contra, en octubre de 2016, Duarte pidió licencia y se dio a la fuga hasta ser capturado en Guatemala, el 15 de abril de 2017.

A pesar de que el Gobierno federal se ufanó con la detención del ex Gobernador de Veracruz, el arresto fue posible después de que las autoridades mexicanas solicitaran una ficha roja a la Interpol, y después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitara su aprehensión al Ministerio Público de Guatemala. Para esto y a pesar de que meses antes ya se había localizado a Duarte, el Gobierno mexicano no hizo la solicitud, vía la Cancillería mexicana, hasta el mismo día de la aprehensión.

Lo anterior refiere que, pese a que las autoridades mexicanas solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y a pesar de que el Gobierno federal realizó un operativo para la captura de Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil guatemalteca -por conducto de su división de policía internacional: la Interpol en Guatemala-, la detención no pudo realizarse antes ya que la PGR, a través de la SRE, no había solicitado la detención provisional con fines de extradición del ex mandatario veracruzano.

En el caso del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), la PGR determinó este año no ejercer acción penal en su contra, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación bancaria y fiscal.

Las acusaciones en contra del ex mandatario derivaron de una denuncia penal presentada en 2016, por parte de la Auditoría Superior de Chihuahua en contra de Duarte y 42 ex funcionarios públicos, todos ellos implicados en el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del erario público estatal.

Ese mismo año, el Gobernador electo Javier Corral Jurado anunció que su administración realizaría investigaciones en contra de Duarte y su equipo de trabajo. Sin embargo, fue hasta el 27 de marzo de 2017 que tres funcionarios públicos de la administración de Duarte fueron detenidos.

En los próximos dos días, Corral Jurado anunció que ya había una orden de aprehensión en contra de Duarte –que había escapado a El Paso, Texas– y que se había girado una tarjeta roja para su detención, a través de la Interpol.

Hasta la fecha, en la Fiscalía de Chihuahua perviven 15 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte por peculado agravado, por un quebranto de 1.2 mil millones de pesos a las arcas estatales, además del presunto desvío de 250 millones de pesos para supuestamente financiar las campañas del PRI en 2016 (que implica procesos penales en contra de 39 personas, 15 de ellas detenidas hasta el momento).

El ex secretario de PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, es el detenido con mayor peso por los hechos y la Fiscalía de Chihuahua busca juzgarlo ante la desconfianza que tiene hacia la PGR. Abiertamente el Gobernador Corral mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Peña Nieto, a quien acusa de pretender dejar en la impunidad el caso contra César Duarte.

Hoy, por ejemplo, se dio a conocer que un juez federal dio un amparo para que Gutiérrez Gutiérrez, detenido en diciembre de 2017, pudiera llevar en libertad su proceso legal, hecho que fue impugnado por las autoridades del estado norteño.

 

Borge en Quintana Roo

El priista y ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (2011-2016), fue denunciado en 2016 por la organización civil Somos tus Ojos, por la adquisición irregular de 44 predios del Gobierno estatal. Un mes después, en septiembre, el Congreso local solicitó una auditoría al Ejecutivo estatal por el mal uso de al menos 51.2 millones de dólares del erario público.

Fue hasta junio del año pasado, bajo la administración del abanderado perredista Carlos Manuel Joaquín González, que la Fiscalía estatal giró una orden de aprehensión en contra de Borge y 14 de sus allegados por el presunto delito de lavado de dinero. Hasta entonces, el Gobierno federal no atrajo el caso.

Por su parte, el PRI, suspendió sus derechos en el partido, mismos que no le regresaría hasta que no se resolvieran las investigaciones en su contra. Sin embargo, no llegó a expulsarlo como sí sucedió con los ex mandatarios Tomás Yarrington Ruvalcaba y posteriormente con Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, fue hasta junio de 2017 que Borge Angulo fue detenido en Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a tomar un vuelo a París. Para enero de este año, el ex Gobernador fue extraditado a México.

En la actualidad, la federación lo acusa sólo de lavado de dinero, mientras que la Fiscalía de Quintana Roo lo señala de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.